El fiscal pide cinco años de prisión para la alcaldesa del municipio canario de Telde

María del Carmen Castellano está acusada de malversación, fraude y falsedad en el 'caso Faycan'

La alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, en su llegada al juzgado en noviembre de 2006, cuando era concejala del municipio
La alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, en su llegada al juzgado en noviembre de 2006, cuando era concejala del municipioEFE

La Fiscalía de Canarias ha solicitado cinco años de prisión para María del Carmen Castellano, alcaldesa de Telde por el Partido Popular (PP), Gran Canaria, por delitos de malversación, fraude y falsedad en el caso Faycan. Para un ex alcalde del PP de la misma ciudad, Francisco Agustín Valido, el fiscal pide seis años por cohecho. Ambos, junto a otros concejales y técnicos municipales, armaron una trama para enriquecerse y financiar ilegalmente al Partido Popular de la localidad, según el escrito de acusación del Ministerio Público. Entre otras operaciones, Castellano, entonces concejala, desviaba facturas hacia la Concejalía de Empleo y detraía el dinero de las partidas destinadas a la formación y consecución de empleo.

Exigían comisiones de hasta el 20% a cada una de las empresas a las que adjudicaban obras

La Fiscalía entiende que el entramado tenía como finalidad “financiar el Partido Popular de Telde”, aunque lo considera un “pretexto”, porque el objetivo real era obtener “beneficios para el patrimonio personal” de algunos de los acusados. Los partidos políticos que entonces estaban en el Gobierno y que, según la Fiscalía, a través de la adjudicación de obras públicas se lucraban eran el Partido Popular y CIUCA. Exactamente los mismos que gobiernan ahora, ocho años después, junto a Coalición Canaria. La denuncia que dio origen al caso Faycan es del año 2005, cuando una empresaria de la ciudad puso en conocimiento de la Policía que recibía intentos de soborno por parte de técnicos y concejales del grupo de Gobierno del municipio. En el caso de María Luz Castellano, la denunciante, accedió a pagar un soborno para poder cobrar 98.870 euros que el Consistorio le debía.

La primera denuncia ante la Fiscalía se asegura que la trama funcionaba así: se exigían comisiones en cada una de las obras que adjudicaban, de hasta un 20%, según algunos de los empresarios denunciantes, que declararon de forma coincidente en la fase de instrucción. Se estos, no solo se le cobraba la comisión a aquellos a los que adjudicaban obras, sin negociado ni publicidad previos, también al que osaba a reclamar una factura impagada.

En la trama no todos se manchaban las manos de igual forma. Aunque hay varias figuras indispensables, el cargo de fontanero encargado de desatascar negativas y negociaciones frustradas era Francisco Gordillo Suárez, asesor de la fallecida María Antonia Torres, quien murió durante el proceso de instrucción.

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El trabajo que Gordillo realizaba para la mafia que, según el fiscal, operaba en Telde era clave. Recibía la información de pagos que el Ayuntamiento preveía realizar y antes de que se diera la luz verde, hacía una visita a la empresa en cuestión. Hasta que no se abonara la comisión, no habría pago. Posteriormente, Gordillo, una vez había recibido la comisión, se reunía con los concejales responsables, para darles su parte. Una de ellas, la fallecida María Antonia Torres, según constaba en el sumario, lo iba anotando todo en una pequeña libreta con motivo infantil que sirvió como prueba.

El papel en la trama de María del Carmen Castellano, actual alcaldesa, tampoco fue baladí. Por entonces era la concejala de Desarrollo Local, pero también la presidenta del Partido Popular en la ciudad de Telde. Inflaba facturas destinadas a gastos de escuelas taller y relacionados con la obtención de empleo de los ciudadanos y las desviaba para beneficio propio y también para la reforma de la sede del Partido Popular de Telde. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, de común acuerdo con el dueño de una ferretería local, se remodelaría la sede y las facturas las remitiría el empresario a la Concejalía que comandaba Castellano con el asunto de material fungible, que realmente no era servido al Ayuntamiento pero sí abonado por la arcas municipales. Y el dinero salía específicamente de la partida destinada a la Orientación Profesional para el Empleo, según la Fiscalía. Por ejemplo, el dinero de la barandilla y el pasamano del acceso para minusválidos de la sede del PP también salió del bolsillo de un empresario que había solicitado cobrar una deuda que el Ayuntamiento de Telde le adeudaba.

María del Carmen Castellano, según fuentes cercanas, “no piensa en dimitir como alcaldesa”. Preguntado al respecto, el Partido Popular de Canarias, que preside el ministro José Manuel Soria, guarda silencio. El juicio sigue sin fecha. Para la denunciante que destapó esta presunta trama corrupta que el Fiscal relata en su escrito, se piden seis meses de prisión. A diciembre de 2012, la deuda del Ayuntamiento de Telde ascendía a más de 125 millones de euros y diferentes fuentes apuntan a un posible Expediente de Regulación de Empleo en los próximos meses que afectaría a buena parte de la plantilla. La deuda se gestó durante los años investigados y posteriores.

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