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De las peores herencias del PP

Si ETA está disuelta no tiene sentido utilizar la política penitenciaria en clave antiterrorista

Manifestación a favor del acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas.
Manifestación a favor del acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas. REUTERS

Cuando José María Aznar ganó la presidencia del PP, en 1990, comunicó a los Gobiernos socialista y vasco que sacaba la política antiterrorista del consenso y la pasaba a la oposición. Ya entonces la política penitenciaria se integraba en la política antiterrorista y el Gobierno la utilizaba para romper la unidad de los presos etarras, favoreciendo a los reinsertables. Aznar, desde la oposición, la endureció, subordinando los criterios políticos a las emociones electoralistas de la derecha.

Sin embargo, cuando gobernó y vio posible un final negociado con ETA con la tregua de Lizarra de 1998, pasó de la dureza a la tolerancia. Sentó a una delegación con los terroristas y acercó a 120 etarras a cárceles próximas a Euskadi, inédito en la historia penitenciaria.

Cuando el Gobierno de Zapatero, en 2006, hizo otro intento de final negociado con ETA, Mariano Rajoy, desde la oposición, le acusó de "traicionar a las víctimas" y respaldó una decena de manifestaciones contra él, utilizando de ariete a algunas asociaciones de víctimas. Ellas fueron las primeras perjudicadas de esa política del PP, utilizadas para atacar a los socialistas, con acusaciones —como cesiones políticas a ETA— que se demostraron falsas. Como fueron falsas las promesas de Rajoy de que cuando gobernara mantendría la doctrina Parot e ilegalizaría a la izquierda abertzale. Cuando gobernó incumplió sus promesas porque dependían de los tribunales.

La penúltima pirueta del PP procede de la primera legislatura de Rajoy (2012-2016). Su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y los líderes del PP vasco prometieron acercar presos etarras a cárceles vascas si la banda se disolvía. ETA se disolvió hace dos meses y Rajoy vacilaba ante las presiones de Ciudadanos que vio, también, un filón electoral en el tema; de los medios más conservadores y asociaciones de víctimas irritadas con él.

Con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, el PP da su última pirueta. Pablo Casado y Dolores de Cospedal han vuelto a utilizar la política penitenciaria al hacer de su oposición al acercamiento de presos de ETA uno de los ejes de su campaña. A estos candidatos del PP no les frena la incoherencia, pues Aznar acercó presos masivamente y dirigentes del PP lo defendían recientemente si ETA se disolvía. Ignoran la lógica: si ETA está disuelta no tiene sentido utilizar la política penitenciaria en clave antiterrorista. Desoyen la doctrina: la ONU, el Consejo de Europa, la Constitución y la Ley Penitenciaria aconsejan acercar los presos para facilitar su reinserción. Desprecian el efecto del acercamiento en la convivencia al no castigar a las familias de los presos. Casado ha dicho que esas familias no le importan, mostrando el predominio de la venganza sobre la reinserción, cuando esta marca la superioridad de los demócratas sobre los terroristas.

El uso de la política antiterrorista como arma emocional y electoral es una de las peores herencias que Aznar y Rajoy dejaron al PP. Si quiere modernizarse deberá sacudirse ese legado del peor populismo.

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