Elecciones valencianas: el Gobierno de izquierdas del Botànic contra la nueva derecha

Si en Europa se pone el ejemplo de Portugal por la estabilidad entre los partidos de izquierda en el Gobierno, en España se señala a la Comunidad Valenciana por las mismas razones. En cuatro años, la mayor discrepancia entre los socios de la Generalitat, PSOE y Compromís, en el Govern del Botànic, ha sido el adelanto de las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales del 28 de abril. Ahora, los liderazgos del presidente y vicepresidenta, Ximo Puig y Mónica Oltra, se enfrentan a un bloque de la derecha con un renovado cartel electoral: Isabel Bonig (PP), Toni Cantó (Ciudadanos) y José María Llanos (Vox).

Con el apoyo parlamentario de Podemos, ahora liderado por Rubén Martínez Dalmau, la izquierda acabó en 2015 con dos décadas de hegemonía del PP y convocó el primer adelanto autonómico de la historia de la Comunidad Valenciana. En realidad, fue el socialista Ximo Puig, quien lo decidió en marzo para "visibilizar el problema valenciano", en contra de la opinión de Mónica Oltra, de la coalición valencianista. Está por ver si el posterior "pelillos a la mar" dejará resaca en la relación entre ambos. De momento, las fuerzas de izquierdas reiteran su deseo de repetir el Acuerdo del Botànic (cuyo nombre procede del jardín universitario donde se selló) si es necesario, dada la extrema dificultad de alcanzar mayoría absoluta como consecuencia de la fragmentación política.

Los socios salen a ganar, pero sin que corra la sangre entre ellos por tres razones: preservar el activo de su gestión; evitar una lucha encarnizada como la que se vio en las últimas elecciones andaluzas, porque consideran que inhibe al votante de izquierdas, y preparar el terreno para una eventual negociación.

El viento de los sondeos sopló en contra del Botànic desde otoño, pero las últimas encuestas apuntan a que las tres fuerzas podrían volver a sumar y a que el PSPV-PSOE se convertiría en el partido más votado, algo que no sucede desde la victoria del expresidente socialista Joan Lerma en 1991. En la mejora de las expectativas ha influido, además del posible efecto Pedro Sánchez que buscó Puig, el pacto de Podemos y Esquerra Unida para concurrir juntos, lo que parece descartar el peligro de que ambos se queden fuera de las Cortes Valencianas al no alcanzar el 5%, como le sucedió a EU en 2015. Los últimos sondeos, como el del CIS, dan una ventaja ligera a la izquierda y dejan al bloque de derechas más cerca de lograr la mayoría absoluta en las Cortes Valencianas que en el Congreso de los Diputados. PP, Ciudadanos y Vox han manifestado su disposición a repetir un acuerdo a la andaluza.

La izquierda cuenta con dos líderes consolidados, Puig y Oltra, que repiten como cabezas de cartel. Y un tercero, el profesor de Derecho Constitucional Rubén Martínez Dalmau, persona cercana a Pablo Iglesias, que acaba de coger las riendas de Unides Podem. La derecha, por el contrario, ha renovado a sus principales cabezas de lista desde la cita de 2015. Alberto Fabra lideraba al PP de entonces, que volvió a ganar las elecciones, a pesar de que no dejaban de sumarse escándalos de corrupción a los ya conocidos de Gürtel y Brugal. Para la izquierda y muchos analistas, las redes clientelares tejidas a lo largo de 20 años explicaban el suelo electoral del PP valenciano que, en cualquier caso, consiguió una identificación de buena parte de la sociedad con el partido. Pero los 31 diputados y 650.000 votos de Fabra no le sirvieron para gobernar y se quedaron lejos de los 54 escaños (la mayoría absoluta se sitúa en los 50) y 1,2 millones de papeletas que cosechó Francisco Camps en mayo de 2011, dos meses antes de dimitir por el caso Gürtel.

Ahora ha cogido el testigo del PP Isabel Bonig, que se definió en su día como "la Thatcher de la Vall d'Uixó", el pueblo de Castellón del que fue alcaldesa, y ha multiplicado su actividad para darse a conocer. Bonig trató de mantener en las primarias del PP una actitud neutral y no apoyó públicamente a ningún candidato, aunque miembros de su equipo se decantaron por Soraya Sáenz de Santamaría frente a Pablo Casado. Bonig se ha esforzado en limar asperezas apelando a su cercanía ideológica, lo que no ha impedido que matizara las propuestas más recentralizadoras de Casado. No en vano, el PP valenciano llegó a confundirse con la Generalitat durante su largo mandato.

El principal lastre de Bonig sigue siendo el pasado. Tres de los cuatro presidentes del PP de la Generalitat están imputados en varias causas judiciales: Francisco Camps, José Luis Olivas y Eduardo Zaplana, que estuvo ocho meses en prisión provisional y al que la Fiscalía Anticorrupción acusa de ocultar 20 millones en el extranjero. La semana pasada fue detenido el cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín, por una presunta trama de comisiones en el Ayuntamiento. Y el lunes arranca otro juicio contra el exconsejero popular Rafael Blasco por el saqueo de fondos de cooperación.

También ha cambiado de cartel Ciudadanos. Ha pasado del perfil ecologista y casi socialdemócrata de Carolina Punset, hija del conocido político y divulgador científico Eduardo Punset, al tono más duro y liberal de Toni Cantó. El actor sigue la estrategia andaluza de su partido de denunciar "chiringuitos" públicos y propone la eliminación de consejerías y la televisión autonómica.

Coinciden las tres formaciones de centro-derecha en enarbolar el anticatalanismo. Un discurso emotivo que fue muy eficaz y popular, sobre todo en Valencia, desde los años de la Transición y que ahora se ha rescatado a raíz del procés. "Si no paramos el nacionalismo nos vamos a convertir en Cataluña", repiten a modo de mantra como crítica al Govern del Botànic.

Este defiende su gestión de estos cuatro años, que describen como honrada y volcada en la agenda social, con banderas como la reversión de la privatización sanitaria en el departamento de Alzira —y puede que antes de elecciones también en el de Dénia—, la gratuidad de los libros de texto y la contratación de 6.000 profesores.