Estrasburgo niega a las hijas de Oubiña la devolución del pazo

Los siete miembros que componen la Sección Tercera del Tribunal de Estrasburgo desestimaron por unanimidad la demanda interpuesta por las hijas del narcotraficante Laureano Oubiña en la que intentaban demostrar que la incautación del Pazo de Baión por el Estado español violaba varios artículos del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos.

El fallo alega que Lara y Esther Oubiña Lago recurrieron a la Corte Europea "sin agotar todas las instancias judiciales internas" -como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional- por lo que no entra siquiera a analizar los fundamentos jurídicos de la demanda, aunque la sentencia no cierra definitivamente la vía de Estrasburgo. Las hermanas Oubiña Lago presentaron la demanda en marzo de 2005 como legítimas herederas de su madre (fallecida en 2001), que era la accionista mayoritaria de la sociedad propietaria del pazo. Su padre sólo figuraba como gerente de la plantación vinícola.

Este esperado dictamen se produce dos semanas después de que el Ministerio de Sanidad, a través del Plan Nacional sobre Drogas, adjudicase el Pazo de Baión, por 15 millones de euros, a la sociedad cooperativa de Cambados Condes de Albarei. La concesión se amparó en una sentencia de la Audiencia Nacional, que declaró el comiso de la propiedad en 2004. En pleno proceso del concurso restringido de subasta que convocó el Plan Nacional sobre Drogas para vender el pazo, las hermanas Oubiña Lago pidieron sin éxito al Tribunal de Estrasburgo su paralización cautelar mientras no se producía el fallo que ahora desestima su reclamación.

Sin embargo, el mismo tribunal no se ha pronunciado todavía sobre la demanda de Laureano Oubiña, que también pretende demostrar la vulneración de derechos en la sentencia de la Audiencia Nacional, que declaró de oficio la incautación del pazo aplicando "indebidamente" un artículo del Código Penal de 1973. Oubiña argumenta que este comiso supone "imponer una pena sin acusación" y alega que el fiscal le retiró los cargos por blanqueo de dinero y que la acusación contra su cónyuge, Esther Lago, quedó extinguida con el fallecimiento de ésta.

El equipo de letrados que representan los intereses del narcotraficante y sus herederas ha planteado una tercería de dominio contra el Estado, un contencioso por la vía civil para reclamar la propiedad y demostrar que "hubo mala fe" en su adjudicación. También pretenden demostrar que el Estado "ha perdido dinero" con la venta del pazo, que incluía en el lote otras propiedades y terrenos, por lo que han pedido una tasación contradictoria a la oficial, que lo valoró en 8,6 millones de euros, aunque finalmente se vendió casi por el doble.