La Junta pone en marcha la supresión de los aforamientos

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El Gobierno bipartito andaluz de PP y Ciudadanos se mueve en sus primeras cinco semanas de vida entre la denuncia de la herencia “envenenada” tras casi 37 años de mandatos socialistas y las propuestas de regeneración democrática. Así van a estar un largo tiempo, admiten fuentes de la Junta, más allá del calendario electoral que alcanza hasta el mes de mayo. Nada de lo que anuncia, por ahora, tiene un efecto inmediato, sino que empieza a rodar. Pero consigue situar al PSOE en una incómoda situación, ya que parte de su trabajo de oposición la consume en defenderse.

Entre las primeras piedras que han empezado a poner, figura la de eliminar los aforamientos para el presidente de la Junta, los consejeros y los 109 miembros del Parlamento de Andalucía. Esta promesa ya se recogía en el acuerdo de investidura firmado por Ciudadanos y PSOE que permitió la investidura de la socialista Susana Díaz como presidenta andaluza en 2015. Nada se hizo y fue uno de los motivos esgrimidos por Ciudadanos para romper su acuerdo con el PSOE y provocar el adelanto electoral.

Todos los partidos dicen estar de acuerdo en eliminar esta prerrogativa que permite que las personas aforadas en Andalucía sean juzgadas por el Tribunal Superior de Justicia o por el Tribunal Supremo, en lugar de la jurisdicción ordinaria. La gran dificultad de esta misión es que eso obliga a la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Y no es un camino ni fácil ni corto. Además del acuerdo político, para ser aprobada por el Parlamento andaluz, la reforma exige mayoría de dos tercios (73 de los 109 diputados), tramitación mediante ley orgánica en las Cortes y referéndum positivo de los andaluces. El PSOE estima una “frivolidad” abrir este melón y es partidario de una regulación estatal para todas las comunidades. También temen que la hipotética reforma no se ciña a este aspecto, sino a otros muchos. En cualquier caso, los grupos de la izquierda, que suman 50 escaños, pueden bloquear la modificación. La última reforma estatutaria, aprobada en 2007, logró el apoyo del 87,4% de los votos, pero con una abstención de casi el 64%.

La otra medida aprobada este martes por el Consejo de Gobierno enfila hacia el combate de la corrupción. El Ejecutivo andaluz se propone proteger a las personas denunciantes del fraude y la corrupción y dar una especie de estatus especial a los que avisen de "posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía".

La tesis del Gobierno es que hay "reticencias" a las denuncias por este tipo de prácticas por temor a represalias. Fuentes del Gobierno aseguraron que aún no está claro si se limitarán a dar protección a los funcionarios que denuncien o a personas ajenas a la Administración. En cualquier caso, la iniciativa pretende garantizar el derecho de los denunciantes a la protección de su identidad, la asistencia jurídica y psicológica, y a evitar el daño en sus condiciones laborales.