La Audiencia Nacional sitúa a Villarejo y García Castaño en una “organización criminal”

La Audiencia Nacional considera que los comisarios jubilados José Manuel Villarejo, actualmente en prisión, y Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, mantenían una colaboración en el negocio de informes confidenciales que “presenta los caracteres de una organización criminal”. En un auto —resolución razonada— emitido este miércoles, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia rechaza la petición de García Castaño de que la investigación que pesa sobre él sea desvinculada de la que mantiene a Villarejo en la cárcel. “Las fuentes de prueba son fundamentalmente las mismas” y la investigación ha revelado que la colaboración entre ambos mandos policiales “no era puntual”.

El auto recuerda que García Castaño supuestamente facilitaba a Villarejo medios técnicos y datos a los que tenía acceso como máximo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el grupo policial encargado de actuaciones especiales de vigilancia, como la colocación de micrófonos y balizas a delincuentes o entradas subrepticias en domicilios. Esta información era incluida por Villarejo en los informes que realizaba para terceros a cambio de dinero. Ambos policías se repartían presuntamente los beneficios que reportaba aquella actividad ilegal.

El tribunal que revisa las decisiones del juez Manuel García-Castellón, instructor del macrosumario del caso Villarejo, basa sus apreciaciones sobre la naturaleza de los negocios de ambos comisarios en un informe de junio de 2018 de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. En una conversación recogida por esta división, Villarejo pide a García Castaño una grabadora digital y un programa sobre datos de llamadas telefónicas. Según el auto, en esa misma charla ambos amigos “hablan de la posible compra de una vivienda por parte de García Castaño en la que aportaría Villarejo nueve millones [de pesetas, 54.000 euros] en negro”.

En aquella conversación, de febrero de 2005, y cuya grabación fue encontrada por Asuntos Internos en la casa de Villarejo en Boadilla del Monte (Madrid), ambos agentes hablan de posibles formas de seguir obteniendo información una vez que García Castaño cesara en su cargo de jefe de la UCAO, lo que sucedió en junio de ese año. Entre otros asuntos, hablan de llevarse grabadoras y micrófonos. En julio de 2005, los mandos hablan de “estructurar un poco la cosa”, en relación a su colaboración.

“Tenemos unos añitos para arañar un poco de pasta”, dice Villarejo en ese audio. El policía habla de colaborar con un tal Bonilla y “cuatro de su gente” y pagarles “un kilo al mes para cuatro tíos, dos por la mañana y dos por la tarde”.

La colaboración entre ambos mandos de las llamadas cloacas del Ministerio del Interior se desarrolla, explica el auto, entre los años 2012 y 2014, en los llamados proyectos Iron y Land. El primero trataba de una investigación para el despacho de abogados Herrero y Asociados sobre letrados que abandonaron el bufete. El segundo supuso la colaboración de Villarejo con Susana García-Cereceda, hija del promotor de la lujosa urbanización madrileña La Finca, en plena lucha por la herencia de este.

Este hecho pone definitivamente de manifiesto, para el tribunal, “la colaboración estable entre García Castaño y Villarejo, prolongada a lo largo del tiempo, no puntual”. Ello, según la sala, desaconseja separar las investigaciones sobre ambos comisarios, pues produciría retrasos y dificultaría la instrucción.