La Fiscalía solicita tres años de prisión para el dueño de la finca donde murió el niño Julen
El escrito de acusación subraya que David Serrano no señalizó ni advirtió de la existencia del pozo y que los hechos pueden constituir un delito de homicidio por imprudencia grave
La Fiscalía de Málaga ha solicitado tres años de prisión para David Serrano, dueño de la finca en la que murió Julen al caer en un pozo. En el escrito de acusación, el fiscal pide la apertura de juicio oral contra el propietario del terreno al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave. Según el documento, Serrano ni señalizó ni advirtió de la existencia de este pequeño agujero de 28 centímetros de diámetro y más de cien metros de profundidad a quienes le acompañaban en su propiedad —ubicada a las afueras del municipio de Totalán— el pasado 13 de enero. Fue entonces cuando el niño de dos años cayó. Minutos después comenzaba un enorme operativo de rescate que se extendió durante 13 días y que acabó la madrugada del 26 de enero con el hallazgo del cuerpo sin vida del menor.
Para la Fiscalía malagueña, Serrano era “el único conocedor” de la existencia de la prospección por la que se precipitó el niño. También asegura que lo desconocían sus acompañantes, que aquella jornada eran su pareja, su hija y los padres de Julen, José Roselló y Victoria García. Y no previó que, “en sus juegos”, alguno de los menores pudiera acercarse al pozo y “caer por él”. Igualmente, el ministerio fiscal solicita que Serrano indemnice a los progenitores por la muerte de su hijo y a la Junta de Andalucía que calcule el valor de los daños y perjuicios causados que se determinen en la ejecución de la sentencia. La Administración andaluza remitió a finales de junio al juzgado un escrito para personarse como perjudicada en el procedimiento, lo que le da opción a reclamar el coste del rescate. Aunque muchas de las empresas y profesionales que participaron lo hicieron de manera voluntaria, este fue valorado finalmente en cerca de 700.000 euros.
Hace dos semanas, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga que instruye el caso, Elena Sancho Mallorquín, ya situaba a Serrano a un paso del banquillo. Entonces dictó un auto en el que consideraba que el dueño la finca de Totalán cometió presuntamente un delito de homicidio por imprudencia grave y transformaba en procedimiento breve la causa por la muerte del pequeño. El escrito, recurrido por la defensa del acusado, disponía también que se siguiesen las actuaciones contra él.
David Serrano fue el único en acudir como investigado en la ronda de declaraciones que incluyó a una treintena de personas —entre los que se encontraban agentes de la Guardia Civil, los primeros senderistas que acudieron a ayudar a la familia de Julen, los padres del pequeño, miembros de la Brigada Minera de Asturias o el profesional que ejecutó el pozo— que ofrecieron su versión de lo sucedido en calidad de testigos ante la jueza. Sus declaraciones han permitido reconstruir unos hechos que arrancan cuando el acusado, su pareja y los padres de Julen llegaron a la finca en la mañana del 13 de enero, según el relato del fiscal. Entonces, aparcaron en una explanada junto a una zanja en forma de ele, donde se pretendía construir un futuro muro, espacio que el acusado mostró a José Roselló mientras también iban iniciando los preparativos para una paella y los menores se encontraban con sus madres.
Minutos antes de las dos de la tarde, la madre de Julen se sintió indispuesta, por lo que avisó a su pareja de que iba a llamar al trabajo para avisar de su ausencia, momento en el que dejó al pequeño de dos años a su cuidado. El niño se bajó de la silla donde estaba sentado y se metió en una estrecha zanja. Cuando comenzó a correr, la pareja de David Serrano y el padre del menor quisieron pararlo para que no “se hiciera daño con las piedrecitas o las paredes de la zanja”. Sin embargo, “de forma repentina y sorprendente”, Julen desapareció de su vista. Se había colado por un agujero en el suelo de 28 centímetros de diámetro que, un poco más abajo, se reducía hasta los 21 centímetros, según el documento elaborado por Fiscalía.
El padre de Julen había sido avisado de la presencia de pozos
Nadie, salvo Serrano, conocía de la existencia de dicho boquete, que el fiscal ubica “justo al lado del lugar en el que iban a comer”. El escrito precisa que el padre de Julen había sido avisado de la presencia de pozos en la finca, pero cuando fue advertido "estaban junto a otro pozo que se encontraba en otra zona de la finca correctamente señalizado y cerrado". Eso hizo que José Roselló no diese más importancia a la circunstancia. Además, la Fiscalía indica que, a pesar de que el pozo no tenía protección suficiente ni adecuada, Serrano no había adoptado ninguna medida para evitar cualquier accidente, “poniendo en peligro la vida de los dos menores”. Es decir, la de su propia hija y la de Julen.
Cuando cayó el pequeño, su padre intentó sin éxito sacarlo del agujero. Primero con los brazos y, más tarde, tras apartar dos bloques de hormigón que había junto a la prospección, con una manguera. Su intención era que Julen se agarrara a ella. Algo imposible porque lo que no sabía el progenitor es que el pozo se había excavado hasta los 110 metros de profundidad y que su hijo había caído al fondo. Tras no conseguir extraer a su hijo, la familia realizó una llamada a los servicios de emergencia. Fue a las 13.57, según fuentes del 112. El mensaje era el siguiente: “Un niño ha caído por un agujero pequeño, de unos 40 centímetros de diámetro. Hace falta un rescate. La madre está llorando y gritando”. La llamada la hacía una mujer que hacía senderismo por la zona. Se puso entonces en marcha un operativo de rescate que se extendió durante 13 días bajo la atenta mirada de numerosos medios de comunicación llegados a Málaga desde distintos puntos del mundo.
Finalmente, tras una enorme “obra de ingeniería civil”, como la describió el jefe de los trabajos de rescate, Ángel García Vidal, y la participación de más de 300 personas, el cuerpo de Julen fue encontrado sin vida a la 1.25 del sábado 26 de enero. Dos horas más tarde, fue sacado a la superficie. Se encontraba a más de 70 metros de profundidad (una altura similar a la de entre 20 y 23 pisos). La autopsia reveló más tarde que el niño murió como consecuencia de la caída tras sufrir dos traumatismos por los golpes con los salientes de las paredes del pozo. Los especialistas concluyeron que había fallecido a las 13.50 del 13 de enero, justo después de su caída.
Expedientes por infracción a la seguridad minera
La Secretaría General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda procedió el pasado mes de febrero a la apertura de dos expedientes sancionadores contra el propietario de la finca donde falleció Julen y contra la empresa perforadora del pozo, según explicó el entonces el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Lo hacía en concepto de "presuntos autores por infracción muy grave en materia de seguridad minera" y por realizar actividades reguladas en la Ley de Minas “sin dirección facultativa” y sin “la aprobación previa de los trabajos de prospección de aguas subterráneas y del proyecto correspondiente, concurriendo un riesgo muy grave para las personas con resultado de muerte”. En ambos casos supone una sanción económica que oscilaría entre los 300.001 euros y el millón de euros. El pozo fue ejecutado entre los días 17 y 18 de diciembre de 2018 y, aunque fueron tapados con dos bloques de hormigón, éstos fueron retirados el 7 u 8 de enero de 2019 cuando David Serrano acudió a realizar unas mediciones a la finca.
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