Los padres de Julen piden tres años y medio de prisión para el propietario de la finca

Los padres de Julen, el niño de dos años que falleció en Totalán (Málaga) el pasado febrero, han solicitado tres años y medio de prisión para David Serrano, el dueño de la finca donde estaba ubicado el pozo por el que se precipitó el menor. Antonia Barba, abogada de José Roselló y Victoria García, ha presentado un escrito en el que se considera al procesado autor de homicidio por imprudencia grave. Un delito que también atribuye la Fiscalía de Málaga, que solicitó a mediados de julio una pena algo menor —tres años de prisión— para Serrano, cuya defensa ha solicitado el sobreseimiento del caso.

El documento presentado por la letrada que representa a los progenitores de Julen considera la “falta total de respeto por las normas de seguridad” del acusado “e incluso a la lógica elemental de advertir de la presencia de un peligro real y oculto a simple vista lo que ha desencadenado el fatal desenlace”. La representante de los progenitores considera que en la conducta de Serrano existen “multitud de infracciones normativas”. Entre ellas, no haber avisado de la existencia del pozo a las personas que le acompañaron a hacer una paella el pasado 13 de enero. Algo que considera “una grave conducta omisiva negligente en el acusado, infringiéndose normas de mínimo cuidado con la creación de un previsible riesgo que se hubiera evitado adoptándose las mínimas medidas de seguridad previstas por la normativa”, como recoge Europa Press.

Además, acusa a Serrano de haber "prescindido de la observancia de cualquier medida de seguridad". De hecho, el escrito insiste en que ni advirtió ni señalizó la presencia del pozo, que jamás obtuvo los permisos administrativos para la construcción del mismo y que todo ello tuvo como resultado el fallecimiento de Julen. El escrito también recuerda que la Junta de Andalucía abrió expediente al único acusado por infracción muy grave en materia de seguridad minera.

La abogada subraya igualmente que Serrano no ha pedido perdón a la familia, "sino que se ha limitado a acusar al pocero [Antonio Sánchez, profesional que ejecutó el orificio a mediados de diciembre], al equipo de rescate y a los padres a fin de intentar evadir una responsabilidad clara" y también acusando a José y Victoria “de no cuidar de su hijo", según esta acusación adelantada por SUR.

Para ello, la defensa del propietario de los terrenos presentó un informe que abría la posibilidad de que fuese la piqueta utilizada por los bomberos horas después de la caída del niño por el agujero la que acabó con su vida. Sin embargo, los resultados de la autopsia indicaron que falleció apenas minutos después de su precipitación debido a dos traumatismos por los golpes con los salientes de las paredes del pozo.

La línea que marca la representante de los familiares del pequeño es similar a la de la Fiscalía, que pidió a mediados de julio la apertura de juicio oral contra el propietario del terrenov al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave. El escrito destacaba que David Serrano era el “único conocedor” de la existencia del pozo y que nadie más conocía la presencia del agujero, de 28 centímetros de diámetro y más de cien metros de profundidad, que apenas se veía y no estaba señalizado ni había sido advertido.

El Ministerio Fiscal también solicita indemnización a los padres de Julen y a la Junta de Andalucía por el valor de los daños y perjuicios causados. De hecho, la administración autonómica andaluza ya remitió en junio un escrito para personarse como perjudicada en el procedimiento, lo que le otorga la posibilidad de reclamar el coste del rescate. Muchas de las empresas y profesionales que participaron en él lo hicieron de manera voluntaria, pero los trabajos que se extendieron durante 13 días fueron valorados finalmente en cerca de 700.000 euros.