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El juicio del procés

La Guardia Civil sitúa a Artur Mas en la logística del referéndum ilegal del 1-O

Los investigadores apuntan que el 'expresident' pudo contratar a T-System para dar soporte informático a la consulta

Fernando J. Pérez
Artur Mas, el pasado 27 de febrero en el Tribunal Supremo.
Artur Mas, el pasado 27 de febrero en el Tribunal Supremo.Pablo Blazquez Dominguez (Getty Images)

La Guardia Civil ha vinculado por primera vez al expresidente de la Generalitat Artur Mas con la organización del referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017. En un informe remitido al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga los aspectos logísticos del proceso independentista y el desarrollo de estructuras de Estado de una hipotética república catalana, el instituto armado apunta el posible papel de Mas en la contratación de la empresa alemana T-Systems. La división ibérica de esta multinacional germana fue la que supuestamente dio soporte informático a la consulta prohibida por el Tribunal Constitucional.

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Los agentes investigan el grado de implicación de Mas en aquella contratación después de analizar una conversación grabada en junio de 2017 a Rosa María Rodríguez Curto, directora general de Servicio de T-Systems en Barcelona. En ella, un interlocutor de esta ejecutiva hace referencia a una reunión con el “president Mas” —que entonces no estaba en el cargo y que había sido inhabilitado en el mes de marzo anterior por la consulta del 9 de noviembre de 2014—.

“De resultar ciertas las referencias al expresidente Artur Mas, revelaría la influencia de este con los programas y contratación de T-System, circunstancias que, evidentemente, no le corresponden al haber cesado en su cargo político”, apuntan los investigadores de la Guardia Civil en su informe al Juzgado 13 de Barcelona.

Pruebas de Unipost

En otro informe, los investigadores apuntan que otro alto cargo de la Generalitat, Francesc Sutrias —director de Patrimonio, subordinado del entonces vicepresidente Oriol Junqueras— pactó con los responsables y trabajadores de Unipost qué declarar y qué callar en caso de ser requeridos judicialmente.

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El documento valoraba la posibilidad de que la empresa a la que la Generalitat encargó el reparto de las tarjetas censales y las cartas para los miembros de las mesas electorales del 1-O destruyera pruebas, como las grabaciones de las cámaras de seguridad de la empresa. La Guardia Civil apunta que entre el material intervenido a Pablo Raventós, expresidente de Unipost, figuran las “facturas” que envió a Sutrias, con el extracto del reparto del gasto del envío postal asociado del referéndum.

Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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