Una investigación por impagos salpica al líder del PSOE en Canarias

El Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto una investigación tras la denuncia presentada por el exconsejero de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Gran Canaria, Fernando Bañolas, por el impago de los cánones por parte de los promotores para la celebración de actos culturales en el pabellón polideportivo Gran Canaria Arena. La denuncia se dirige principalmente al entonces vicepresidente del Cabildo y responsable del área de Deportes, Ángel Víctor Torres, que es también secretario secretario general del Partido Socialista (PSOE) en Canarias y candidato de la lista más votada al Gobierno de Canarias en las pasadas elecciones del 26 de mayo.

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Bañolas denunció la falta de ingresos procedentes de las actividades no deportivas llevadas a cabo en el Gran Canaria Arena durante el pasado mandato, como los conciertos. Muchos promotores, según dijo, no habían pagado más que una señal de 2.000 euros por llevar a cabo los eventos, motivo por el que cifró el agujero en 660.000 euros, frente a los alrededor de 300.000 que el interventor de la institución insular "mantiene congelados a la espera de saber de dónde provienen".

El que fuera consejero llegó a insinuar que "nos dicen por ahí que hay quien daba entradas, parece ser, a cambio de ese dinero adeudado". Aunque aseguró que el momento de la interposición de la denuncia nada tenía que ver con la cercanía temporal de las elecciones autonómicas, lo cierto es que la investigación trasciende en un delicado momento para el PSOE, que trata de llegar a acuerdos para formar gobierno.

Lejos de la situación del presidente del Ejecutivo regional en funciones, Fernando Clavijo, que se encuentra investigado por el denominado caso Grúas, en este caso la Justicia se ha limitado a incoar diligencias. Además, el poder judicial solicita al Instituto Insular de Deportes que certifique "el número de eventos celebrados en el Gran Canaria Arena desde su fundación", así como "las cantidades efectivamente abonadas, las dejadas de abonar, y si hay cantidades para cuya reclamación estaría prescrito el derecho de crédito".

Esto implica que el juez Alberto Puebla pretende ampliar la investigación hasta marzo de 2014, época en la que se inauguró el polideportivo, cuando gobernaba en el Cabildo el Partido Popular (PP) y dirigía el área de Deportes Lucas Bravo de Laguna. En los últimos comicios, resultó elegido diputado del Parlamento canario bajo unas nuevas siglas: las de Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria.

El magistrado también cuestiona si “se comunicó al presidente o al director gerente de la necesidad de iniciar un procedimiento para reclamar lo debido y si se adoptó alguna medida, y de cualquier otra circunstancia que permita valorar si se produjo algún perjuicio económico”.

El PSOE defiende que Torres no se encuentra “investigado”

El Partido Socialista en Canarias ha remarcado a través de un comunicado que su secretario general no ha sido llamado a declarar en calidad de investigado y que en el auto judicial "no se hace referencia a ningún supuesto delito concreto ni a ninguna persona concreta". Además, sostiene que “existe una denuncia política de hechos falsos que solo tienen como objetivo intoxicar el actual momento político en Canarias, como ya hicieron los mismos actores en precampaña y campaña electoral, y una vez ahora que el PSOE ha ganado las elecciones con rotundidad”.

También se refieren los socialistas a las advertencias del interventor, que alertó de un supuesto “descontrol” de los precios públicos al gerente del Instituto Insular de Deportes y al consejero. Al respecto, afirman que “en lo relativo a esos precios, solo informó sobre su establecimiento y, además, únicamente al director gerente, con lo que ese dato relativo a que se le comunicó a Torres no es cierto”. Subraya el partido que la gestión realizada por su candidato a liderar el Gobierno de Canarias es “intachable, actuando siempre en defensa del interés general”.