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Tajani responde a Puigdemont que la entrega del acta de eurodiputado depende de España

El presidente del Parlamento Europeo le explica por carta que no aparecen en la lista remitida por la Junta Electoral Central

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El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, durante la cumbre de la semana pasada en Bruselas. Reuters

A solo cuatro días de que una nueva legislatura eche a andar en el Parlamento Europeo, los intentos de Carles Puigdemont de sentarse en el escaño parecen abocados al fracaso. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, remitió este jueves una carta al expresidente catalán y al exconsejero Toni Comín en la que rechaza tomar partido para que ambos puedan ejercer como eurodiputados, y se atiene a las decisiones de la Junta Electoral Central (JEC). "Parece ser que sus nombres no están en la lista de diputados electos comunicada oficialmente al Parlamento Europeo. En consecuencia, y hasta nuevas notificaciones de las autoridades españolas, no estoy por ahora en posición de tratarlos como futuros miembros del Parlamento Europeo", afirma la misiva.

La Junta Electoral Central no incluyó sus nombres en el listado definitivo que envió a Bruselas, y ratificó hace una semana que Puigdemont, Comín y Junqueras no pueden ser eurodiputados. Los dos primeros, fugados de la justicia española, no acudieron personalmente a acatar la Constitución en el Congreso, como exige la ley, para evitar ser detenidos al pisar suelo español. Pero en paralelo a los fallidos recursos que presentaron en España para que se les permitiera acudir a la sesión constituyente de la Eurocámara el 2 de julio en Estrasburgo, se dirigieron en varias ocasiones al secretario general de la institución, Klaus Welle, el responsable de la comisión jurídica Pavel Svoboda, y al propio presidente Tajani.

La comunicación se realizó a través de al menos tres correos electrónicos enviados por el todavía eurodiputado del PDeCAT Ramon Tremosa. En ellos se adjuntaba la lista de diputados electos publicada por el BOE el 14 de junio —en la que sí aparecen sus nombres—, la sentencia del Tribunal Supremo firmada por el juez Pablo Llarena en la que rechaza levantar la orden de detención contra Puigdemont y Comín, la sentencia del tribunal alemán de Schleswig-Holstein que no vio indicios de alta traición —el delito del Código Penal alemán que más se asemeja al de la rebelión en España—, y una carta en la que ambos exhortan a Tajani a tomar "todas las medidas necesarias" para garantizar "la inmunidad y privilegios de los que disfrutamos como miembros electos del Parlamento Europeo".

Este miércoles, los dos líderes independentistas establecidos en Bélgica se quejaron en un comunicado de que Tajani había ignorado esas cartas, y se dirigieron de nuevo al presidente de la Eurocámara. "Negarse a contestar no evitará una respuesta de las autoridades judiciales europeas ante una grave violación de los derechos fundamentales que pone en riesgo los fundamentos de la democracia europea", advirtieron.

Tras obtener finalmente respuesta, Puigdemont ha criticado el argumento empleado por Tajani insistiendo en que su nombre sí aparece en la lista de electos publicada por el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, el criterio de la JEC es que eso no es suficiente, y para recibir la credencial de eurodiputado es imprescindible acatar la Carta Magna presencialmente. La defensa de los líderes independentistas huidos ha contestado esa obligación señalando que el deber de jurar o prometer la Constitución no existe en otros países de la UE, y fían sus esperanzas a que una sentencia favorable del Tribunal de Justicia de la UE les permita ser eurodiputados.

Demanda en el TJUE

Los abogados del expresidente están estudiando presentar una demanda en contra de Tajani en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), informa Reyes Rincón. Fuentes de la defensa señalaron que el escrito se registrará previsiblemente en los próximos días y se esgrimirán varios argumentos, entre otros, que, desde el momento en que los candidatos se convierten en eurodiputados electos, no se les tiene que aplicar la normativa española sino la europea, que, según los abogados de Puigdemont, tiene una interpretación más extensa de la inmunidad.

Tampoco el eurodiputado electo de ERC Oriol Junqueras, en prisión preventiva acusado de rebelión, podrá tomar posesión el martes, porque el Tribunal Supremo no le ha autorizado a acreditarse para evitar que salga de España. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado consideran necesario que el Supremo consulte al TJUE sobre el alcance de la inmunidad de Junqueras si toma posesión, pero el tribunal se pantea hacerlo a petición de la defensa.

Mientras tanto, el independentismo ha anunciado una concentración este martes frente al Parlamento Europeo para protestar por la ausencia de Puigdemont, Comín y Junqueras. La gran incógnita es si Puigdemont asistirá al acto. El expresidente no ha pisado Francia desde que escapó al exterior debido al temor a que las autoridades judiciales reactiven la euroorden en un país a priori menos favorable para sus intereses. De acudir a Estrasburgo, también podría ingresar en la Eurocámara, aunque solo en condición de invitado, por lo que los siete eurodiputados de Ciudadanos han solicitado a Tajani por carta que lo impida alegando razones de seguridad.

La Defensora del Pueblo europeo rechaza la queja de Puigdemont

La Defensora del Pueblo europeo, Emily O'Reilly, ha rechazado este viernes abrir una investigación sobre la decisión del Parlamento Europeo de denegar la acreditación temporal al expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín. O'Reilly estima que ambos debieron dirigirse primero a la Eurocámara y darle tiempo para responder. Ambos escribiron la carta de protesta solo cinco días después de que el Parlamento Europeo les negara la entrada el pasado 29 de mayo, un plazo que O'Reilly considera insuficiente. Aunque en un principio solo se les denegó la credencial temporal a ellos, finalmente la institución declinó entregarlas a todos los eurodiputados españoles hasta no tener en sus manos la lista definitiva de eurodiputados electos remitida por las autoridades españolas.

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