El Supremo actuará contra el senador Miguel Zerolo por malversación

El senador de Coalición Canaria Miguel Zerolo se enfrenta a su tercera causa penal por su actuación como alcalde de Santa Cruz de Tenerife, cargo que ocupó entre 1995 y 2011. El magistrado Juan Ramón Berdugo ha propuesto a la Sala II del Tribunal Supremo pedir el suplicatario al Senado para investigar a Zerolo por prevaricación y malversación de fondos en relación con la compra de once parcelas en la playa de Las Teresitas, operación que supuso un perjuicio a las arcas municipales tinerfeñas de 6.570 millones de pesetas (39 millones de euros) en el año 2001.

El auto del magistrado instructor, de seis páginas, recuerda que en el momento de los hechos Zerolo era vocal del consejo de administración de Caja Canarias. Esta entidad había otorgado un préstamo de 5.500 millones de pesetas para la compra de las parcelas en este espacio natural de interés turístico. Sin embargo, en aquel momento, Zerolo, que había hecho de Las Teresitas un eje de sus campañas electorales, no mostró interés alguno en esta operación.

En enero de 2001, pese al desinterés mostrado anteriormente, Zerolo acordó la compra de las parcelas, de 10,9 hectáreas por un precio de 8.750 millones de pesetas (52,7 millones de euros), cuando el valor de tasación de las fincas, según los peritos judiciales y la arquitecta municipal, era de 2.536 millones. A esta cantidad había que restar 355 millones de pesetas que correspondían a una finca que dentro del mismo espacio pertenecía ya al consistorio tinerfeño. El valor real de las once parcelas era, por lo tanto de 2.180 millones. Según el magistrado Berdugo, Zerolo “perjudicó a las arcas municipales en 6.570 millones de pesetas”.

Esta operación permitió a un consejero de Caja Canarias, Ignacio Manuel González Martín, obtener una plusvalía de 19 millones de euros. En realidad, el conjunto de las parcelas, por las que se pagarón los 52,7 millones, pertenecían al propio Ayuntamiento, según datos aportados a la causa por el consistorio.

En 1998, el empresario y expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio Manuel González Martín, adquirió 298.000 metros cuadrados del frente de playa de Las Teresitas, a través de la sociedad Inversiones Las Teresitas S.L., creada para tal fin y por un importe de 33,7 millones de euros, financiado por un crédito concedido por Caja Canarias. A González Marín no le costó mucho tramitar aquel crédito. Pertenecía al consejo de administración de la caja, al igual que el propio alcalde de Coalición Canaria, Miguel Zerolo.

En septiembre de 2001, y sin haberse realizado construcción alguna en el frente de playa, el consistorio compró a Inversiones Las Teresitas parte de las parcelas del frente de playa por 52,7 millones de euros. Es decir, que los empresarios Ignacio Manuel González y Antonio Plasencia, a la sazón presidente de la Federación de Constructores de Santa Cruz de Tenerife, se embolsaron ya un beneficio de 19,6 millones de euros. Toda la operación se llevó a cabo por parte del Ayuntamiento ignorando los informes técnicos municipales que advertían que el precio que los empresarios fijaron para el suelo era tres veces superior al real. La operación se realizó, según se ha sabido ahora, cuando el Ayuntamiento ya sabía, desde dos años antes, que esas parcelas eran de su propiedad pese a que no estaban inscritas.

Zerolo ha tenido otras dos causas ante el Supremo. Por la primera de ellas, fue condenado por la Sala II el pasado mes de julio a ocho años de inhabilitación por prevaricación en la concesión de unas obras de acondicionamiento de un edificio municipal, el antiguo instituto García Cabrera, en el año 2003.

El tercer caso, aún abierto, es el que investiga el Supremo por un presunto delito de cohecho en relación al denominado 'caso Forum'. Está pendiente de fijarse la fecha de la declaración de Zerolo ante el instructor de esta causa, que es el magistrado Andrés Martínez Arrieta. El Supremo ha admitido la personación de Izquierda Unida como acción popular en esta causa. El magistrado Martínez Arrieta deberá fijar una fianza para que la organización política pueda ejercer la acusación.