El abogado de Puigdemont Gonzalo Boye trata de recoger sin éxito el acta de europarlamentario del ‘expresident’

Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha acudido este lunes al Congreso de los Diputados acompañado de un procurador con la intención de recoger las actas de eurodiputado de Puigdemont y el exconsejero Antoni Comín, elegidos por la candidatura de Junts per Catalunya-Lliures per Europa. Una letrada le ha indicado que no era posible y el letrado ha abandonado la Cámara, acompañado por las diputadas de JxCat Laura Borràs y Miriam Nogueras. El representante legal de Puidgemont ha tratado de entregar un acta notarial con el acatamiento de la Constitución "por imperativo legal" del expresidente catalán y Comín, pero la Junta Electoral Central (JEC) no lo ha aceptado. Boye ha amenazado con acudir a la justicia europea. "Se convierte en un asunto de legalidad europea", ha manifestado.

Este mediodía, los eurodiputados españoles que fueron elegidos el pasado 26 de mayo estaban citados para acatar la Constitución, con promesa o juramento, para obtener la condición de parlamentarios. De los 54 electos han acudido 50, ya que Oriol Junqueras no ha sido autorizado por el Tribunal Supremo para que adquiera la condición de eurodiputado. Tampoco lo han hecho Puigdemont y Comín, huidos en Bélgica y con una orden de detención. Josep Borrell, número uno del PSOE a las pasadas elecciones europeas, tampoco ha acudido a efectuar este trámite porque se encontraba cumpliendo obligaciones de su cargo como ministro de Exteriores en funciones.

El acto se ha convocado en una sala del Congreso ante los miembros de la JEC  a quienes corresponde presidirlo y verificar si cumplen los requisitos que les permiten ser eurodiputados y comunicarlo al Parlamento Europeo. Ante las últimas experiencias con formulaciones alejadas de la jura o la promesa, los miembros de la junta han analizado y validado una a una las expresiones que los parlamentarios han utilizado para comprobar que, digan lo que digan, se constata que hay voluntad de acatamiento, según fuentes del órgano de gobierno electoral. A pesar de que ha habido alusiones a "presos políticos", no ha habido referencias a la "legalidad del 1 de octubre", en alusión a la consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, algo que la JEC ha considerado determinante para dar por buenos los acatamientos de los eurodiputados independentistas, según fuentes de la JEC.

La fórmula de acatamiento de la Constitución por “imperativo legal” fue avalada por el Tribunal Constitucional y ya se ha convertido en costumbre que sea utilizada por electos independentistas o de formaciones a la izquierda del PSOE. El debate se ha reabierto después de que el 21 de mayo los parlamentarios de ERC y de Junts per Catalunya, pero especialmente los diputados electos juzgados por el Tribunal Supremo y en prisión preventiva, introdujeran alusiones a la existencia de presos políticos en España. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dio por buenas las fórmulas apoyándose en resoluciones del Tribunal Constitucional y en la aceptación por parte de los presidentes del Congreso y del Senado tras las elecciones de 2016 de frases similares.

No hay intención de dar marcha atrás en la flexibilidad de fórmulas pero los miembros de la Junta Electoral querían constatar que las que se utilicen no dejen duda de que por parte del electo “hay voluntad de acatar la Constitución”, según fuentes de ese órgano. Una vez que se ha producido el acatamiento de los eurodiputados y que la JEC ha dictaminado que han adquirido la condición de eurodiputados, la Junta comunicará al Parlamento Europeo la lista de los miembros que han adquirido la condición de parlamentarios.