Abascal pide impunidad por disparar a quienes entren sin permiso en una casa

El líder de Vox quiere reformar el Código Penal y ampliar el concepto de "defensa propia" siguiendo el modelo de Estados Unidos

Desde la izquierda: Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros y Santiago Abascal, en las inmediaciones del Tribunal Supremo. En vídeo, Abascal propone legalizar el uso de armas para defensa personal.Foto: atlas | Vídeo: ÁLVARO GARCÍA | ATLAS
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Vox leader calls for law change so Spaniards can keep guns at home

Santiago Abascal quiere reformar el Código Penal y el reglamento de armas para generalizar la posesión de pistolas y dar impunidad a quienes disparen contra las personas que entren en su casa, como sucede en Estados de Estados Unidos.

En una entrevista concedida a la web armas.es el pasado fin de semana, coincidiendo con la matanza perpetrada por un supremacista islamófobo en dos mezquitas de Nueva Zelanda, el líder de Vox propone “un cambio radical y urgente en la ley, no solo para que los españoles sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en casa, sino para que puedan usarla en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial, a penas de cárcel o incluso a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes que les asaltaron”.

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En realidad, los españoles “sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades” ya pueden tener un arma en su casa, bien una escopeta de caza o una pistola, pero en este último caso la licencia solo se concede “a quienes tengan necesidad de obtenerla”. La decisión última corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil, que evalúa cada caso.

Según fuentes de la Guardia Civil, el número de armas cortas en manos de particulares en España es “residual”, unas 10.000 en total, frente al millón de armas de caza y decenas de miles en manos de militares o miembros de las fuerzas de seguridad. Antes se concedía automáticamente a los joyeros, pero ahora hay que demostrar una situación “de riesgo”. El propio Abascal, amenazado en su día por ETA, asegura llevar siempre encima una pistola Smith & Wesson. La licencia debe renovarse cada tres años.

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Lo que propone Abascal no es, sin embargo, un mero cambio del reglamento de armas, sino una reforma en profundidad del Código Penal para “ampliar el concepto de legítima defensa”.

Su objetivo, asegura el líder de Vox, es que “no se produzcan situaciones tan injustas como las que vivió ese anciano de Tenerife que fue condenado por disparar a un asaltante que entró en su casa y agredió y torturó a su esposa. O el policía local de Sevilla que se enfrenta a 20 años por disparar a sus asaltantes. O tantos otros casos. La ley está tratando a estas personas como villanos y a sus asaltantes como víctimas, cosa que también ocurre con los okupas, por cierto. A nosotros esto nos parece dramático”.

El artículo 20.4. del vigente Código Penal ya prevé como eximente obrar “en defensa de la persona o derechos propios o ajenos”, pero siempre que se cumplan tres condiciones: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del defensor. El mismo artículo señala expresamente que se considerará agresión ilegítima “la entrada indebida” en el domicilio.

La defensa propia exime de cualquier responsabilidad criminal, incluido el pago de indemnizaciones. El problema es que hay que demostrar que se han dado los requisitos que exige la ley. Lo contrario sería impunidad.

En sus declaraciones, Abascal alude a dos casos que están todavía pendientes de decisión judicial. Un anciano de Tenerife fue condenado a dos años y medio de prisión por matar a un ladrón que entró en su casa y maltrató a su esposa en 2015, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló en agosto pasado el fallo y ordenó repetir el juicio.

Por su parte, un policía local de Sevilla está siendo juzgado estos días en la Audiencia Provincial por disparar a cuatro hombres cuando huían tras haber entrado en su domicilio en 2011. El agente, para el que el fiscal pide 20 años de cárcel, asegura que no conocía a los asaltantes, mientras que estos aseguran que venían a cobrarle una deuda de 15.000 euros y que estaba implicado en narcotráfico.

Al mencionar expresamente a los okupas, Abascal no aclara si la impunidad se limitaría a la defensa del propio domicilio o también a la de viviendas vacías y ocupadas.

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Sobre la firma

Miguel González

Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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