El Gobierno andaluz cesa a un alto cargo por su vinculación con una multa millonaria a la Junta

El Gobierno de la Junta de Andalucía se ha visto obligado a forzar la renuncia de uno de sus altos cargos, apenas 24 horas después de haber cerrado la reestructuración de la Administración autonómica. Se trata de Elisa Fernández, nombrada por Ciudadanos delegada de Justicia y Turismo —carteras que dependen del vicepresidente Juan Marín— en Granada. Fernández era la jefa del Gabinete jurídico de la Junta en esa provincia durante la causa que juzgaba el caso Nevada, por el que el Ejecutivo andaluz fue obligado a indemnizar al promotor urbanístico Tomás Olivo 168 millones de euros. La letrada fue apartada en 2017 de sus funciones tras la sentencia.

Su designación, teniendo en cuenta que tanto el PP como Ciudadanos habían criticado intensamente el proceso, había sido duramente cuestionada por la oposición, que no solo ha criticado este nombramiento, sino también el del secretario general de Cultura —dependiente del PP—, Fernando Francés, investigado por un delito contra el patrimonio histórico, competencia que depende de esa cartera, o del director general de la Oficina Justicia, Carlos Sierra, antiguo abogado del principal imputado en el caso de los ERE, Javier Guerrero, o del Cuco, involucrado en la muerte de Marta del Castillo.

El escándalo en torno a Fernández ha forzado a Ciudadanos a pedir su cese. En el comunicado difundido por la formación, la letrada sostiene que "la inexactitud de las informaciones sobre su trayectoria profesional podría intentar perjudicar el proyecto de regeneración de la vida pública liderado por Ciudadanos y ha preferido declinar el nombramiento para evitar cualquier ataque a la nueva etapa de cambio que ilusiona a tantos y tantos andaluces". En el resumen de su trayectoria, facilitado por la Junta, se indica que Fernández se encuentra en excedencia de su plaza de letrada en la Administración autonómica. La abogada estaba trabajando para el despacho Ramón y Cajal del que forma parte uno de los letrados que defendió a Olivo durante la causa que le valió su destitución.

Desde que asumieron el Gobierno de la Junta, tanto PP como Ciudadanos han criticado las indemnizaciones millonarias a las que la Junta había sido condenada, responsabilizando de ellas a los Ejecutivos socialistas e insinuando que esas partidas podían mermar seriamente el estado de las arcas públicas andaluzas. El propio Marín se ha referido en varias ocasiones a la cuantía millonaria del caso Nevada. El nombramiento de Fernández llegó a sorprender a varios miembros de la dirección de la formación naranja en Granada, que aseguran que la decisión nunca se llegó a comentar con ellos, según fuentes consultadas.

La de Fernández no es la única polémica que rodea a Marín. El nombramiento de Sierra como director general de Justicia ha sorprendido tanto a la oposición como a sus socios de Gobierno. La primera en alertar sobre la designación del que fuera letrado del principal imputado de los ERE, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien comunicó la noticia al líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado.

Desde el PSOE de Andalucía, su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, ha cuestionado la "posible colisión de intereses" que podría darse entre las antiguas tareas como representante legal de Sierra de un imputado en un caso en el que está personada la Junta, y sus nuevas al frente de la Oficina Judicial. "Creemos que alguien debería explicarlo", ha advertido. El líder de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, se ha preguntado este miércoles en el Parlamento por el mensaje que el vicepresidente de la Junta y responsable de Regeneración democrática quiere ofrecer al nombrar a un perfil "que evidentemente no casa con una elección de un gobernante que puede elegir entre múltiples letrados y que, sin embargo, recoge un perfil que ni entendemos ni compartimos".

Munición para Vox

El nuevo cargo de Sierra ha dado más munición a Vox para cargar contra Ciudadanos en Andalucía. Su presidente en la comunidad, Francisco Serrano, utilizando los mismos argumentos que PSOE o Adelante Andalucía reaccionaba así este martes a través de su cuenta de Twitter: "Incomprensible que, con los juristas de talento que tenemos en Andalucía, se elija al abogado del Cuco y de narcotraficantes para alto cargo de Justicia en la Junta".

El nombramiento de Francés, hasta ahora director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, y que el pasado mes de junio declaró como investigado por los mosaicos que el artista Invader había colocado en algunos edificios del centro de la ciudad declarados como Bien de Interés Cultural, no ha escapado a la controversia. Maíllo ha señalado que "si la Junta fuera coherente", el nuevo secretario general de Cultura "debería dimitir". Francés, por su parte, ha negado esta mañana que esté imputado por un delito contra el patrimonio.

Los representantes en el Parlamento de los partidos que conforman el Ejecutivo andaluz han respaldado los polémicos nombramientos. Por parte del PP, el antiguo secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha pedido "prudencia". "Vamos a darles un voto de confianza porque no vamos a hacer tratamientos preventivos. Somos respetuosos con nuestros socios en las personas que han elegido", ha señalado, en relación con las designaciones realizadas desde el área de Justicia, dirigida por Cs. Fran Carrillo, de Ciudadanos, ha sido más ofensivo y ha aludido a la etapa del PSOE al frente de la Junta: "Entonces se nombraba a altos cargos en función del carné del partido, de las filias ideológicas, de la cercanía y en algunos casos de la familia o del parentesco".

Marín presentará al sustituto de Fernández en el próximo Consejo de Gobierno. Su cese es el segundo que tiene que acometer el Ejecutivo bipartito de la Junta tras la dimisión este lunes del consejero de Hacienda, Alberto García Varela, por motivos de salud.