Las hijas de Laureano Oubiña reclaman al Estado 7,5 millones de la venta del Pazo de Baión

El icono del blanqueo en España va camino del Tribunal de Estrasburgo, después de casi 30 años de avatares judiciales

El Pazo de Baión en 2006, antes de ser subastado.
El Pazo de Baión en 2006, antes de ser subastado.LALO R. VILLAR

Fue el primer y mayor decomiso a un narcotraficante en España y uno de los procesos que más sentencias acumula desde que en 1990 el Pazo de Baión fuese embargado por la Audiencia Nacional a Laureano Oubiña y su mujer Esther Lago, ya fallecida, que era la titular de las acciones. Después de múltiples avatares judiciales, el Estado vendió en 2008 la propiedad por 15 millones de euros pero las hijas del famoso excapo gallego reclaman la mitad como herederas de su madre porque esta falleció sin haber sido condenada por narcotráfico.

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El abogado de Esther y Lara Oubiña da por hecho que el asunto lo van a perder en España, pero cree que hay posibilidades de ganarlo en Estrasburgo. Estanislao de Kostka Fernández explica que “lo que se pretende no es recuperar la propiedad del pazo, que es de un tercero de buena fe, sino el 50% de su valor que el Estado debería pagar a las hijas de Laureano Oubiña si Estrasburgo así lo decide”.

“Se trata de que reconozcan los derechos hereditarios de las hijas de Esther Lago, que murió sin ser condenada, porque la venta se hizo saltándose todas la leyes y como una operación de marketing político y judicial, para contentar a las asociaciones antidroga”, señala el letrado coruñés.

Las hermanas Oubiña-Lago emprendieron su propia cruzada cuando alcanzaron la mayoría de edad, tratando de evitar la venta de la finca, el mayor latifundio de Galicia dedicado al cultivo de vino albariño. El asunto estaba en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo cuando en enero de 2008 el Plan Nacional sobre Drogas había iniciado la venta de la finca, lo cual obligó a paralizar el proceso cuando las tres empresas que optaban a la adjudicación ya habían presentado sus ofertas.

En medio de la confusión, una rápida y oportuna sentencia logró reconducir la situación. En ella, el tribunal europeo desestimó las pretensiones de las demandantes porque no habían agotado todas las instancias judiciales en España. Así, las hijas de Oubiña partieron de cero hasta llegar al Supremo, pero no han conseguido que le reconozcan los derechos hereditarios que reclaman, por lo que ahora lo intentan en el Tribunal Constitucional, y si este también los rechaza recurrirá a Estrasburgo.

“No me cabe la menor duda de que sufren una clara vulneración de su derecho a recibir la herencia, dado que se decretó el comiso de un bien cuya titularidad les correspondía al 50 % por título hereditario, sin que nunca haya sido condenada la madre, lo cual es claramente anticonstitucional", defiende el abogado. Incide, además, en el hecho de que “ni el juzgado de Pontevedra, ni la Audiencia Provincial, ni el Tribunal Supremo hayan querido entrar en el fondo de la cuestión, limitándose todas las resoluciones de forma sorprendente a hablar de la institución jurídica del comiso del pazo”.

El recurso plantea que a las hijas de Oubiña se les "expropió sin pago" el 50 % de la propiedad, y subraya como “sorprendente” el hecho de que el Ministerio Fiscal no pidiera responsabilidad civil alguna frente al patrimonio de Esther Lago. Una circunstancia que determinó que su patrimonio no estuviese en el procedimiento penal para decomisar el pazo que finalizó mediante sentencia de 31 de enero de 2002 de la Audiencia Nacional, en el que a Laureano Oubiña le decomisaron el otro 50% para el pago de las responsabilidades civiles como condenado por narcotráfico.

Esta enorme mansión con 28,7 hectáreas de terreno perteneció a varias generaciones de aristócratas y terratenientes hasta que en 1987 cayó en manos de Oubiña y Lago que lo compraron por 1,6 millones de euros. Pero la proyección social del matrimonio, en régimen de separación de bienes, duró poco tiempo. En junio de 1990 ambos fueron detenidos en el contexto de la operación Nécora, mientras el pazo era tomado por la Policía y el entonces juez instructor Baltasar Garzón decretaba la administración judicial de la finca que estaba a nombre de dos empresas panameñas.

Seis años después, en un registro en casa de los Oubiña se encontraron acciones al portador del pazo a nombre de Esther Lago, la prueba fundamental que faltaba para iniciar su expropiación. Pero

diez meses antes de celebrarse el juicio, Lago falleció en un accidente de tráfico. La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional no solo se había quedado sin el principal acusado, sino que decidió retirar la acusación contra Oubiña el mismo día de comenzar la vista.

Familiares del matrimonio, un abogado y dos empresas panameñas fueron condenados como testaferros en la compra del pazo y este pasó a manos del Estado con una sentencia firme del Supremo. “La venta fue una ganga y el Estado lo malvendió”, había dicho desde la cárcel Laureano Oubiña.

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