El señalado en la trama de la ‘policía patriótica’ que vuelve al Congreso como asesor jurídico
Francisco Martínez, ex 'número dos' de Interior, ha regresado a su plaza de funcionario en las Cortes
Francisco Martínez Vázquez, exsecretario de Estado de Seguridad del PP y uno de los altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy señalados en la trama de la policía patriótica, vuelve al Congreso. El ex número dos de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, funcionario del cuerpo de letrados de las Cortes Generales, ha conseguido ganar una plaza de asesor jurídico en el departamento de Comisiones no Legislativas apenas siete días después de dejar su acta de parlamentario. El puesto salió a concurso el 22 de mayo, un día después de que el exdirigente del PP cursara baja en el Hemiciclo, y se le ha adjudicado el 29. Según consta en el boletín de las Cámaras, es el único aspirante que se ha presentado.
El popular, diputado en la pasada legislatura, se cayó de las listas elaboradas por Pablo Casado para las elecciones generales del pasado 28 de abril. "Yo ya anuncié que dejaba la vida política y que volvía a mi trabajo. Este trámite [del concurso] entra dentro de la normalidad", explica Martínez este martes a EL PAÍS, después de que ya haya sido señalado por supuestos miembros de la brigada patriótica —el grupo de espionaje político creado en el seno de la Policía Nacional durante la etapa de Fernández Díaz como ministro—.
El comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, afirmó que el entonces secretario de Estado de Seguridad estaba al tanto de la Operación Kitchen, el operativo montado en 2013 en Interior sin control judicial para sustraer a Luis Bárcenas documentos comprometedores para el PP durante la investigación del caso Gürtel. Además, Martínez Vázquez firmaba los fondos reservados utilizados para presuntamente pagar al chófer del extesorero para que le robara información. Y, también, el ex número dos del ministro rubricó el permiso de residencia con el Ministerio premió a un confidente venezolano clave en la guerra sucia contra Podemos.
El exdiputado popular, que perdió su aforamiento el pasado mayo, siempre ha negado la trama. "Ni hubo policía política ni ordenamos investigar a Podemos", aseguró en una entrevista en El Independiente, donde apostilló, después de que lo señalase El Gordo: "Los cargos políticos del Ministerio del Interior no dirigen las investigaciones policiales ni ordenan nada sobre las mismas".
Hasta ahora, la investigación judicial sobre la brigada patriótica no ha dado el salto a los altos cargos políticos del PP. Los jefes policiales han ejercido de cortapisa en una trama en la que, entre otros, ya se ha citado como imputados, además de a García Castaño, a los comisarios José Manuel Villarejo, Eugenio Pino,Andrés Gómez Gordo y Marcelino Martín Blas; y a los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano.
Pino, señalado como el presunto muñidor de la policía patriótica, fue el Director Adjunto de la Policía (DAO) durante la etapa de Fernández Díaz. Por encima de él solo estaban Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía —aún senador y por tanto aforado—, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el ministro del Interior.
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