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La asesora de Cifuentes calla y el rector de la Rey Juan Carlos declara: “Sucumbí a una mentira”

Feito, procesada por la juez, se niega a responder preguntas en la comisión de la Asamblea de Madrid

J. J. Gálvez
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.Carlos Rosillo

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha aterrizado este lunes en la Asamblea de Madrid con pocas ganas de salirse del guion. Pese a la insistencia de los grupos parlamentarios en la comisión de investigación del caso máster, el catedrático ha esquivado las preguntas más incisivas y ha argumentado que siempre colaboró con la justicia y que las conclusiones deberán sacarlas los tribunales. Ha aprovechado también la ocasión para negar presiones de la Comunidad cuando estalló el escándalo, pese a que el cerebro de la trama, el catedrático Enrique Álvarez Conde, lo denunció hace dos semanas en el mismo escenario. “Sucumbí a una mentira”, ha dicho Ramos, en cambio, en su defensa, después de que la asesora de Cifuentes que supuestamente coaccionó a los implicados se haya negado a declarar.

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“Yo no hablé en ningún momento con Cristina Cifuentes. Lo hice solo en dos ocasiones con el consejero de Educación, Rafael van Grieken”, ha detallado también durante su comparecencia en la segunda y penúltima jornada de la comisión —a la que no ha asistido el PP—. Esta declaración puede resultar fundamental para la defensa de la exjefa del Ejecutivo autonómico, ya que la juez la ha procesado por inducir a la falsificación del acta de su trabajo fin de máster (TFM), pero la expresidenta repite que nunca contactó con nadie para ejercer esas presiones. La magistrada mantiene que esas coacciones se produjeron a través de una de sus asesoras, María Teresa Feito.

Precisamente, Feito se presentó en el despacho del rector de la URJC el día que eldiario.es publicó la primera noticia y antes de que protagonizara una rueda de prensa en la que validó el máster de Cifuentes. Un error, según llegó a admitir posteriormente Ramos, porque creyó la versión que le dio entonces Álvarez Conde: “Mi opinión de él aquella mañana era muy buena. Tiene un manual de derecho constitucional que es referente nacional”, ha argumentado este lunes, antes de anunciar que “si un juzgado declara que el título” de la expresidenta se obtuvo de forma irregular, “se procederá a retirárselo”.

Ramos, que ha esquivado también a los medios de comunicación tras declarar en la Asamblea, ha aprovechado para enarbolar las medidas adoptadas en los meses posteriores al estallar el escándalo. “Cuando vi que el Instituto de Derecho Público, dirigido por Álvarez Conde, estaba causando un desprestigio a la universidad y había presuntas irregularidades económicas, procedí a su cierre automático”, ha afirmado, antes de añadir que solo la universidad recurrió el auto de archivo de la juez, que sobreseía la principal línea de investigación del caso máster. La Fiscalía ha descartado en su escrito de acusación que el rector supiera algo: “Ignoraba las manipulaciones realizadas”.

La 'espantada' de Feito

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Menos fructífera ha resultado la declaración de Feito, una de las figuras clave de la trama y la primera persona citada este lunes. La compareciente, para la que la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel, ni siquiera se ha esperado a escuchar las preguntas de los parlamentarios. Tras asegurar que únicamente ha asistido a la comisión por “imperativo reglamentario” y negarse a declarar por encontrarse inmersa en un proceso penal, la asesora de Cifuentes ha abandonado la sala al alegar razones médicas. “Empezamos bien”, ha afirmado entonces Eduardo Rubiño (Podemos).

Feito desempeñó un papel fundamental en el caso, según la juez y la Fiscalía. El ministerio público mantiene que la procesada se desplazó hasta la URJC cuando estalló el escándalo para “hacer las gestiones oportunas” para salvar a Cifuentes. Su único objetivo era “resolver la crisis que la noticia había provocado”, subraya la acusación pública en un escrito, donde detalla cómo la asesora telefoneó hasta 21 veces al móvil de Cecilia Rosado, la profesora que falsificó el acta del TFM de la expresidenta regional. Lo hizo de forma “agobiante” e “incesante”; y advirtió a la docente de que la “situación debería quedar resuelta como fuere y, en caso contrario, Cifuentes les iba a cortar la cabeza”. La hija de Feito también cursó el máster en la promoción de Pablo Casado y, según las sospechas de la magistrada, lo obtuvo sin hacer nada.

El PSOE intenta salvar a Montón

Después de la espantada de Feito le ha llegado el turno a Jesús Sánchez Martos (PP), director de la Fundación Madri+D —órgano autonómico encargado de supervisar la docencia universitaria— cuando estalló el escándalo y exconsejero de Sanidad. El popular ha defendido la labor del departamento que encabezaba y ha negado toda relación con Álvarez Conde: “No lo conozco. Y no ha existido ni una sola reunión de la fundación con él. Al menos, que esté registrada”.

El último en comparecer ha sido Van Grieken, que se ha enzarzado con los grupos de la oposición. El consejero ha comenzado muy cauto y ha defendido la “presunción de inocencia” de Cifuentes. Pero, finalmente, ha arremetido contra el resto de partidos. Y les ha echado en cara la “inhabilitación de Íñigo Errejón” en la Universidad de Málaga o la “tesis fake” de Pedro Sánchez, pese a que tres programas anticopia concluyeron que el trabajo del presidente no contiene plagios.

Van Grieken también ha atacado a los socialistas por el máster que obtuvo Carmen Montón, exministra de Sanidad, en la URJC. El portavoz del PSOE, ha defendido entonces a su compañera: “A la señora Montón no se le ha acusado de plagio”, ha dicho. Aunque, en este caso, el TFM de la exmiembro del Gobierno incluye páginas y párrafos enteros idénticos a tesis, artículos y entradas de Wikipedia.

Turno de Cifuentes

La sesión de este lunes en la Asamblea de Madrid ha servido de prólogo para el plato fuerte. El próximo miércoles está previsto que declare la propia Cifuentes, en la última jornada de una comisión que cerrará las puertas con su comparecencia. Por tanto, los parlamentarios no escucharán la versión de Pablo Casado y Carmen Montón, que también obtuvieron sus cuestionados títulos en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC, epicentro de la trama.

Inmersos ya en plena carrera electoral, populares y socialistas evitaron que ambos políticos comparecieran, pese a las protestas de Ciudadanos y Podemos. “Han evitado que venga gente que se ha llevado títulos gratis. El PSOE ha sido cobarde. Se ha puesto de perfil. Es evidente que PP y PSOE tienen un pacto para no agredirse”, mantiene César Zafra, portavoz adjunto de Cs.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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