La empresaria Pano ratifica que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE y el socio de Aldama lo niega

La empresaria Carmen Pano y el empresario Claudio Rivas han dado este martes en el Tribunal Supremo dos versiones opuestas sobre la presunta entrega de dinero en efectivo en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Pano ha ratificado lo que ya dijo ante la Guardia Civil: que, en octubre de 2020, llevó 90.000 euros a la sede de Ferraz por orden del empresario Víctor de Aldama y que ese dinero lo había entregado Rivas, socio de este en la trama de hidrocarburos. Rivas, según fuentes jurídicas, ha negado tanto esta entrega de dinero como las otras detalladas por Pano, quien asegura que recibió de Rivas 600.000 euros -en varias mensualidades de 100.000 cada una- para que se los entregara a Aldama.

Pano y Rivas son dos de es los cuatro testigos que han comparecido este martes ante el magistrado Leopoldo Puente, que investiga al exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos por favorecer presuntamente contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones. Los otros dos testigos han sido la hija de Pano, Leonor González, con la que supuestamente dirigía Have Got Time, la empresa comercializadora de hidrocarburos al por mayor que compró, supuestamente bajo disposición de Aldama, el chalé de La Línea de la Concepción (Cádiz) para que lo disfrutara Ábalos; y el exsubsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, Jesús Manuel Gómez, a quien el exministro atribuyó la gestión última de todos los contratos de mascarillas adjudicados en su departamento durante la pandemia de covid-19 y que están en el origen de la causa abierta en el alto tribunal. En su declaración de este martes, el exsubsecretario ha descargado esa responsabilidad en “los órganos de contratación”, según fuentes jurídicas.

Estas fuentes señalan que Pano ha ratificado que acudió dos veces a la sede del PSOE para entregar un total de 90.000 euros en efectivo. Y que la primera vez acudió en taxi y la segunda, en un coche conducido por un amigo de Rivas llamado Álvaro Gallego. Una vez en Ferraz, ha asegurado, dijo que iba a entregar un paquete a nombre de Aldama y subió a la segunda planta, donde se los dio a una persona a la que no ha identificado y se marchó. Según Pano, el dinero lo recogió en una oficina de Aldama ubicada en la calle Alfonso XII de Madrid, pero procedía de Rivas, propietario de la empresa Villafuel, con el que Aldama forjó el fraude millonario de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional y en el que también está imputadas Pano y su hija.

Las afirmaciones ratificadas ahora por la empresaria, que Pano hizo por primera vez a la web The Objective y repitió ante la Guardia Civil tras ser detenida por la trama de hidrocarburos, impulsaron al Partido Popular para presentar una querella contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, una acusación que rechazó la Audiencia Nacional.

Rivas, además de negar las entregas de dinero apuntadas por Pano, se ha desvinculado también de la empresa Have Got Time y, con ella, de la compra del chalé de la Línea de la Concepción del que presuntamente disfrutó Ábalos en contraprestación por adjudicaciones públicas a favor de la trama corrupta. Pano y su hija aseguran que Rivas es quien realmente está detrás de la empresa que compró ese inmueble, una conclusión a la que también apunta un informe de la UCO, pero Rivas lo ha negado ante el juez. Pano sí ha reconocido lo que dijo Ábalos ante el instructor, que él pago la fianza y las dos primeras mensualidades del chalé y que dejó de pagar cuando le cesaron como ministro, en julio de 2021.

Pano ha explicado que fueron ella y su hija las que, en 2020, pusieron en contacto a Rivas y con Aldama, y empezaron a colaborar con la empresa Villafuel, el epicentro del supuesto fraude de 182 millones de euros por el IVA de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional. Pano ha relatado al juez que Rivas y Aldama acudieron a una reunión en el Ministerio de Industria para lograr el permiso de operador al por mayor de carburantes y combustibles, un encuentro que recoge un informe de la UCO incorporado a esa causa. Rivas ha confirmado que esta reunión existió, pero la ha enmarcado en el funcionamiento normal de este negocio.

Por su parte, quien fuera exsubsecretario de Transportes, que está imputado en la parte del caso Koldo que lleva la Audiencia Nacional, ha negado ser el responsable último de los contratos de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión. Fuentes jurídicas afirman que él ha asegurado que solo vio la oferta y se la remitió a los órganos de contratación de Puertos del Estado y Adif, dependientes del ministerio. En la Audiencia Nacional, Gómez García aseguró que esa oferta se la facilitó el asesor del exministro, Koldo García, investigado junto a Ábaos y Aldama en el Supremo.