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La Fiscalía se opone a dejar en libertad a los presos del ‘procés’ una vez acabado el juicio

El ministerio público ve incrementado el riesgo de reincidencia delictiva por lo que dijeron los procesados en su intervención final

El exconsejero Josep Rull durante su intervención en el último día del juicio del procés.
El exconsejero Josep Rull durante su intervención en el último día del juicio del procés.

La Fiscalía pide que los presos del procés sigan en la cárcel hasta que haya sentencia. El ministerio público, en un escrito remitido al Tribunal Supremo, considera que se mantienen las tres razones que han justificado desde el inicio de la causa la prisión provisional contra los procesados por rebelión: la gravedad del delito, el riesgo de fuga y el peligro de reincidencia delictiva. Sobre este último, los fiscales hacen referencia al turno de última palabra que ejercieron los acusados el último día del juicio y en el que la mayoría defendió, aunque con matices, que los hechos por los que están siendo juzgados no son delito.

El escrito de la Fiscalía responde a las peticiones de libertad formuladas por los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn, el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, pero los argumentos del ministerio público son extensibles, en principio, al resto de acusados, algunos de los cuales ya han pedido también la libertad y otros han anunciado su intención de hacerlo.

Según el ministerio público, las razones de la prisión preventiva no solo se mantienen una vez acabado el juicio, sino que se incrementan. Las defensas sostenían que, con el juicio terminado, desaparece el riesgo de que una eventual fuga de los acusados impida la finalización de la vista oral. Sin embargo, la Fiscalía da la vuelta a ese argumento y sostiene que una huida podría suponer la “imposibilidad” de ejecutar la sentencia si finalmente les condenan. El riesgo de fuga, además, según los fiscales, sigue siendo elevado porque hay siete procesados huidos, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, y los acusados gozan de una infraestructura fuera de España.

También se ha incrementado después de la vista, según el ministerio público, el riesgo de reincidencia delictiva, “que se concreta en la actitud permanente de resistencia civil e institucional frente al orden constitucional”. Los fiscales aseguran que esta actitud “se ha acreditado especialmente con la intervención de los acusados al ejercer el derecho a la última palabra”.

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