Baleares: hacia una atención pública bilingüe

En Baleares los ecosoberanistas de Més per Mallorca, históricos socios de gobierno del PSOE en la comunidad, tienen en sus manos el desarrollo de la política lingüística autonómica como ocurrió en la pasada legislatura. Los equilibrios de poder entre Unidas Podemos y Més per Mallorca, compañeros de viaje de la presidenta Francina Armengol, desembocaron en la creación de la Secretaría autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística, gestionada por los ecosoberanistas pero dependiente de la Consejería de Educación en manos del PSOE.

Este departamento está dirigido por Agustina Vilaret, que es actualmente el único miembro del Gobierno autonómico procedente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La formación catalana, con implantación en las islas, acordó concurrir a los comicios integrada en la lista de Més per Mallorca, que aúna también a perfiles procedentes de otras formaciones. La nueva secretaria autonómica milita en ERC desde 2010, es licenciada en Historia y durante 30 años fue profesora en un instituto de Educación Secundaria. A finales de la pasada legislatura tomó posesión de su acta de diputada tras la marcha de dos compañeros del partido y no dudó en exhibir el lazo amarillo en favor de los presos independentistas y asistir a concentraciones organizadas para apoyar a los políticos y activistas catalanes encarcelados.

Con un perfil político discreto, una de sus primeras actuaciones fue la recepción a una trabajadora del aeropuerto de Palma que denunció haber sufrido un caso de discriminación lingüística por parte de agentes de la Guardia Civil.

Los acuerdos firmados el pasado julio por los partidos que integran el pacto de gobierno en Baleares —PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos— recogen como uno de los objetivos de esta legislatura garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en las dos lenguas oficiales de la comunidad y la creación de una oficina de defensa de los derechos lingüísticos.

La política lingüística dejó de ser uno de los principales motivos de preocupación para los partidos de izquierda cuando la socialista Francina Armengol llegó al poder en 2015 y en su primer Consejo de Gobierno enterró el decreto del Tratamiento Integrado de Lenguas en las aulas impuesto por el Ejecutivo del entonces presidente del PP, José Ramón Bauzá. Un sistema que restaba horas a la enseñanza en catalán y que puso en pie de guerra a gran parte del estamento educativo de las Baleares, que salió a la calle a protestar en la manifestación más multitudinaria que se recuerdan en las islas.

La última legislatura socialista estuvo marcada por las protestas de una parte del sector sanitario, al que se le exige el conocimiento de un nivel básico del catalán para poder promocionar y pedir traslados, pero cuyo aprendizaje no es obligatorio para obtener un puesto de trabajo.