El Supremo pide a la UCO un informe sobre la situación económica de Ábalos y su hijo

El magistrado Leopoldo Puente, que investiga a José Luis Ábalos por favorecer presuntamente contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones, ha reclamado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre la situación económica y patrimonial del exministro y de su hijo Víctor. El juez pide a la UCO que haga el informe “a la mayor brevedad” mediante la consulta de fuentes abiertas de las cuentas o depósitos bancarios de los que ambos pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; de los bienes inmuebles o vehículos que estén registrados a nombre de uno u otro; y de su posible participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes. El instructor, que investiga la supuesta trama liderada por el empresario Víctor de Aldama y el exasesor de Ábalos Koldo García, reclama también a la UCO que busque mensajes intercambiados por Aldama con el ministro Ángel Víctor Torres, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y “cualquier otra persona aforada en el Tribunal Supremo”.

El paso dado este martes por el instructor supone el inicio oficial de la investigación al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, después de que el Congreso le levantara por unanimidad el pasado 22 de enero la inmunidad de la que gozaba como diputado. El Supremo abrió una causa a Ábalos el pasado 7 de noviembre por su actuación en el llamado caso Koldo al apreciar indicios de delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación. Unas semanas después, el instructor del Supremo asumió también parte de la investigación de la Audiencia Nacional a los dos presuntos cabecillas de la trama que tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes, el empresario Víctor de Aldama y el exasesor de Ábalos Koldo García. El alto tribunal considera que el exministro y su asesor favorecieron la adjudicación de contratos de compraventa de material sanitario a empresas vinculadas a Aldama aprovechando la laxitud de los controles durante la pandemia y que, posiblemente, se adjudicaron también otros contratos públicos a cambio de comisiones.

En el auto dictado este martes, el magistrado acuerda varias diligencias y vuelve a citar a Ábalos para el próximo el 18 de febrero, ya con el estatus propio de investigado y con la posibilidad, advierte el juez, de que se le impongan medidas cautelares. El exministro declaró en la causa el pasado mes de diciembre de forma voluntaria, pero al estar todavía protegido por la inmunidad parlamentaria no se le pudieron poner medidas cautelares ni el juez pudo pedir a la UCO que investigara su patrimonio, como ha hecho ahora. En aquella ocasión, Ábalos negó los hechos que se le atribuyen y puso el foco en Aldama y Koldo García.

Además del informe sobre su situación económica, el juez requiere a la UCO otro sobre las “comunicaciones telefónicas” y otros vínculos que pueda encontrar la Guardia Civil sobre Ábalos en lo instruido hasta ahora respecto a su exasesor y el empresario, a los que, al no estar aforados, ya se le han intervenido los téléfonos y se ha analizado su patrimonio. El instructor reclama a los agentes que detallen todos los terminales y dispositivos intervenidos a Aldama y Koldo, “con especial referencia a los mensajes” que pudiera haber intercambiado Aldama con Ábalos, su hijo Víctor, el ministro Ángel Víctor Torres o subordinados de éste, el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, o “con cualquier otra persona aforada ante el Tribunal Supremo”.

Con esta decisión, el instructor pretende esclarecer la veracidad de las denuncias que ha ido desgranando Aldama a lo largo de la investigación que implican a altos cargos del PSOE, como su secretario de Organización, al que asegura haberle dado 15.000 euros en efectivo, o el ministro de Política Territorial, quien, según Aldama, reclamó 50.000 euros por contratos adjudicados a sus empresas durante su etapa como presidente de Canarias y acudió a al menos una reunión en un piso alquilado por la trama. En el auto de este martes, el juez reclama a Aldama que aporte, en un plazo de diez días, una relación de los pisos de Madrid que asegura haber facilitado para encuentros en los que, según expresó, participaron, además del ministro Torres, Áalos y Koldo García El instructor pide también las fechas de los contratos y de las estancias y pago de estos inmuebles, y que se indique si hubo algún pago a las “señoritas” a las que Aldama se refirió en su declaración y, en su caso, quién lo abonó.

El juez vuelve a citar también para el mismo 18 de febrero a Koldo García, pero esta vez no para interrogarle (ya lo hizo en diciembre) sino para hacerle una prueba caligráfica de firma y escritura con objeto de contrastarlas con la letra que figura en una lista de supuestas obras públicas preadjudicadas que Aldama entregó en el Supremo. El magistrado Puente reclama que se designe un perito para elaborar un informe sobre este la letra de Koldo y otro, agente de la propiedad inmobiliaria, para que informe sobre el valor de mercado de una vivienda en el Paseo de la Castellana de Madrid para la que, según Aldama, Ábalos firmó con él un contrato de alquiler con opción a compra como garantía de futuras comisiones. El exministro negóestos hechos en el Supremo.

El juez cita además como testigos a 17 personas entre los días 25 de febrero y 5 de marzo. Entre los citados están tres exaltos cargos de Transportes Jesús Manuel Gómez García, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera; y el director de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, a quien Aldama asegura haber entregado 25.000 euros a cambio de haber mediado para que le aplazaran el pago de la deuda fiscal de una de sus mercantiles, Pilot Real Estate, lgo que Moreno y el Ejecutivo han negado. El magistrado cita también como testigos a Joseba García (hermano de Koldo), a Víctor Ábalos (hijo del exministro) y a la empresaria Carmen Pano y su hija, dueñas de Have Got Time, una sociedad comercializadora de hidrocarburos que fue usada para comprar un chalé de La Línea de la Concepción (Cádiz) que supuestamente iba a disfrutar Ábalos. El juez cita también a Jessica R., y a varios empresarios, entre ellos Claudio Rivas, quien, supuestamente, se encargó de adquirir la casa de Cádizr; y Alberto Escolano, colaborador de Aldama. Tanto Pano y su hija como Rivas y Escolano están imputados en el fraude de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional, por lo que el juez del Supremo, aunque les cita como testigos, pide que vayan con su abogado.