Francisco Camps, un camino con final en el banquillo

La lluvia, que había caído tolerable y mansa toda la mañana, arreció coincidiendo con su salida de la Audiencia Nacional. El pasado 1 de febrero, a mediodía, Francisco Camps, que acababa de declarar ante el juez José de la Mata por el caso Gürtel, ofreció a los medios en Madrid una versión extendida de su particular teoría sobre sus problemas judiciales, que los periodistas valencianos ya habían escuchado media docena de veces, concretamente cada vez que una decisión de un magistrado estrechaba el cerco sobre él.

El expresidente de la Generalitat y del PP valenciano entre 2003 y 2011 -los años locos anteriores a la gran crisis- dijo que su situación obedecía a “una creación” conjunta de la izquierda y los medios del grupo Prisa –empresa editora de EL PAÍS– que, según él, habían creado “un relato” sobre él “que ya no podían romper”. “Es necesario para seguir haciendo posible que yo no vuelva a la política y que mi partido siga arrastrando una imagen de corrupción que no se corresponde”, dijo entonces. El agua, que él aguantaba estoico a las puertas del tribunal mientras los periodistas contaban los segundos para ponerse a cubierto, reforzaba la imagen martirizada que Camps ha cultivado en los últimos años. La de un hombre honrado, un buen tipo, sometido a una persecución injusta.

Aquella declaración ante el juez tenía que ver con la pieza Fitur, uno de los múltiples flecos del caso Gürtel, y por el que el político valenciano será juzgado en una fecha aún por determinar. Camps deberá responder sobre la adjudicación a dedo a la mercantil Orange Market del stand de la Generalitat Valenciana en la feria de turismo Fitur en 2009. Esa sociedad, comandada por Álvaro Pérez, El Bigotes, -al que llamaba “amiguito del alma” en las conversaciones grabadas por la Policía en la nochebuena de 2008- era la filial valenciana de las empresas de organización de eventos del jefe de la trama, Francisco Correa.

Hasta ahora, Camps ha salido airoso de la trama de corrupción destapada en febrero de 2009 por el juez Baltasar Garzón, continuada por Pablo Ruz, y que una década después sigue coleando en el Juzgado Central de Instrucción 5, dirigido por José de la Mata. En enero de 2012 un jurado le absolvió por cinco votos contra cuatro de la primera pieza derivada del macrosumario, el llamado caso de los trajes. Y todo seguiría igual si el resto de implicados valencianos en la investigación no hubieran decidido delatarle para aligerar las condenas que preveían inevitables en otras causas. Además de la pieza de Fitur, Camps está imputado por las irregularidades en los contratos para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. En julio, la Audiencia Provincial archivó -por prescripción- otro frente judicial que tenía abierto: el de la prevaricación por la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia.

Pasados diez años, la lealtad eterna jurada entre Pérez y Camps en aquella célebre conversación navideña se ha convertido en ceniza. Con El Bigotes en prisión tras la sentencia de la pieza central de Gürtel, Camps ha trazado un cortafuegos con él. Sin embargo, el principal peligro para él, y el que finalmente le ha llevado a juicio en la pieza de Gürtel-Fitur, han sido las declaraciones explosivas del exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.

En enero de 2018, en el juicio del llamado caso Gürtel-Valencia, otra de las tramas del sumario, Costa, tras un pacto con la Fiscalía para lograr una rebaja en la condena, admitió que el PP regional pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 “con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat” por indicación del entonces presidente autonómico Francisco Camps. Previamente, en la misma vista oral, Correa y El Bigotes habían reconocido que su empresa Orange Market había recibido esos fondos, en total 3,4 millones de euros, de los cuales al menos 1,2 fueron aportados por nueve empresarios valencianos adjudicatarios de contratos de la Generalitat.

Aquellas confesiones en el último momento llevaron en septiembre de 2018 a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a ordenar al juez De la Mata que reabriera la investigación sobre el papel de Camps en los contratos de la Generalitat con Orange Market. El de 2009 estuvo valorado en 366.529 euros. Los anteriores, desde 2005, por importes igualmente hinchados, se encuentran ya prescritos. El pasado jueves, el juez, que aprecia “un arsenal de indicios” contra Camps, abrió juicio oral contra él, una decisión irrevocable A partir de hoy, en cualquier momento el expresidente valenciano puede recoger la notificación. Camps será juzgado por prevaricación, fraude a la administración y tráfico de influencias.

Antes de la declaración de Camps en la lluviosa mañana del 1 de febrero, Ricardo Costa ratificó ante el magistrado instructor que el expresidente valenciano era el “máximo responsable” de la financiación irregular del partido en la Comunidad Valenciana. Esta operativa de confesiones a cambio de rebajas de condena no se ha producido, todavía no ha llegado el momento, en el caso de otra antigua líder regional del PP, la madrileña Esperanza Aguirre. En el caso Púnica, la fiscalía sigue recabando indicios que apuntalen su teoría de que ella era máxima controladora y artífice de la caja b del PP madrileño.