Memoria histórica e Iglesia católica

Las declaraciones del nuncio Fratini, al final de su misión diplomática, desaprobando la exhumación de Franco han sido desautorizadas por el Vaticano. Era de esperar porque no reflejan la posición de la Iglesia, que considera desde el inicio que es una decisión que compete al Gobierno, la cual respeta y que facilitará en el momento de su ejecución. Zanjado el constipado diplomático.

Sin embargo, hay una cuestión de fondo que no se puede dar por resuelta. Dejar en paz las cosas del Valle de los Caídos es una mentalidad ampliamente arraigada en significativos sectores que nos escuece a muchos, católicos incluidos. En ella se amparan la familia, los monjes y la Fundación Franco para cargarse de razón con argumentos familiares, concordatarios o jurídicos, que en realidad son de alta densidad política: no ceder un ápice en la legitimación de Franco y el franquismo.

Ese lugar de memoria no puede dejarse como está. Se superpone el mausoleo del dictador sobre un memorial de víctimas. Un monumento al franquismo construido por sus represaliados, que hiere y duele a los herederos de quienes perdieron la guerra, cuyos padres o abuelos sufrieron paredón y represión por aquel régimen nacional-católico. Dejarlo en paz a la vista de los visitantes y turistas, es una enorme profanación del respeto debido a las víctimas de la barbarie de la Guerra Civil y sus familias -bastantes de las cuales luchan incansablemente por llevar al cementerio de su pueblo a sus seres queridos allí inhumados contra su voluntad-.

Exhumar a Franco es condición de posibilidad para hacer del Valle de los Caídos un memorial de las víctimas, de todas las víctimas de la Guerra Civil. Es imprescindible para pacificar la relación de la sociedad española con este lugar recargado de memoria divisoria. Es decisión del Gobierno. Su inhumación así lo fue, de su presidente, Arias Navarro, y del Jefe del Estado, recién coronado, Juan Carlos I. Este confió su custodia al Abad de la época. Así que hoy el Estado, esta vez conforme al procedimiento propio de un Estado democrático de derecho, es a quien compete decidir la exhumación y el lugar de la reinhumación de Franco.

Una decisión que no puede quedar enredada en enmarañados argumentos de derecho de las familias, establecidos para el común de los mortales, porque Franco no fue uno más, sino Jefe de Estado –aún de forma ilegítima-. Y, sobre todo, porque la decisión de la exhumación ha sido mayoritariamente apoyada por el Congreso –con la salvedad de la abstención popular-, porque está fundada en un decreto-ley del Gobierno, firmado por el Rey y convalidado por la cámara de los diputados, y, porque ha seguido un procedimiento administrativo garantista y no arbitrario.

El futuro del Valle de los Caídos requiere del concurso del mayor abanico de fuerzas políticas, también de la Iglesia católica. No quiso participar en el pasado. Fue invitada por el ministro Jáuregui a formar parte de los trabajos de la Comisión de Expertos, con la incorporación aceptada de Fernando Sebastián. Finalmente, Rouco dio el paso atrás. La desautorización del Vaticano al nuncio facilita el reto de construir una colaboración en torno a su resignificación. Es la mejor forma de sellar la contribución que ciertamente hicieron Pablo VI y Tarancón a la transición política y a la reconciliación de la sociedad española.