Los barones del PP urgen una cumbre con “soluciones” a la asfixia financiera
Comunidades controladas por el PSOE plantean cambios legislativos para superar los escollos jurídicos y desbloquear los fondos
El informe jurídico que dictamina que el Ministerio de Hacienda no puede pagar a las comunidades los 5.000 millones que les debe por estar el Gobierno en funciones ha dividido España en dos. Mientras los territorios gobernados por PP y Ciudadanos exigen una reunión “inmediata” del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir "soluciones", las controladas por el PSOE proponen cambios legislativos para superar los escollos planteados por la Abogacía del Estado.
Las autonomías del PP han reaccionado este miércoles al informe de la Abogacía del Estado con la misma demanda. Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia urgen la convocatoria del órgano multilateral donde se aborda la financiación autonómica para que el Gobierno de Pedro Sánchez dé explicaciones sobre los impagos e informe de las medidas que tomará.
“Un gobierno en funciones no es un gobierno sin funciones", criticó el presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, que demanda el pago de 700 millones, 530 de ellos incluidos en los presupuestos autonómicos en vigor. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cifra la deuda del Estado con su territorio en 1.300 millones, asegura tener “la sensación” de que el Ejecutivo socialista en funciones “está utilizando los medios que les da estar en el Gobierno para presionar a sus socios para una posible investidura o de manera electoralista”.
El PP andaluz propone un mecanismo para desbloquear la situación y lograr un acuerdo amplio en esa hipotética reunión. Su portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, pide que el Gobierno autorice “más flexibilidad” a las autonomías en el cumplimiento del déficit, pasando de un objetivo para 2019 del 0,3% del PIB al 0,6%. Para las cuentas del 2020, el tope está marcado en el 0,1% y reclama que suba al 0,3%.
Los populares también creen que el Gobierno podría sortear el informe negativo de la Abogacía del Estado con un decreto ley que dé cobertura jurídica a las entregas a cuenta. Alegan que hay un precedente en 2016, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, también en funciones, aprobó un decreto alegando razones de “urgencia debidamente acreditadas o por razones de interés general”. Pero a diferencia de la situación actual, los Presupuestos no estaban prorrogados. Según Nieto, “lo más fácil” sería abordar y acordar ambas cuestiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El Gobierno de Murcia, que fija el impago a sus arcas en 234 millones, también urge una reunión de este órgano y reprocha a Sánchez “falta de iniciativa” para resolver el ahogo financiero por no haberlo convocado nunca “en este ejercicio”.
Por contra, la Junta socialista de Castilla-La Mancha duda de la utilidad de esta convocatoria inmediata. Al consejo “se puede llegar con un acuerdo previo o a discutir", señalan fuentes del Ejecutivo, que reclaman un cambio legal para que los fondos que adeuda el Estado a las autonomías no dependan de "vaivenes" políticos. "La mayoría del dinero lo destinamos a mantener nuestros servicios públicos básicos", recalcan.
Canarias coincide con Castilla-La Mancha. “Se debe superar esta situación por la vía de las Cortes Generales que están en actividad plena y tienen capacidad para elaborar cualquier norma”, sostiene el vicepresidente y consejero de Hacienda del Ejecutivo canario, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, uno de los socios de gobierno del PSOE. “Estoy convencido de que hay cobertura para tomar una iniciativa legislativa exprés autorizando al Gobierno a que haga las transferencias y tengo la impresión de que no habrá ningún grupo que se oponga a esto”.
En la Comunidad Valenciana, los socialistas abogan por seguir reivindicando un cambio en el modelo de financiación y justifican que el Gobierno en funciones de Sánchez “no tiene las mismas potestades que uno ratificado”. El consejero de Hacienda, el socialista Vicent Soler, se negó a “entrar en el juego del PP de utilizar las instituciones para sus intereses partidistas". “La única urgencia para la convocatoria de un consejo sería la aprobación de las entregas a cuenta y las liquidaciones correspondientes para la elaboración de los presupestos de la Generalitat de 2020, asuntos que no puede llevar a cabo un gobierno en funciones, tal y como ya pasó en 2016”, concluye Soler.
El bloqueo de las entregas a cuenta ha abierto en la Comunidad Valenciana una brecha entre los tres socios del Ejecutivo —PSPV, Compromís y Unides Podem—. Los socialistas han rechazado unirse a Cataluña y acudir a los tribunales para reclamarle los fondos al Estado, pero el recorte de gasto de 500 millones que prepara por estos impagos molesta a sus aliados, que no descartan la vía judicial.
“Lo que es urgente es encontrar una fórmula legal para el pago, porque no son pagos discutibles ni negociables”, destacan fuentes del departamento de Hacienda del Gobierno de Baleares. El Ejecutivo presidido por el PSOE considera también “fundamental” que haya un pacto para garantizar un Gobierno central “con las funciones plenas”. La Junta socialista de Extremadura, a la que el Estado debe 200 millones, culpó ayer del bloqueo a PP, Ciudadanos y partidos nacionalistas por votar hace unos meses en contra de los Presupuestos Generales del Estado.
Con información de Javier Portillo, Cristina Vázquez, Pedro Murillo, Josep Cata y Eva Sáiz.
Montero busca “fórmulas” para los anticipos
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno “busca fórmulas” para pagar las entregas a cuenta a las comunidades y “sortear” el informe de la Abogacía del Estado, según el cual un Gobierno en funciones no puede transferir dinero a las autonomías. Frente a las peticiones de dimisión de PP y Cs, Montero recordó que esos informes jurídicos “pueden ser verbales o escritos”, y admitió que el informe por escrito —desvelado por EL PAÍS— no llegó hasta ayer, aunque la opinión del Abogado del Estado “no ha cambiado” desde 2016 y “es el mismo que tenía cuando gobernaba el PP”, informa Efe.
