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Las 27 facturas millonarias de Villarejo para evitar una extradición

La contabilidad del comisario refleja el cobro de más de 6,6 millones a la empresa de dos de los últimos detenidos

Villarejo en los juzgados de Plaza de Castilla.
Villarejo en los juzgados de Plaza de Castilla. EL PAÍS

La mitad, a la firma del contrato. El resto, en cuotas mensuales durante un año. El comisario jubilado José Manuel Villarejo cobró, a través de dos empresas de su entramado societario, una minuta millonaria a dos de los cinco detenidos el pasado miércoles en la Operación Tándem en la que se investigan las actividades ilícitas del policía. Los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura contrataron en abril de 2016 al policía presuntamente para que utilizara sus contactos en evitar que la Audiencia Nacional extraditara al primero de ellos a Guatemala, cuya justicia lo reclamaba por el supuesto pago de comisiones ilegales.

La Fiscalía Anticorrupción cree que por este trabajo —por los que también fueron arrestados los empresarios Adrián de la Joya y Francisco Javier Soucheiron, y el abogado Enrique Maestre—, Villarejo iba recibir 10 millones de euros. En el sumario figuran, al menos, 27 facturas presentadas a lo largo de 12 meses por Villarejo por aquellos servicios. Tres reflejan importes superiores al millón de euros, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En total, suman 6,6 millones. De esta cantidad, más de la mitad la cobró el día de la firma del contrato con el que supuestamente camufló los pagos como “asesoría”. Entonces, el comisario aún era un policía en activo.

La petición de extradición de Ángel Pérez-Maura llegó a la Audiencia Nacional el 14 de abril de 2016. Las autoridades guatemaltecas acusaban al empresario español de haber pagado 30 millones de dólares (28,6 millones de euros) al que entre 2012 y 2015 había sido presidente del país, Otto Pérez Molina, y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti —recientemente condenada a 15 años de cárcel por corrupción— a cambio de la adjudicación del contrato para la construcción y explotación de una terminal de contenedores en un puerto del país. Solo dos semanas después de llegar la orden de extradición, el empresario y el comisario firmaban un acuerdo por el que Stuart & McKenzie y el Grupo Cenyt, empresas de Villarejo, prestarían diversos servicios a la naviera A. Pérez y Cía, SL, sociedad en la que Ángel Pérez-Maura era consejero delegado.

Por el acuerdo, el policía, además de intentar impedir la extradición del empresario, debía conseguir la puesta en libertad de un empleado español de Pérez-Maura detenido en Guatemala. Finalmente, la Audiencia Nacional denegó la extradición, ya que el acuerdo con el país centroamericano no obliga a entregar a los nacionales y los delitos de los que se acusaba al directivo español no acarreaban penas elevadas.

El mismo día de la firma del contrato, las dos empresas de Villarejo cursaban las primeras facturas, las de mayor importe. Así, Stuart & McKenzie emitía una por 1,45 millones, IVA incluido, por la “defensa legal ante procedimiento judicial en Guatemala”. También el 28 de abril, el Grupo Cenyt emitía la suya por 2,18 millones por “asesoramiento en inteligencia corporativa y análisis de información en España, Guatemala y Estados Unidos”. En esa época, Cenyt facturaba todos los meses al BBVA 60.000 euros, en una vinculación que también se investiga en el caso Villarejo.

Honorarios jurídicos

Tras esos dos primeros pagos, que representaban el 55% del total, ambas sociedades facturaron con regularidad mensual diversas cantidades durante un año. Así, el 12 de mayo, el Grupo Cenyt presentó a la naviera un cargo de 87.120 euros en concepto de “honorarios por servicios profesionales de asesoramiento”. Ese mismo día el bufete lo hacía por 58.080 euros. En su caso, “por prestación de servicios jurídicos”. Esta dinámica se repitió durante once meses más en los que Stuart & MacKenzie emitió otras tantas facturas, siempre por el mismo importe.

Sin embargo, el comisario incrementó en varias ocasiones la cantidad de las facturas del Grupo Cenyt e, incluso, emitió dos en un mismo mes, febrero de 2017. Una de ellas, por 1,2 millones bajo el concepto “prima de éxito”. En otras incluía cargos extra de hasta 6.500 euros justificados como “pago extraordinario [a] [DE]colaboradores [en] Barcelona aprobado por cliente”. Las 14 facturas del Grupo Cenyt suman cerca de 4,46 millones de euros. Las 13 de Stuart & McKenzie, 2,15 millones. En total, más de 6,6 millones de euros en solo un año. En noviembre de 2017, solo siete meses después de emitir las últimas, Villarejo era detenido. Desde entonces, está en prisión.

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