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El PSOE cierra un pacto para gobernar Navarra a la espera de la abstención de Bildu

La coalición entre PSN, Geroa Bai, Podemos e IU permite superar al bloque de derechas si la izquierda 'abertzale' no vota en contra

La secretaria general del PSN y candidata a presidir Navarra, María Chivite. En vídeo, sus declaraciones.

La líder socialista navarra, María Chivite, dio ayer un paso casi definitivo para convertirse en presidenta de Navarra. El Partido Socialista de Navarra (PSN) cerró un programa de gobierno con el nacionalista Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra (IE) que permite configurar una presidencia alternativa al bloque de derechas. Para que ese esquema salga adelante, es necesaria la abstención de los siete parlamentarios de EH Bildu, que han evitado aclarar el sentido de su voto.

El pacto, logrado tras dos semanas de negociación, y presentado de momento como preacuerdo cuenta con el respaldo de 23 parlamentarios: 11 del PSN, nueve de Geroa Bai, dos de Podemos y uno de IE. Son tres escaños menos de los que requiere la mayoría absoluta de la cámara, pero Bildu, cuya abstención es indispensable para que prospere, no ha estado ni en la foto del acuerdo ni en las mesas de negociación. “El PSN tenía claro que el programa de gobierno lo quería acordar con las fuerzas con las que lo ha acordado y el resto de formaciones sabrá qué quiere hacer”, respondió Chivite sobre el papel de la izquierda abertzale en su proceso de investidura. La candidata socialista añadió que el programa “es público”, ya que los cuatro partidos divulgaron en sus webs las 70 páginas del texto.

EH Bildu se quejó, desde las elecciones del pasado 26 de mayo, de la negativa del PSN a tener contactos con ellos. De hecho, esa negativa llevó a que los socialistas votaran a sus propios candidatos en la constitución de los ayuntamientos, lo que llevó a que los cabezas de lista de Navarra Suma (UPN, Ciudadanos y PP) alcanzaran como lista más votada varias de las alcaldías que los abertzales podrían haber logrado con apoyo socialista, como la de Pamplona. En un comunicado, EH Bildu recordó a los que han sido sus socios entre 2015 y 2019 (Geroa Bai, IE y Podemos) y al PSN que “no tienen mayoría” y por tanto, que los votos abertzalesson “imprescindibles” tanto “para formar gobierno como para mantener una estabilidad”. Esa ambigua redacción no aclara el sentido del voto final.

Críticas de la derecha

Pese a que el esquema no cuenta explícitamente con Bildu, la coalición de derechas que integran UPN, PP y Cs, denominada Navarra Suma, lo criticó. Su candidato, Javier Esparza, con 20 escaños en el Parlamento de Navarra, acusó a Chivite de “pactar con nacionalistas para hacer políticas nacionalistas” y añadió: “Lo más doloroso es que acepta pactar con Bildu para llegar a la presidencia del Gobierno de Navarra”. Chivite, tercera mujer en ocupar este puesto tras Yolanda Barcina (UPN) y Uxue Barkos (Geroa Bai), se apresuró a defender lo pactado. El acuerdo, argumentó, “se centra en las personas” y busca profundizar en el autogobierno navarro “desde la lealtad institucional y el respeto a la Constitución”.

Las ejecutivas de los partidos deben respaldar este texto y retomarán la negociación después del 14 de julio. Entonces abordarán el formato de gobierno y su composición. “No compartimos los procesos de gobiernos de cuotas, pero con la representatividad que nos ha dado la ciudadanía nos vemos en la oportunidad de que Geroa Bai asuma responsabilidades”, remarcó la presidenta en funciones, Uxue Barkos.

En 2015, Barkos rechazó la presencia en su ejecutivo de cargos de los partidos que la respaldaron (EH Bildu, Podemos e IE). Estas formaciones sí pudieron, en cambio, designar personas con perfil técnico para el Gobierno autónomo.

Acuerdo sobre el euskera

Los cuatro partidos han presentado un pormenorizado programa de gobierno con un documento de 77 folios. En uno de los aspectos que podrían resultar más polémicos, la política lingüística, los cuatro partidos se comprometen a revisar antes de un año un decreto aprobado por el anterior Gobierno de Uxue Barkos para aumentar el 1% de plazas reservadas en la Administración a los hablantes de euskera, así como dar más peso al conocimiento de ese idioma en los baremos de puntuación de las oposiciones públicas. El decreto ha sido recurrido en los tribunales.

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