Bruselas rechaza una iniciativa de Puigdemont para castigar a España

Semana negra para la estrategia exterior del independentismo. El lunes, el Tribunal General de la UE negó el escaño de eurodiputado a Carles Puigdemont y Toni Comín. El martes por la mañana el expresidente catalán no pudo acudir a la concentración ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo por temor a ser detenido, y por la tarde Josep Borrell, reconocido antinacionalista, fue elegido para uno de los altos cargos de la UE. Este miércoles, el golpe ha llegado de la Comisión Europea. Bruselas ha rechazado registrar una iniciativa promovida por el autodenominado Consell de la República y la Asamblea Nacional Catalana para que se aplique a España el artículo 7, el mecanismo para sancionar a los países que violan los valores de la UE, cuya última y remota consecuencia es la pérdida del derecho a voto en el Consejo Europeo. Según reza la petición, su puesta en marcha sería una forma de "ayudar a la mejora de la calidad democrática en España y garantizar los derechos y libertades de las minorías y del conjunto de los ciudadanos españoles".

Las iniciativas ciudadanas europeas permiten instar a la Comisión Europea a tomar posición sobre un asunto tras recoger un millón de firmas en al menos siete países en el plazo máximo de un año. Pero la promovida por los independentistas huidos en Bélgica ni siquiera podrá empezar ese arduo proceso. Bruselas considera que esa herramienta está prevista únicamente para pedir la puesta en marcha de nuevas leyes. Y estima que el objetivo de la propuesta independentista no cumple ese criterio, por lo que queda fuera de sus competencias y no puede admitirla.

En el texto, los soberanistas acusan a España de déficit democrático y falta de respeto a los derechos humanos y las minorías, y reclaman a Bruselas que inicie un procedimiento similar a los abiertos contra Polonia y Hungría.

La petición fue presentada en el club de prensa de la capital belga hace un mes, en un acto en el que tomaron la palabra Puigdemont y Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC. "No es una propuesta contra el Estado español, es a favor de reforzarlo democráticamente", defendió entonces Puigdemont. Durante el evento, se mostraron confiados en que la Comisión Europea la admitiera, pero también dispuestos a acudir al Tribunal de Justicia de la UE si Bruselas ponía impedimentos, como así ha sido finalmente.

Como precedente citaron una iniciativa similar contra el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que la justicia europea obligó a Bruselas a aceptar tras haberla rechazado en un primer momento. Pero incluso aunque la exigencia llegue finalmente a la Comisión Europea, las posibilidades de que la UE ponga en marcha represalias contra España son prácticamente nulas, dado que ha respaldado sin fisuras a los sucesivos Gobiernos desde el comienzo de la crisis catalana.