Koldo García niega en el Supremo las acusaciones de Aldama y asegura que ni cobró ni vio comisiones

Koldo García ha negado este martes en el Tribunal Supremo todos los indicios que apuntan a él en la supuesta trama corrupta que tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos (entre 2018 y 2021). El que fuera asesor del ministro ha tratado de defenderse de las acusaciones lanzadas contra él por el empresario Víctor de Aldama, que le atribuye el cobro de cuantiosas comisiones en efectivo, y por Ábalos, que descargó en su antiguo asesor la responsabilidad de algunas de las supuestas irregularidades. Según el exasesor ministerial, nunca cobró contraprestaciones por favorecer la contratación de determinadas empresas porque no tenía poder para hacerlo, ni tampoco tuvo nunca conocimiento, ha asegurado, de que las cobrara el entonces ministro o el PSOE, como sostuvo el empresario en su declaración ante el juez este lunes.

García estaba citado para declarar como investigado por la supuesta trama corrupta en la que él está señalado como primer nexo entre la Administración y Aldama, considerado el principal comisionista de la red. García fue detenido el 20 de febrero, el día que estalló el caso al que él ha dado nombre, pero en su anterior comparecencia judicial, ante la Audiencia Nacional, se negó a declarar. Este martes ha optado por hacerlo ante el instructor del caso en el Supremo, Leopoldo Puente, que investiga a García por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil sitúa al exasesor de Ábalos, que fue también consejero de RENFE y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado, en el centro de la trama corrupta que hizo negocio con la venta de mascarillas a los ministerios de Transportes e Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares. A estas sospechas, se han unido en las últimas semanas las supuestas mordidas por la adjudicación de obras públicas, en las que Aldama señala a Koldo García como la persona que le informaba de “preadjudicaciones” de contratos con las que, supuestamente, arrancaban a las empresas mordidas “a futuro”.

García ha negado todo en su declaración de este martes, que se ha prolongado durante dos horas y media. Fuentes presentes en la declaración señalan que ha negado tanto haber cobrado cualquier tipo de comisión como también tener conocimiento del cobro de comisiones por parte del entonces ministro o del PSOE. García, según fuentes consultadas, ha asegurado no reconocer las notas manuscritas que Aldama llevó el lunes al tribunal, en las que figuraban los nombres de varias ciudades y la constructora a la que, supuestamente, se le había adjudicado una determinada obra a cambio de una comisión. Otras fuentes presentes en el interrogatorio señalan, sin embargo, que el antiguo asesor ministerial no ha sido contundente cuando se le han mostrado esos papeles y ha dado algunas evasivas. García también ha dicho no reconocer el listado de obras que Aldama entregó en el Supremo y en el que, según el empresario, aparecían subrayadas las obras que, supuestamente, estaban adjudicadas de antemano. A preguntas del magistrado, García ha asegurado que durante su etapa en el Ministerio vio muchos documentos similares, pero nunca con esos subrayados.

Frente a los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que dan por acreditado que el asesor del ministro manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo y que empleó a familiares como testaferros, García ha negado el incremento patrimonial. Ante la insistencia del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sobre qué explicación le daba al aumento de su patrimonio entre 2020 y 2022, García ha alegado que su defensa ha incorporado a la causa un informe que lo desmiente, pero que “de cabeza” no lo recuerda. Luzón le ha pedido que dé una explicación “de cabeza”. “Usted tiene esa capacidad, pero yo no”, ha contestado García.

La Guardia Civil sostiene que el asesor de Ábalos recibía periódicamente pagos de 10.000 euros en metálico que reflejaba en una contabilidad manuscrita intervenida en su domicilio, donde los agentes encontraron también 24.000 euros en efectivo. García ha asegurado, según las fuentes consultadas, que manejaba habitualmente dinero en metálico porque en su familia es costumbre sacar altas cantidades de dinero del banco y pagar en efectivo. Durante el interrogatorio se le ha preguntado por dos millones de euros en acciones de una sociedad que tiene su esposa, que él ha admitido y ha atribuido al padre de la mujer.

García se ha desmarcado también de la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama. Según las fuentes consultadas, se ha presentado como un simple asesor que no tenía capacidad de influencia para las licitaciones públicas. Esa responsabilidad se la ha atribuido a los técnicos del Ministerio y al entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, imputado en la causa abierta en la Audiencia Nacional, donde negó ante el juez cualquier irregularidad. A él, según García, derivó algunas ofertas de compra de mascarillas que sí admite haber recibido como asesor del Ministerio. A preguntas del magistrado ha explicado que estas ofertas le llegaban por correo electrónico o “en sobres” porque él había contactado a “muchas” personas para buscar material sanitario al inicio de la pandemia.

