Más de la mitad de los presos de ETA acatan la ley para ser acercados a cárceles vascas

Unos 120 presos de ETA de los 227 que hay en cárceles españolas han presentado escritos en los que acatan la ley con el fin de mejorar su situación en prisión. En ellos, reclaman cambiar su actual clasificación penitenciaria del primer grado, el más duro, por el segundo, que les permitiría solicitar permisos si cumplen otros requisitos y, sobre todo, optar a ser acercados a cárceles vascas. Interior, que ha trasladado a 26 etarras, rechaza que este gesto sea suficiente e insiste en que Prisiones valora otros datos antes de decidir un acercamiento.

El elevado número de solicitudes de los presos de ETA para ser progresados del primer al segundo grado es valorado por fuentes penitenciarias de modo “positivo”. Estas fuentes destacan que el hecho de que la mitad de los presos de la organización terrorista hayan acatado el ordenamiento penitenciario era impensable hasta hace poco menos de dos años ya que las directrices del colectivo de presos de la banda (EPPK, en sus siglas en euskera) lo prohibían tajantemente. Aquella situación cambió en julio de 2017, tras un debate interno del EPPK que concluyó con la autorización de la organización para que cada preso explorase aquellas posibilidades que le ofrecía la vía jurídica para lograr su excarcelación.

Tras aquella decisión, los reclusos de ETA comenzaron a presentar escritos, que a finales del año pasado habían superado los 90 y que ahora se acercan a 120, según estas fuentes penitenciarias. El Ministerio del Interior ha declinado concretar la cifra exacta. Por su parte, la plataforma Sare, de apoyo a los presos vascos, aseguraba en febrero que son, al menos, 115 los reclusos de ETA de los que tienen constancia que han pedido el cambio tras acogerse al artículo 105 del Reglamento Penitenciario. Según Sare —cuyas estadísticas no incluyen a aquellos reclusos que, como los reinsertados a través de la vía Nanclares, se han desvinculado del EPPK—, de estas solicitudes solo tres han obtenido hasta ahora la respuesta favorable de Instituciones Penitenciarias. A otros 69 se les ha negado la progresión al segundo grado, mientras que los 43 restantes aún esperan respuesta.

La plataforma critica que, en la actualidad, el 84% de los presos de ETA sigan clasificados en primer grado. Del resto, una treintena está en segundo grado y otros tres, en tercero o régimen de semilibertad, según fuentes penitenciarias. Joseba Azkárraga, exconsejero del Gobierno de Juan José Ibarretxe y uno de los promotores de Sare, denuncia que en la mayoría de los casos en que Prisiones ha rechazado estas peticiones “lo ha hecho con argumentos-tipo, como que el pronóstico de reincidencia es alto o que no hay señales de arrepentimiento, pese a que saben que ETA ya está disuelta”. Él achaca a estas sistemáticas negativas que haya aún otro centenar de presos que no hayan dado el paso: “Piensan que para qué, si van a seguir en la misma situación”.

En todo caso, la negativa de Interior a progresarles al segundo grado penitenciario puede ser recurrida por los reclusos ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro. De hecho, el magistrado ha revocado algunas de las decisiones en este sentido de Interior y concedido el segundo grado. Fue el caso de Marta Igarriz, una de las primeras presas etarras trasladadas tras el cambio de política penitenciaria acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Igarriz —encarcelada desde abril de 2005— recurrió ante el juez la negativa de Interior, entonces aún encabezado por el popular Juan Ignacio Zoido, de progresarla de grado, y el juez le dio la razón en julio de 2018. Para ello, el magistrado contó con el informe favorable de la Fiscalía y valoró que el educador de la prisión de Castellón donde estaba recluida hubiera afirmado en sus informes que mostraba signos de arrepentimiento y conciencia del daño causado. Igarriz está ahora en la prisión de Logroño con dos años de condena aún por cumplir. Como ella, otra treintena de presos de ETA están clasificados en segundo grado penitenciario y tres más, en tercer grado o régimen de semilibertad.

De los 26 etarras que han sido trasladados o lo serán en las próximas semanas —Interior informó el martes que aplicará esta medida a tres de ellos—, 15 lo serán tras considerar Prisiones que “han admitido la legalidad vigente al recurrir su clasificación”, según se detallaba en las distintas notas de prensa en las que se informaba de cada acercamiento. No obstante, fuentes del ministerio insisten en que este no es el único factor que se tiene en cuenta para acordar los traslados y que también se analizan la pena que les queda por cumplir, la ausencia de delitos de sangre o si muestran arrepentimiento. En 11 casos así ha sido, ya que cuando se anunció su acercamiento se destacó expresamente que los presos habían reconocido el daño causado, se habían desligado de la organización terrorista o habían comenzado a hacer frente a la responsabilidad civil a la que fueron condenados.

Medida discrecional

Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, considera que “el simple hecho de solicitar el cambio de régimen penitenciario no debe ser motivo suficiente para acercar a un preso”. “Debe haber, al menos, una condena expresa de la violencia y, por supuesto, que esta no sea mediante una carta tipo como ha pasado en varios casos”, apunta. La representante legal de la asociación admite que el acercamiento no está reglado por ley y puede ser adoptado de modo discrecional por Interior, pero reclama que “excluya a presos condenados por delitos de sangre o que no hayan cumplido, al menos, tres cuartas partes de la condena”. Ladrón de Guevara también critica que se esté reagrupando en unas pocas cárceles a los presos ya acercados. “Hay cinco en la de Logroño y otros tantos, en la de Asturias”, recalca.

Para la representante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo “se avecinan años muy duros para las víctimas, porque en los próximos cinco, más de 80 presos de ETA van a ser excarcelados tras cumplir sus condenas”. Unas cifras similares a la que maneja la plataforma Sare, que apunta a que de ellos, más de 20 lo serán durante los próximos dos años.