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Un juez investiga 200 licencias del municipio tinerfeño de Arona

La Policía Judicial reclama en el Consistorio las adjudicaciones y expedientes urbanísticos

Agentes de la Policía Judicial se personaron ayer en el Ayuntamiento de Arona (Tenerife) con una orden judicial y solicitaron información sobre 200 licencias urbanísticas y más de 80 contratos adjudicados directamente por si hubiera indicios de un delito de prevaricación continuada y masiva al menos en los últimos dos años. El juzgado investiga una denuncia según la cual el Consistorio, gobernado por Coalición Canaria, adjudicaba obras y licencias a un grupo de empresas en contra de los servicios jurídicos municipales.

La causa la instruye el Juzgado número 8 de Arona. Los principales implicados en esta presunta trama son el alcalde, González Reverón, y el concejal de Urbanismo, a la vez responsable del Plan Director Municipal, Manuel Barrios, que durante años fue alcalde de Arona por el CDS. Los agentes de la policía judicial solicitaron ante el ayuntamiento tinerfeño los expedientes administrativos de todas estas licencias y contrataciones. El alcalde, José Alberto González Reverón (de Coalición Canaria), aseguró a Efe estar "limpio" y ha convocado una rueda de prensa para hoy.

La denuncia ante la Fiscalía la presentó a principios de año el portavoz socialista en la oposición de Arona, Francisco García Santamaría, quien advirtió irregularidades en la concesión continuada de licencias urbanísticas para centros comerciales, viviendas y establecimientos hoteleros y extrahoteleros. Según García, Santamaría, la junta de Gobierno adjudicó estas licencias y obras "con el informe desfavorable de los propios servicios jurídicos municipales" y además, con "una advertencia del secretario municipal sobre las posibles irregularidades y responsabilidades penales" derivadas de estas decisiones.

Respecto a las más de ochenta adjudicaciones directas de obras municipales, la denuncia se centra en aquellas concedidas sistemáticamente un grupo de tres empresas, cuyos pagos se fraccionaban en cantidades menores a 12.000 euros. Al fraccionar los pagos, se eludía la necesidad de convocar un concurso público. Las tres empresas están relacionadas con cargos de Coalición Canaria, Partido Popular y Centro de Arona Nacionalista, informa Efe.

Fuentes de la dirección regional de los nacionalistas canarios se pronunciaron con "mucha cautela" sobre este caso y advirtieron que la investigación "es similar" a la que la Justicia lleva en otros ayuntamientos socialistas de Tenerife, entre los que citaron Granadilla de Abona, Adeje y Guía de Isora.

El alcalde, limpio

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Una vez entregada la documentación, González Reverón declaró que "ahora será el juez el que la estudiará y decidirá si existe alguna ilegalidad", aunque el regidor calificó como "disparate" que se investigue a todos los ayuntamientos de España, que, matizó, "han podido cometer errores, pero no ilegalidades".

Arona es un municipio con 69.000 habitantes a 81 kilómetros al sureste de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, sus poco más de 80 kilómetros cuadrados de superficie concentran, sobre todo en su costa, y allí alberga uno de los mayores imperios turísticos de todo el país, un núcleo conocido como Playa de Las Américas. Este complejo concentra una gran oferta turística de todas las categorías de alojamientos y una enorme oferta de ocio para millones de turistas que acuden de Reino Unido, Península y Alemania.

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