El antiguo asesor de Transportes ha respondido muchas veces con evasivas, según fuentes presentes en el interrogatorio, que explican que en varias ocasiones ha asegurado que no recordaba cosas por las que le preguntaban o por qué envió algunos mensajes o hizo algunas gestiones. Sí ha reconocido que tuvo una relación de amistad con Aldama, pero niega haberle abierto la puerta del Ministerio de Transportes para hacer negocios. Respecto a la relación del empresario con el entonces ministro, García ha dicho que sí recuerda que Aldama pasaba mucho por el ministerio y que estuvo en una ocasión en la casa de Ábalos situada en el barrio de El Viso y que era propiedad del departamento que dirigía.

El magistrado Puente ha centrado una parte de su interrogatorio en el chalé que la trama adquirió en La Línea de la Concepción (Cádiz) para el supuesto disfrute del exministro. Según el sumario, la Guardia Civil ha recabado mensajes y documentación que evidencian que Ábalos marcaba las directrices sobre qué tipo de vivienda había que adquirir y se las hacía llegar a Aldama a través de Koldo García. El excolaborador socialista ha admitido que hizo gestiones, pero ha negado irregularidades y ha insistido en que recurrió al comisionista simplemente porque el empresario conocía la zona y porque tenía “más conocimiento del mercado”.

También ha aceptado haber pagado algunos meses de alquiler de un piso en el que vivía una mujer, de iniciales J. R. G., que era pareja de Ábalos. El que fuera su asesor ha asegurado que esa mujer era amiga suya desde 2016 o 2017 y que él contactó con Luis Escolano, imputado en la parte del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional, por si tenía algún sitio en el que pudiera vivir ella, ya que él residía en un piso de 35 metros y solo podría dormir en el sofá. Escolano, según Koldo, le ofreció alquilar un piso que también sirviera para mantener reuniones. La mujer residió allí dos años y, según el antiguo asesor de Transportes, unos meses lo pagó Escolano, otros la propia mujer y, algunos meses, tuvieron que hacerse cargo su hermano Joseba o él mismo, usando incluso dinero de su hija, de corta edad. Según las fuentes consultadas, el juez ha mostrado su extrañeza por el hecho de que optaran por alquilar para esta mujer un piso que costaba 2.700 euros al mes. Respecto al hecho de que esta mujer fuera contratada por la empresa pública Ineco, García lo ha justificado en que su hermano trabajaba allí y le pidió a una persona de su confianza.

La versión de Koldo García contrasta de forma drástica con las acusaciones de Aldama y desmiente, además, las imputaciones que el empresario introdujo contra otros altos cargos socialistas distintos a Ábalos. A la pregunta directa de si entregó dinero en un sobre al diputado Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, y a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, García lo ha negado. El comisionista contó en la Audiencia Nacional que él y García dieron 15.000 euros a Cerdán en un bar cerca de la sede de Ferraz, pero el exasesor ha negado este martes que los tres hayan coincidido alguna vez en un bar. Sí que ha admitido como posible haber estado en alguna ocasión en un bar con Moreno y que se encontraran a Aldama. Este afirmó igualmente que proporcionaron a Moreno 25.000 euros por el aplazamiento de una deuda. Tanto Cerdán como el entorno de Moreno han desmentido estos supuestos cobros.

García también ha intentado echar por tierra otra de las nuevas acusaciones que ha hecho Aldama en los últimos días: que costéo, al menos, tres pisos para reuniones de distinta índole, a los que acudieron personas del entorno del Ejecutivo central. En uno de ellos, situado en la calle Atocha de Madrid, alquilado a través de la plataforma Airbnb, siempre según la versión del empresario, estuvo Koldo García con Ábalos y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias. Torres lo ha negado. Y el exasesor ha hecho lo mismo este martes.

Tras dos horas y media de interrogatorio, Koldo García ha abandonado el Supremo por su propio pie. El exasesor de Ábalos ha optado por no contestar a ninguna pregunta de los periodistas apostados a las puertas del alto tribunal y, en silencio, se ha metido en un taxi directamente para marcharse del lugar. Antes, el magistrado Leopoldo Puente le ha impuesto unas medidas cautelares similares a las que el juez Ismael Moreno decretó en la Audiencia Nacional. Puente ha ordenado la retirada del pasaporte, le prohíbe salir del país y lo obliga a comparecer cada 15 días en un juzgado —él ha pedido y se le ha concedido poder hacerlo en Benidorm (Alicante), donde él y su familia adquirieron varias viviendas con el dinero procedente de las mordidas, según la Fiscalía Anticorrupción—.

Con esta decisión, el magistrado del Supremo mantiene la misma línea marcada por su compañero de la Audiencia Nacional, imponiendo las medidas más duras a Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, para quien dictó el lunes las mismas cautelares. En su caso, el comisionista debe presentarse cada día 1 y 15 de cada mes en la secretaría de la Sala de lo Penal del alto tribunal.