Ante el abismo de nuevas elecciones

La convocatoria de una consulta interna en Podemos en la que se pregunta a los inscritos por la fórmula, Gobierno de coalición o Gobierno de cooperación, en vez de, o bien incorporar otras opciones que Pedro Sánchez asegura haber planteado a Pablo Iglesias, o bien de valorar el contenido sustantivo del acuerdo si ese llegaba a producirse, no ha gustado al líder socialista que ha dado por rotas las negociaciones.

Sánchez acusa a Iglesias de maximalista y de perseguir solo su integración en el Gobierno e insiste en que existen demasiadas discrepancias entre ambos, en especial por lo que respecta a la cuestión catalana, mientras que Podemos afirma querer seguir negociando aunque la consulta siga su curso al margen del resultado de las negociaciones. 

La desconfianza y el recelo parecen ser los elementos definitorios de las relaciones entre Sánchez e Iglesias por lo que las posibilidades de lograr la investidura, hoy por hoy, parecen remotas. Más allá de la retórica ninguno de los dos líderes parece apostar por el entendimiento sino por cálculos personales y partidistas. Ninguno parece ser verdaderamente consciente de la grave irresponsabilidad que supone una eventual repetición de elecciones ante el evidente riesgo de desmovilización y desafección ciudadana por lo que constituiría una verdadera dejación de funciones de la que además se acusarían mutuamente para tratar de obtener réditos electorales.

La decisión de Pablo Iglesias de consultar a la militancia de Podemos sobre el sentido de su voto en la investidura de Pedro Sánchez nos retrotrae en el tiempo. En abril de 2016 Iglesias preguntó acerca del pacto PSOE-Ciudadanos a sus bases, que lo rechazaron de forma abrumadora. En aquel momento, la cúpula de Podemos, alentada por la posibilidad del sorpasso al PSOE, afrontaba con optimismo la posibilidad de repetir las elecciones.

En cambio, la situación a día de hoy es sustancialmente distinta. Por un lado, las perspectivas de una posible repetición son bastante menos halagüeñas para Podemos después de encadenar varios malos resultados electorales. Además, la posibilidad de que el espacio político representado por Íñigo Errejón y sus afines aparezca en la arena nacional supone una clara amenaza para ellos.

En este contexto, la dirección de Podemos percibe que su entrada en el Gobierno es quizás la última oportunidad para coger aire, reconstruir el partido y reforzar de paso el liderazgo de Iglesias y Montero. Por su parte, desde la cúpula del PSOE, cuyos resultados (y perspectivas) electorales le conceden una posición negociadora mucho más ventajosa, se insiste en que si la votación de investidura fracasa la próxima semana no habrá más oportunidades.

La dureza de las declaraciones de Sánchez esta mañana pueden interpretarse como un ultimátum y llevarnos a pensar, erróneamente, que el tie break acaba de empezar y se resolverá el 25 de julio. Sin embargo, es posible que se trate simplemente del comienzo del set definitivo y que a la vuelta del verano (antes del 24 de septiembre) algunos actores recapaciten sobre su posición.

Solo un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos permite un programa mínimo suficiente, sería apoyado por sus votantes y podría llevar a otros pequeños partidos a facilitar la investidura. Ello requiere aceptar cinco principios: 1) No existe mayoría políticamente viable sin ese acuerdo. 2) Ir a elecciones es peor: es posible el giro a la derecha y nada sustancial cambiaría con un PSOE con 15 o 20 escaños más a costa de Unidas Podemos. 3) No hay garantía de que terceros partidos aprueben los Presupuestos: quedarán abiertos. 4) Solo el control mutuo que un Gobierno de coalición proporciona puede remediar la enorme desconfianza existente. 5) Negocian equipos solventes fuera del foco mediático.

En un chicken game, unos jugadores responsables acordarían ceder ambos lo suficiente. Incluso si a uno le fuese la vida en no ceder (como se cree en el PSOE respecto de Iglesias), lo racional sería que cediera el otro (uno de los dos equilibrios del juego); si no, es que a él le va la vida también en ello y van al despeñadero. Es probable que veamos una investidura fallida con blame-game de manual en julio. Las vacaciones quizá enfríen los ánimos y favorezcan ejercicios terapéuticos de humildad y aceptación de la realidad.

Las dificultades teatrales para resolver la investidura de Pedro Sánchez tienen poco que ver con ambiciones personales, falta de cultura de coalición o tradiciones atávicas. En un Parlamento hiperfragmentado y afectado por la persistente radiación de la crisis catalana, PSOE y Podemos están negociando lo más complicado: formar una coalición que, en cualquier caso, seguirá en minoría porque no existe un tercer actor que garantice la estabilidad desde fuera. Ese contexto suma lo peor de cada caso: de ser coalición y de estar en minoría.

Sánchez e Iglesias tienen razón cuando reconocen las debilidades del contrario: ni al PSOE las elecciones le dieron una base suficiente para gobernar solo, ni un Podemos en declive parece garantía para sostener el embate de una legislatura endeble. Ahora falta que sepan decodificar también sus propias debilidades: Sánchez difícilmente podrá aplicar al próximo Ejecutivo el estilo personalista que le ha permitido sobrevivir hasta hoy; Iglesias no puede supeditarlo todo a una vicepresidencia que le facilite controlar la refundación de Podemos.

