Comienza el primer macrojuicio por corrupción urbanística en Canarias

El primero de los macrojuicios que se celebrarán en Canarias en 2016, junto con el del caso Las Teresitas, ha comenzado este martes con la primera sesión del denominado caso Arona que sentará en el banquillo a 13 acusados y contará con 262 testigos. Entre los acusados hay empresarios, funcionarios, arquitectos y la totalidad del grupo de Gobierno de Coalición Canaria encabezados por el exalcalde José Alberto González Reverón, para el que la fiscalía solicita tres años de prisión, 35 de inhabilitación y una multa de 20.000 euros por varios delitos de prevaricación, prevaricación urbanística y tráfico de influencias. Las defensas han coincidido en solicitar la nulidad de las actuaciones. Entre otros aspectos, los letrados han alegado "falta de imparcialidad" en el juez instructor o la falta de garantías en las grabaciones y escuchas telefónicas.

Debido a la magnitud del caso, se ha destinado un tribunal especial durante las 11 semanas previstas para el juicio oral, con tres sesiones semanales. El caso Arona aborda la mayor causa judicial de la historia reciente del Archipiélago en la que se juzga una trama de corrupción cometida presuntamente por el grupo de Gobierno local entre 2003 y 2007, con más de 205 licencias municipales concedidas de forma irregular, así como el pago de comisiones, lo que dejó al municipio exhausto y prácticamente en bancarrota y puso a Arona, una de las ciudades turísticas más importantes, como máximo paradigma de la corrupción en Canarias.

Una inmensa trama de corrupción

La denuncia que dio origen al caso fue interpuesta por el entonces concejal socialista Francisco García Santamaría, el 17 de enero de 2007. En ella se acusaba de posibles delitos urbanísticos y posibles delitos contra la Ordenación del Territorio, prevaricación continuada y tres delitos de prevaricación al que fuera alcalde, José Alberto González Reverón, y a su equipo de Gobierno.

Desde ese momento se puso en marcha una investigación que ha devenido en más de 60 tomos de sumario y que se ha ido ampliando a raíz de otras denuncias como las del letrado Felipe Campos. Según obra en el auto en el que se imputa a los acusados, desde el 9 de enero de 2004 al 17 de noviembre de 2006 votaron sistemáticamente a favor de la concesión de licencias municipales para la ejecución de obras, reforma de viviendas o la demolición y construcción de edificios con el informe desfavorable de los técnicos municipales.

Acusados

Son 13 los acusados que se sentarán el banquillo, comenzando por la cabeza visible de la trama, el exalcalde González Reverón. A Manuel Barrios, del Centro Canario Nacionalista (CCN) y estrecho colaborador de Reverón, se le acusa de un delito continuado contra la ordenación del territorio (prevaricación urbanística) y un posible delito continuado de prevaricación, por los que se le piden dos años de cárcel y 10 de inhabilitación. Los mismos que al resto de los que formaban parte del Gobierno de Arona: Sebastián Martín (CC, ya fallecido), Daniel Martín Martín (CAN), José Luis González (CAN), Alfonso Barroso (CC), Juan José Alayón (CC) y Félix Sierra (PP).

En el banquillo también se sientan los arquitectos Zenón Rodríguez, Antonio Luis González y Jorge Menéndez, para los que la fiscalía reclama cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercicio profesional debido a que, según la fiscalía, pagaron para poder obtener licencias urbanísticas.