El Supremo pide al Congreso que levante la inmunidad de Ábalos al apreciar “indicios cualificados” de que cometió al menos cuatro delitos

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta por posibles irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, ha dictado este miércoles un auto en el que acuerda pedir permiso al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad del exministro al haber encontrado contra él “indicios bastantes” de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El instructor entiende que “ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados” de la posible participación de Ábalos en los hechos hace imprescindible recabar la autorización de la Cámara para avanzar en la investigación. La presidenta del Supremo, Isabel Perelló, se dirigirá en los próximos días al Congreso para cursar el denominado suplicatorio, el permiso necesario para investigar a los diputados.

El instructor del Supremo no ha esperado ni 24 horas desde que, este martes, acabara la ronda de declaraciones de los tres imputados en la causa para solicitar el fin de la inmunidad de Ábalos, que mantiene el blindaje de los aforados al pasarse al Grupo Mixto del Congreso después de que el PSOE le reclamara el acta cuando estalló el caso. En un auto dictado este miércoles, el juez advierte de que las declaraciones prestadas esta semana por el principal comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama, y el que fuera el asesor de Ábalos, Koldo García, así como la del propio exministro del pasado jueves, han apuntalado los indicios que ya existían contra todos ellos.

“Existen elementos bastantes para, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de la fase procesal en la que nos encontramos, considerar que el aforado pudiera, prevaliéndose de su condición de Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí, haber determinado la adjudicación de varios contratos de la Administración pública o  el sector público institucional con empresas privadas, en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del Covid-19, en particular relativos a la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad”, señala el instructor.

El funcionamiento de la trama

El magistrado considera que, con lo investigado hasta ahora, se puede hacer ya un esquema muy detallado de cómo funcionaba la red corrupta que se tejió en el Ministerio de Transportes aprovechando la ausencia de controles para la compra de material sanitario durante la pandemia. Y en esa trama, según el instructor, participaron los tres investigados por el Supremo, cada uno con su papel. El juez ve indicios de que el empresario Aldama se aprovechó de “la relación personal” que le unía con Ábalos y con Koldo García para obtener información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia sanitaria, lo que le permitió articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro de ocho millones de mascarillas en favor de la empresa Soluciones de Gestión, con cuyo dueño había colaborado en otros negocios. El magistrado Puente cree que Aldama podría haber logrado también, “antes y después, por un procedimiento semejante”, la adjudicación de otros contratos con la Administración pública.

El juez no detalla los contratos bajo sospecha, pero la Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco a los que Soluciones de Gestión y dos empresas de Aldama firmaron con Adif, el ministerio del Interior y las comunidades de Baleares y Canarias. El Ministerio Público cifra en 15 millones de euros las ganancias de la trama solo por la venta de mascarillas (las compraban a 1,5 euros en China y las vendía a 2,5 en España).

Los resultados obtenidos hasta ahora en la investigación, según el juez, apuntan a que Koldo García intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización. Ábalos, añade el magistrado, también intervenía en esas operaciones, “personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio” e, indiciariamente, “disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado”.

Indicios contra Ábalos

Ábalos negó en su declaración ante el instructor haber recibido cualquier tipo de contraprestación por la adjudicación de la compra de material sanitario o de contratos de obras a determinadas empresas. Pero, según el juez, lo afirmado por el exministro “no se aviene” con los indicios recabados hasta ahora en la investigación a partir de las declaraciones de los investigados, la intervención de los teléfonos de Aldama y Koldo García y los registros en los domicilios de ambos. En el caso de Ábalos, al estar aforado, el juez no ha podido aún practicar ninguna prueba similar, por lo que necesita que el Congreso le levante la inmunidad para poder avanzar en la instrucción. El suplicatorio también permitirá al instructor indagar en las cuentas y propiedades del ahora diputado del Grupo Mixto para poder determinar si, como se aprecia en los casos de Aldama y Koldo García, ha experimentado un incremento patrimonial que podría vincularse al supuesto cobro de comisiones.

No obstante, con los datos que ya se han recabado y que ha dado por acreditados la Guardia Civil en sus informes, el juez considera que Ábalos, al menos, pudo haberse beneficiado económicamente con el pago, por parte de Aldama o de personas terceras por él interpuestas, del alquiler de la vivienda en la que residía quien fuera entonces su pareja; así como que también podría haber concertado con las empresas de la trama el alquiler con opción a compra de un chalet en Cádiz; y haber obtenido de Aldama otro contrato de alquiler con opción a compra de un piso de unos 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid en el que se fijaba un precio de venta (750.000 euros), para el caso de que se ejercitara esa opción, “aparentemente muy inferior al de mercado”, advierte el instructor.

El magistrado Puente ha remitido la exposición razonada con los indicios recabados hasta ahora al presidente de la Sala Penal para que, tras el visto bueno de la sala, se envíe a la presidenta del Supremo, que es quien debe cursar el suplicatorio a la Presidencia del Congreso de los Diputados. Según el reglamento del Congreso, una vez que la presidenta, Francina Armengol, reciba esa petición, debe llevarlo a la Mesa de la Cámara, y, tras el acuerdo de esta, enviarlo a la Comisión del Estatuto de los Diputados en el plazo de cinco días. Esta comisión dispone de un mes para debatir la propuesta, que después se someterá a votación en el primer pleno ordinario de la Cámara. El próximo previsto es en febrero y, según fuentes parlamentarias, en principio hay tiempo suficiente para completar la tramitación y que el suplicatorio se vote en esa sesión. Fuentes socialistas señalan que, cuando llegue el momento, apoyará la concesión del suplicatorio para investigar a quien fuera su secretario de Organización.