El punto intermedio es una coalición sin Iglesias. Si son racionales, el riesgo de desplome y elecciones anticipadas no es tan elevado porque ambos saben que el 26 de abril a la izquierda no le fue tan bien como se esperaba, y en una eventual repetición de los comicios es probable que le vaya, en conjunto, peor. Es Ciudadanos quien tiene la llave que no puede utilizar.

Las negociaciones para pactar un Gobierno del PSOE en que se integren un par de ministros de la órbita de Podemos, fuera de los sectores más radicalizados de cada electorado, son percibidas por la opinión pública como de muy bajo nivel. Cada formación tiene sus motivos para resistirse a la otra, pero están dirigiendo este proceso de pre-investidura al precipicio de la convocatoria de nuevas elecciones, escenario que resulta desaconsejable.

Desde la perspectiva institucional, España necesita entrar en una etapa de gobernabilidad con un Ejecutivo fuerte que dote de estabilidad a la gestión pública. Políticamente es necesario cerrar la etapa de bronca política que reduzca la polarización del debate público y permita acuerdos de Estado en el medio plazo. Por último, los partidos tienen una la responsabilidad democrática que cumplir una vez que han recibido la confianza del electorado, sobre todo, si quieren evitar una nueva etapa de desmovilización ciudadana.

El Gobierno en funciones ha dejado medidas políticas públicas que solo podrán llevar su sello si logran un pacto con Podemos. Los incentivos de la derecha para colaborar en su puesta en marcha son escasos en la actual situación de pugna por el liderazgo en este bloque.

La negociación para formar Gobierno llega a su ecuador con la tensión al máximo. Conscientes, como deberían ser Unidas Podemos y el PSOE, de que la convocatoria de nuevas elecciones supone asumir un riesgo que podría tener consecuencias catastróficas para el conjunto de la izquierda, la racionalidad invita a poner en marcha todas las estrategias posibles para alcanzar un acuerdo.

El momento actual exige, al menos, tres movimientos: el primero, imprescindible, bajar la tensión. La dinámica de acción-reacción en que ha entrado la negociación no hace sino incrementar la crispación y dibujar un marco de beligerancia que imposibilita cualquier encuentro.

Los acuerdos serían más sencillos de hallar si lo que se debatiera fueran propuestas programáticas concretas en aquellos temas que tienen ambos en común y se pactaran las discrepancias en los asuntos que les diferencian. Tan importante es concretar el acuerdo como pactar el desacuerdo.

Finalmente, llegando al centro del debate sobre los nombres de los ministros, puede merecer la pena cambiar el enfoque: ¿por qué ha de limitarse Iglesias a incorporar a un par de ministros y Sánchez a admitirlos o rechazarlos, cuando ambos podrían intentar consensuar el conjunto? Obviamente es más complejo, pero abre un campo nuevo de discusión donde paradójicamente puede ser más fácil encontrarse. Y sobre todo, genera una dinámica de construcción de confianza que superaría el “nosotros” frente a “ellos”.

En definitiva: rebajar la tensión, discutir sobre lo concreto y construir confianza.

Para pactar una coalición entre dos o más fuerzas políticas (sea ésta de gobierno o gobernabilidad) se requiere de una fase previa de diálogo y negociación. Se necesita tiempo para deliberar y generar ciertos lazos de confianza. Escuchar y ceder. Una coalición productiva es aquella en la que todos ganan, existe un cierto equilibrio de éxitos (evidentemente, en función del peso de cada uno).

Dicen que en España no hay cultura de coalición. Y no es cierto. Desde la recuperación democrática los presidentes han pactado investidura y/o apoyo en la legislatura cuando no han tenido mayoría absoluta. Lo hizo González, Aznar, Zapatero o hasta Rajoy. La diferencia con la actualidad radica en que el sistema de partidos estatal se ha vuelto multipartidista. Los pactos ya no son entre una gran fuerza con otras pequeñas (“periféricas” en su mayoría), sino entre partidos medianos. En este nuevo escenario es lógico que se afiance la idea de coalición gubernamental, como sucede en la mayor parte de países europeos o en las comunidades autónomas con mapas políticos complejos.

Llegados al impasse actual, mi recomendación: menos jugadas maestras y más estrategia política de mirada larga. Paren máquinas y vuelvan a empezar. Piensen que quieren hacer y con quien. Y empiecen el diálogo y la negociación, pero de verdad.

Más allá de las aspiraciones a maximizar la representación ministerial, la dificulta de formar coaliciones está en que estas modifican el peso relativo de cada socio. Con 4 diputados suspendidos por el procés, una coalición PSOE-UP podría sumar 173 síes y 173 noes, a expensas de una abstención de Bildu o Navarra+ en función de la formación de gobierno de la comunidad foral. La desconfianza mutua que está dificultando la formación de una coalición no es por lo tanto irracional, aunque se alcanzase un acuerdo programático. Por una parte, el diseño institucional acrecienta la desconfianza de Podemos: la moción de censura constructiva y el uso de los decretos-ley dan al Presidente de Gobierno una capacidad de actuación que su socio y competidor quiere limitar. Por otra parte, la coalición con Podemos obligaría al PSOE a renunciar a parte de su condición de partido pivote capaz de negociar en geometría variable y aumenta la capacidad de negociación de Podemos en cada ley al hacer más difíciles los acuerdos transversales. Un acuerdo que repartiera carteras para cada partido en terrenos donde no compiten con su socio podría ayudar a hacer el gobierno más viable, cohabitando ministros de Podemos que pudieran negociar con los independentistas con socialistas capaces de entenderse con Ciudadanos.