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Navarra busca la paz y la estabilidad lingüística

El PSN acuerda con sus socios de gobierno llevar al Parlamento foral un pacto social y político por la educación

Pedro Gorospe
Manifestación frente al Palacio de Justicia de Pamplona por el modelo educativo.
Manifestación frente al Palacio de Justicia de Pamplona por el modelo educativo.EUROPA PRESS
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El nuevo Gobierno navarro quiere devolver la paz a las aulas y a la Administración pública después de cuatro años en los que la política lingüística ha estado en el centro de la polémica y se han judicializado una buena parte de las decisiones adoptadas para extender el uso del euskera tanto en las escuelas de cero a tres años como en las ofertas de empleo público o en la concesión de becas de transporte y comedor. El 11 de abril del 2017 presentó su dimisión el consejero de Educación, José Luis Mendoza, “desgastado” por la fuerte oposición a sus medidas. El socialista Carlos Gimeno es el nuevo consejero.

A la espera de que el Supremo confirme o no las sentencias que anulan varios acuerdos de los anteriores equipos de gobierno en el Ayuntamiento de Pamplona y en el Ejecutivo foral, y marque las líneas rojas en base a la actual legislación administrativa y educativa, el nuevo Gobierno —PSN, Geroa Bai y Podemos, con el apoyo de Izquierda-Ezkerra— quieren ampliar el consenso en torno a la escuela pública “sin imposiciones” pero “sin complejos”.

Estos partidos se han comprometido a impulsar un pacto social y político por la educación que se presentará y debatirá en el Parlamento foral de Navarra, con el objetivo de dar “estabilidad legislativa y normativa” al sistema educativo. Y para ello el nuevo gobierno cree imprescindible contar con la sociedad, con las comunidades educativas de Navarra, con los agentes educativos y con las personas más directamente implicadas.

“Vamos a buscar los acuerdos sobre la base de una escuela pública de calidad, impulsando el Programa de Aprendizaje de Inglés (PAI) y favoreciendo que cada alumno estudie en el modelo que quiera, sin imposiciones y con eficiencia”, sostienen fuentes del Gobierno navarro. Según los datos de la última prematrícula el 51% de los alumnos de la comunidad ha optado por el modelo castellano con el programa de aprendizaje de inglés (PAI), el 19% por el de castellano con euskera como asignatura, y el 29% por el modelo íntegramente en euskera.

El nuevo Ejecutivo no va a hacer un “revisionismo” de las decisiones anteriores —pese a que Navarra Suma exige demoler todas las medidas del anterior Gobierno— salvo las que modifiquen los tribunales. Pero a partir de ahora quiere modelar, en base a acuerdos, un sistema estable coherente “con la diversidad de Navarra y que permita a los padres que sus hijos estudien lo que quieran”. Se realizaría con los procedimientos administrativos muy claros y consensuados y con una especial sensibilidad e integración de los alumnos de familias más desfavorecidas. En el documento programático se comprometen a “apoyar la necesaria e imprescindible planificación educativa pública del euskera como lengua propia desde la voluntariedad y la convivencia, y el desarrollo gradual y progresivo de la oferta educativa del euskera de acuerdo con lo previsto en la ley”.

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El Gobierno de Chivite quieren dejar atrás la controversia que generó el Ayuntamiento de Pamplona cuando EH Bildu introdujo cambios en las Escuelas Infantiles de cero a tres años, al transformar varias del modelo de castellano a euskera, incrementando las plazas en ese idioma de 164 a 408 a fuerza de suprimir 255 plazas en castellano y en castellano con PAI. Cincuenta y tres familias afectadas recurrieron y el juzgado número 2 de lo contencioso de Pamplona consideró que el Ayuntamiento no había respetado los principios de voluntariedad, progresividad y gradualidad en la incorporación del euskera a la enseñanza. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificó la sentencia y está pendiente la decisión del Supremo, ya que el Ayuntamiento recurrió.

El enfrentamiento y la judicialización no se centró solo en la educación de cero a tres años. En 2015 en la OPE para maestros, de las 320 plazas que ofertó el Gobierno foral 228, el 72%, estaban diseñadas para euskera, cuando en el sistema educativo navarro el modelo D supone el 29% del total.

Discriminación positiva

El anterior Gobierno lo justificó porque después de sucesivos Ejecutivos de la derecha había una desproporción cuantitativa entre el profesorado que atendía a uno y otro modelo y en los perfiles bilingues en la administración. Podemos e I-E también se opusieron a esa oferta de empleo público. El Gobierno de Uxue Barkos acabó retirando 120 plazas en euskera para Infantil y Primaria. Además, muchas familias de centros concertados salieron a la calle a protestar por el programa Skolae, de coeducación en igualdad, que el PSN apoyó y que va a seguir aplicando esta legislatura.

La legislación vigente en materia de euskera es de 1986, y divide Navarra en tres zonas: vascófona, castellano hablante y mixta. Nuevas quejas arreciaron tras la extensión del modelo D —euskera con castellano de asignatura— a la zona no vascófona si ocho alumnos lo solicitaban. Hasta 2015 solo se ofertaba en la zona vascófona y mixta.

El cambio de normativa se aplicó y se abrieron líneas públicas en euskera con menos de esos ocho alumnos, cuando a la vez se endureció la apertura de líneas en castellano con PAI. “Vamos a respetar las líneas de euskera que ya están en marcha, pero las siguientes, tanto en euskera como en castellano con el PAI se abrirán con criterios de eficiencia para respetar que todos los padres tengan de verdad libertad de elección”, sostienen fuentes del Ejecutivo de Chivite.

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Sobre la firma

Pedro Gorospe
Corresponsal en el País Vasco cubre la actualidad política, social y económica. Licenciado en Ciencias de la Información por la UPV-EHU, perteneció a las redacciones de la nueva Gaceta del Norte, Deia, Gaur Express y como productor la televisión pública vasca EITB antes de llegar a EL PAÍS. Es autor del libro El inconformismo de Koldo Saratxaga.

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