El PP propone 14 medidas contra la financiación irregular de los partidos

El PP, que como persona jurídica resultó condenado como beneficiario del “sistema de corrupción institucional” en el juicio central caso Gürtel, ha presentado este jueves 14 recomendaciones “para mejorar la financiación de los partidos”. Estas propuestas forman parte del escrito de resumen de la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos Políticos, que ha celebrado su última sesión antes de la disolución de las Cortes Generales por el adelanto electoral del Gobierno.

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Entre ellas, el PP propone que se dote de mayor transparencia las cuentas de los partidos, con la obligación de inscribir sus sedes y aclarar su situación jurídica. También recomienda que exijan un mayor control de los préstamos que reciben de las entidades de crédito y que se impulse una regulación del crowdfunding (financiación colectiva), una fórmula cuyo uso ha criticado al PSOE en varias de las sesiones de la comisión. Asimismo, plantea que se extremen los controles sobre las campañas publicitarias promovidas por las Administraciones y que se revise la regulación sobre la financiación ilegal de los partidos para que se contemplen los supuestos de redes clientelares y la utilización de trabajadores públicos.

Otra de sus recomendaciones es la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos de financiación ilegal, así como la prohibición de los indultos para estos delitos. El PP también quiere que se extreme la colaboración internacional y policial para perseguir la financiación extranjera a los partidos, algo de lo que ha acusado a Podemos. Incluso que se endurezcan las medidas contra los partidos cuyas contabilidades no sean aprobadas por el Tribunal de Cuentas y que se regule con mayor claridad la utilización por parte de los partidos políticos de los fondos de los grupos institucionales, un asunto que agitó contra Ciudadanos.

En cuanto a medidas de refuerzo para las comisiones de investigación, el Grupo Popular del Senado plantea la necesidad de acortar los plazos para las citaciones, reforzar la capacidad de notificación y equiparar las facultades de investigación del órgano al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. PSOE, Podemos y ERC anunciaron en junio de 2017, nada más crearse, que no participarían en ella al considerarla “una farsa” para desviar la atención sobre la comisión que investigaba la financiación del PP en el Congreso de los Diputados.

Desde entonces, los populares, con 35 sesiones y 66 comparecencias, han perturbado a los socialistas con un supuesto caso de financiación irregular surgido en Valencia, en el que han hecho comparecer a varios exministros de José Luis Rodríguez Zapatero por la presunta implicación de varios de sus ministerios. Asimismo, ha puesto bajo su lupa el caso de los ERE de Andalucía, obligando a comparecer a la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, y sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán en vísperas electorales. La comisión también ha investigado a Ciudadanos, Podemos y Compromís, incluso tenía planes para indagar la financiación de Convergència Democràtica de Catalunya, el PDeCAT y el PNV. A todos, excepto el PP.

El portavoz de la comisión, Luis Aznar, ha calificado en rueda de prensa el trabajo llevado a cabo por el órgano como “serio, riguroso y honrado”. Según ha explicado, el PP ha decidido que el documento no se votase en la comisión, en la que tiene la mayoría absoluta como en la Cámara alta, al quedar incompleto por la interrupción de la legislatura. “Es un documento abierto para que en el futuro el que quiera consultar lo o complementarlo, lo pueda hacer”, ha añadido. Por su parte, el PSOE, mediante un comunicado, ha asegurado que el PP “queda absolutamente desacreditado en sus conclusiones”, que, añaden, confirman que la comisión “no ha sido más que una farsa y un ejemplo evidente del uso del Senado por parte del PP para que sirva a su propaganda”.

El informe, realizado por los populares tras 20 meses de sesiones, tiene 155 páginas y en él se solicitaba al Senado que llevara ante la Fiscalía a la presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona; al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y al secretario de finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, para determinar si habían incurrido en falso testimonio en sus declaraciones a la comisión. Ahora la petición ha quedado en suspenso.

En abril de 2018, el Congreso de los Diputados ya aprobó el dictamen de la Comisión de la Calidad Democrática, contra la Corrupción y para las Reformas Institucionales y Legales para actualizar la legislación sobre financiación de partidos. Fue con el rechazo airado del PP y las abstenciones de ERC, PNV y PDeCAT. Este informe, con medidas más contundentes, había sido pactado por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y mereció el rechazo en comisión del PP, PNV y PDeCAT.