Las estrategias de Ábalos y Aldama chocan en el Supremo

José Luis Ábalos se afanó este jueves en el Tribunal Supremo en desvincularse de las posibles irregularidades cometidas por quien fuera su asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. El exdirigente socialista, actualmente diputado del Grupo Mixto, negó ante el juez haber cobrado dinero en efectivo o cualquier tipo de contraprestación de empresas supuestamente favorecidas por contratos públicos, unas acusaciones que ha abonado Aldama como prueba de su compromiso de colaborar con la justicia. La estrategia jurídica del empresario se pondrá a prueba el próximo lunes, cuando está citado a declarar en el Supremo y podrá explicar los detalles de la documentación que ha entregado en el tribunal apuntando directamente a Ábalos y aportar nuevos indicios que refuercen sus acusaciones.

La declaración este jueves del exministro, que se prolongó durante tres horas, ha evidenciado el choque entre su versión y la de Aldama. El que fuera secretario de Organización del PSOE ha intentado desmontar una por una todas las acusaciones contra él vertidas por el empresario. Aseguró que nunca cobró comisiones de empresarios favorecidos por contratos adjudicados por su ministerio, y negó que algunas de estas adjudicaciones estuvieran concedidas de antemano a cambio de mordidas, como asegura Aldama. También rechazó que un empresario socio de Aldama se hiciera cargo de costearle un chalet en Cádiz valorado en medio millón de euros. Según contó al juez, la gestión para hacerse con esa casa la llevó Koldo García y él pagó varios meses de renta, hasta que su familia decidió dejar de habitarlo. Asimismo, endosó a su antiguo asesor la responsabilidad sobre el pago del alquiler de un piso en la Plaza de España en el que vivió la que entonces era su pareja.

Según fuentes jurídicas, el exministro defendió la contratación de material sanitario dependiente de su departamento durante la pandemia y criticó la auditoría encargada por el actual ministro, Óscar Puente, que reveló que Transportes compró en marzo de 2020 cinco millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión —el epicentro de la trama Koldo— a pesar de haber presentado una oferta peor valorada y más cara que otra compañía, Injo Technology.

Ábalos sabe que el testimonio de Aldama lo pone contra las cuerdas al reforzar las pruebas recabadas hasta ahora por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. El comisionista declaró en la Audiencia Nacional el pasado 21 de noviembre, pero su confesión fue enviada ese mismo día al Supremo. Fue allí donde su abogado presentó una batería de documentos el 4 de diciembre, donde se enumeraban una serie de supuestas pruebas para demostrar las acusaciones contra el exministro y su asesor, Koldo García, a los que atribuye sin paliativos el cobro de cientos de miles de euros en mordidas a cambio de favorecer al empresario. Según añadió el supuesto cabecilla de la trama, además de pagar por concederles los contratos millonarios para la adquisición de mascarillas en lo peor de la pandemia, determinadas compañías se comprometían a pagar comisiones si eran adjudicatarias de otras obras que habían sido “preadjudicadas” de forma irregular gracias a la intermediación de Ábalos.

Precisamente, tras la presentación por parte de la defensa de Aldama de un listado de obras bajo sospecha, el exministro trató de retrasar su declaración de este jueves. El exdirigente socialista alegó que no había podido acceder a todo el contenido del sumario por un problema informático y reclamó un aplazamiento al magistrado Leopoldo Puente, ya que no iba a estar listo para este 12 de diciembre. El juez lo rechazó, ya que tiene previsto interrogar este próximo lunes a Víctor de Aldama; y el próximo martes a Koldo García.

El PP toma el mando

Además de la guerra entre Aldama y Ábalos, otra batalla ha comenzado a gestarse este jueves en el seno de la causa abierta en el Supremo. De las siete acusaciones populares personadas en el procedimiento, el instructor solo ha permitido al PP estar presente en la declaración del exministro. El juez ha otorgado a los populares la dirección letrada de todas ellas (ya que fue la primera en incorporarse al caso) y su intención es que, a partir de ahora, la formación conservadora sea la única que reciba las notificaciones. Esta decisión ha generado malestar, no solo entre las acusaciones, sino también en el PSOE. Fuentes de Ferraz insisten en que esta decisión refuerza su tesis de que el PP juega con “las cartas marcadas” —expresión usada por el propio Pedro Sánchez hace unos días—, aunque el partido conservador fue realmente la primera acusación en sumarse al caso y ese es el criterio que ha usado el juez para otorgarle la representación de las acusaciones.

El PSOE ha preferido hasta ahora, además, no personarse como acusación en la parte de la investigación que está en manos del Supremo, que se dirigen principalmente contra su ex secretario de Organización. En cambio, los socialistas sí han dado el paso en la parte de la investigación que ha quedado en la Audiencia Nacional, donde Ábalos no puede ser imputado mientras siga siendo diputado. En este tribunal, el juez instructor Ismael Moreno aún no ha decidido si unifica o no a las acusaciones bajo una única dirección letrada, como ha hecho el Supremo. La del PP también fue aquí la primera en adherirse, por lo que, si se unifican, existe la posibilidad de que también se la designe como representantes del resto.