Padres de familia, 40 a 50 años: el perfil de los CDR acusados de terrorismo

Para el independentismo, la comandancia de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia, en Barcelona, es un escenario maldito. El pasado lunes, la operación policial contra los nueve miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) que habían creado presuntamente un nuevo grupo terrorista, los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), motivó un llamamiento en redes sociales. Casi un millar de personas protestaron frente a lo que consideran símbolo de la represión, con presencia de políticos de Junts per Catalunya, ERC y, por supuesto, la CUP. En un momento dado, los ánimos se caldearon y los cánticos subieron de tono: “Pim pam pum, que no en quedi ni un!”. La violencia fue solo retórica, porque la concentración se disolvió sin incidentes. Este episodio muestra cómo una parte del independentismo —cuyos líderes políticos y sociales han hecho del pacifismo su divisa más valiosa— justifica ya, aunque sea en lo dialéctico, el uso de la fuerza.

Para la Guardia Civil, los CDR son objeto de investigación desde su creación —nacieron para proteger los centros de votación en el referéndum de 2017— hasta su evolución como palanca de presión en el camino hacia la República Catalana. En 2018, la Guardia Civil remitió al Tribunal Supremo, para su inclusión en la causa del procés, el primer gran informe policial sobre los CDR. En 138 páginas, los agentes destacaban la capacidad de organización y movilización de estos grupos, pero el documento no incluía la palabra violencia.

¿Qué ha pasado para que siete de sus integrantes hayan ingresado ahora en prisión acusados de terrorismo? Los expertos policiales coinciden en que los CDR son heterogéneos: hay más de 250 grupos de barrios, pueblos o comarcas en Cataluña, además de en otros lugares de España y en el extranjero, a los que hay que sumar 13 territoriales y una “coordinadora nacional”. Hace un año, coincidiendo con el primer aniversario del 1-O y a las puertas del juicio del procés, la policía aseguraba en un informe que algunos de sus miembros podrían desarrollar “cierto grado de violencia” en las protestas. El pasado febrero, el Ministerio del Interior citaba en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo a los “extremismos identitarios excluyentes”. Lo consideraba un fenómeno “preocupante” que estaba “dando origen a dinámicas violentas y filoterroristas entre sectores minoritarios de nuestra sociedad”.

Para entonces, la Guardia Civil ya escuchaba, con autorización judicial, las conversaciones telefónicas de los nueve detenidos el pasado lunes en la Operación Judas. Esas conversaciones explican, en parte, qué llevó a dar presuntamente el paso hacia la violencia.

El grupo ahora desarticulado surgió en la primavera de 2018, cuando se conoció el procesamiento por rebelión de los líderes del procés por el Tribunal Supremo y en repuesta a lo que consideraba pasividad de los CDR. “En sus conversaciones, no dudaban en criticar a todos los partidos catalanes independentistas pero, sobre todo, precisamente a los CDR. Los acusaban de no actuar”, destaca una fuente policial. La investigación apunta que habían llegado a la convicción de que para alcanzar la república había que promover acciones más contundentes. “Meter ruido”, como confesó uno de ellos ante la Guardia Civil, aunque sin causar víctimas.

La decepción por la independencia frustrada, la división de los partidos soberanistas y la escasa incidencia de las movilizaciones de la ANC y Òmnium había creado el caldo de cultivo ideal. También las declaraciones de algunos políticos, como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien hace un año animaba a los CDR a “apretar”. La mecha la acabó de encender la próxima sentencia contra los 12 líderes del procés, que todos auguran condenatoria.

Los investigadores creen que los ataques y sabotajes planeados por el grupo —contra un cuartel de la Guardia Civil, comisarías de Mossos y la Policía Nacional o torres de telefonía— iban a producirse precisamente en esas fechas. Los nueve detenidos no son “chavales que en un momento dado pueden quemar un contenedor o provocar altercados”, sino hombres (y una mujer) maduros. En sus casas, los agentes encontraron material que puede usarse para fabricar explosivos. La mayoría está entre los 40 y los 50 años y son padres de familia. Algunos de ellos se encuentran en el paro o en proceso de separación. Todos, salvo uno, pertenecen a la comarca industrial del Vallès, con epicentro en Sabadell. De esta localidad, con fuerte implantación de la izquierda independentista, salió precisamente el embrión de lo que serían los CDR.

Dos de los detenidos, David Budria (en libertad e imputado) y Eduard Garzón (en prisión) ya pusieron en práctica la idea de ir “más allá” de la movilización tradicional en febrero. Junto a otras personas, intentaron sin éxito impedir que los líderes del procés salieran de la cárcel de Lledoners rumbo a Madrid para afrontar el juicio en el Supremo.

Budria es la pareja de Clara, la única mujer detenida, que también quedó en libertad. “No sabemos de qué se nos acusa. No tenemos nada que ver con el terrorismo”, dice la mujer, madre de una hija adolescente. La defensa de Budria asegura que, en el registro de Sabadell, la Guardia Civil solo ha encontrado material pirotécnico para las fiestas locales.

Grabado en la cantera

“Creo que es de un CDR, pero de uno normal. Aquí venía de vez en cuando; no sé lo que metería en el parking”, explica Salvador, padre de Jordi Ros, al que los investigadores consideran uno de los cabecillas de los ERT. Preocupado por el futuro de su hijo, dice Salvador que en casa evitan hablar de política porque Jordi “se pone nervioso”. La Guardia Civil grabó a su hijo mientras hacía pruebas con explosivos en una cantera.

El activismo social es otro común denominador de los detenidos. También cierta trayectoria política que ha ido escorándose al compás del procés. Txevi Buigas, guarda forestal de 48 años, fue elegido concejal en Folgueroles —en la Cataluña profundamente independentista— por Esquerra Republicana en 2011. Desde hacía tres meses vivía en la masía que fue registrada y que la Guardia Civil sospecha que podía servir como base de operaciones del grupo. El alcalde de Sant Vicenç de Torelló, Eric Sibina, cree que todo es un montaje porque Txevi es también activista medioambiental.

El entorno de Xavier Duch —electricista, casado y con dos hijos— también sale en su defensa. “Los que te conocemos bien sabemos cómo eres y qué te mueve (...) estamos contigo”, se lee en la web de Abacat, una asociación de jugadores de un tipo de billar, junto a una foto de Duch. Este había mantenido conversaciones con otros activistas y políticos locales pidiendo más acción: “Mira los chalecos amarillos, eso es lo que tendríamos que hacer”. Para la Guardia Civil, él es el otro presunto cabecilla de los ERT.

Por último, los investigadores destacan el papel de Germinal Tomás Aubeso, un técnico de mantenimiento de Santa Coloma de Gramanet de 39 años. Aficionado a los juegos de guerra y a vestir de militar, las pesquisas le señalan como el ideador del nombre de Equipos de Respuesta Táctica para el grupo de miembros de los CDR que dieron un paso más.

Con información de Alfonso Congostrina e Ivana Vallespín.