El narco Oubiña no encuentra banco que le abra una cuenta

Tras su salida de la cárcel en marzo pasado, Laureano Oubiña no ha puesto fin a su batalla judicial después de 30 años cumpliendo varias condenas como el mayor transportista de hachís de la década de los noventa en España. Su frente ahora está en las entidades bancarias a las que ha denunciado en la Audiencia Nacional porque ninguna le ha dejado abrir una cuenta para cobrar su pensión no contributiva de 368,90 euros.

En un escrito de queja dirigido al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (del que depende mientras no se extinga su última condena por blanqueo de dinero) el narcotraficante pide que la Fiscalía y el Banco de España requieran a los bancos para que expliquen las razones por las que sistemáticamente se han negado a cursar su solicitud “que afecta gravemente a mi reinserción social como todavía penado en libertad condicional”, afirma Oubiña.

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Explica que en su peregrinaje por cuantas sucursales bancarias hay en la comarca de Arousa (donde reside), siempre le decían lo mismo, que “hay un error en el sistema”, porque cuando introducen su nombre y DNI en el ordenador este se bloquea de forma automática. “Nadie sabe explicarme qué está pasando, por qué rechazan mi solicitud o si hay un virus informático con mi nombre”, denuncia Oubiña.

“Con su inexplicable actitud de negarse a abrirme una cuenta corriente, las entidades financieras impiden y vulneran mis derechos civiles, sociales y económicos por lo que acudo al juzgado para que corrija esta vulneración que impide el normal desenvolvimiento del tratamiento resocializador”, reclama el narcotraficante. Laureano Oubiña, que no descarta recurrir al Defensor del Pueblo, aporta en su denuncia copia de las reclamaciones que presentó en las cuatro principales entidades españolas de las que todavía no ha obtenido respuesta, y un certificado de la Seguridad Social conforme es beneficiario de una pensión no contributiva.

Además, Oubiña que ya ha cumplido 71 años, aclara que la Seguridad Social le ingresa puntualmente su pensión en una cuenta bancaria a nombre de una de sus hijas, “lo cual”, dice, “está creando una situación completamente irregular”. “¿Es esta la reinserción de los presos?”, se pregunta Oubiña con cinco condenas a sus espaldas. Y lamenta que “los mismos bancos que en otro tiempo me sacaban la alfombra roja me nieguen ahora un derecho que no afecta a mi condena pero sí me impide rehacer mi vida después de saldar mis cuentas con la justicia”.

El juez José Luis Castro ya ha dado traslado de la denuncia de Oubiña a la Fiscalía para que determine quién es competente en la Audiencia Nacional para investigar los hechos, si el juzgado que instruyó la última causa contra el narcotraficante por la que fue condenado a casi cinco años de prisión o el de Vigilancia Penitenciaria.

Fuentes judiciales consultadas han admitido que “esta es una situación insólita y habrá que saber porqué se ha producido”, aunque apuntaron la posibilidad de que la negativa de los bancos pueda tener su origen en la reciente modificación del Código Penal en materia de decomisos.

La Audiencia Nacional fue ordenando el decomiso de todos los bienes que estaban a nombre de Oubiña conforme iban saliendo sus condenas. La última sentencia fue ejecutada en septiembre pasado cuando se vendió por 245.000 euros una casa de Vilagarcía de Arousa que llevaba abandonada diez años y fue a parar al mejor postor, un empresario canario, pocos meses después de subastarse una finca en Sanxenxo por 400.000 euros. En 2008 se adjudicó mediante concurso restringido el Pazo de Baión, el inmueble de más valor incautado a narcotraficantes en España por el que el Estado ingresó 15 millones de euros y por el que las hijas de Oubiña siguen pleiteando como herederas de su madre, la propietaria a efectos legales.