El juez halla indicios de prevaricación en decisiones urbanísticas del alcalde de Arona
Las imputaciones afectan a una treintena de excargos del Ayuntamiento canario
El Juzgado de Instrucción número 2 de Arona (Tenerife) ha abierto diligencias previas contra el alcalde, José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, al que se le imputan varios delitos relacionados con la ordenación urbanística además de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se desprende que de las diligencias de investigación ha quedado acreditada, en relación con Reverón y de otros 30 imputados que conformaron la junta de gobierno del Ayuntamiento de Arona desde 2003 a 2007, la comisión de un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
El regidor, de Coalición Canaria, gobierna con mayoría absoluta
El juez observa indicios de prevaricación en la actuación de los miembros del gobierno local, quienes votaron "sistemáticamente a favor de la concesión de licencias municipales para ejecución de obras, reformado de obras, demolición y licencias de primera ocupación" a pesar de los informes desfavorables tanto de los técnicos del Servicio de Urbanismo como del secretario.
Según el auto judicial, las investigaciones preliminares han acreditado la comisión de un presunto delito continuado de tráfico de influencias y prevaricación por parte del alcalde, quien presuntamente favoreció a su primo Manuel Reverón González, edil de Coalición Canaria desde 2007 en el consistorio aronero.
El auto judicial describe cómo Manuel Reverón González, primo del regidor, construyó en 2001 una vivienda ilegal de la zona de Buzanada, por lo que fue sancionado con una multa de 150.000 euros y la orden de demoler la construcción, pero el alcalde "trató de influir en su compañera de partido, María del Pino de León, consejera de Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife, a fin de conseguir que la sanción impuesta no se llevase a la práctica".
El abogado que denunció el caso, Felipe Campos, espera que se celebre pronto el juicio y se "castigue el desastre que han realizado en este municipio". El caso Arona ha tenido una honda repercusión en Canarias, pero ello no ha impedido que Reverón sea alcalde con mayoría absoluta.
El caso Arona dura ya cuatro años. Se destapó tres meses antes de las elecciones municipales de 2007. A finales de 2006, el Partido Socialista de Canarias (PSC) puso en conocimiento de la fiscalía los expedientes relativos a la concesión de unas 200 licencias de obras permitidas a pesar de los informes desfavorables por parte de los servicios jurídicos y de la secretaría, además de unas 80 contrataciones de obras públicas también, al parecer, con el informe contrario de Intervención. En la localidad al sur de la isla de Tenerife ya regía el mismo equipo de Gobierno.
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