Unicef denuncia la desprotección de los niños inmigrantes en España

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Niños que prefieren vivir en la calle antes que dormir hacinados en un centro de protección. Adolescentes recién llegados que pasan una semana sin encontrar un adulto que les hable en su idioma. Jóvenes sumidos en la frustración por ver cómo pasan los días sin hacer nada. España, el país mediterráneo al que llegaron más menores inmigrantes no acompañados en 2018, según Acnur, se ha convertido en tutor accidental de alrededor de 13.000 niños extranjeros y el modelo de acogida, denuncian desde hace meses todo tipo de ONG así como el Comité de Derechos del Niño, falla, de comienzo a fin.

La última organización en sumergirse en la realidad de los niños inmigrantes no acompañados en España ha sido Unicef que acaba de presentar un informe que refleja los resultados de una investigación realizada entre el 20 de septiembre y el 16 de octubre de 2018 en centros de protección y calles de Melilla, Ceuta, Madrid y Andalucía. Unicef constata que a pesar de que España asume el cuidado de esos niños a través políticas de infancia y no de control migratorio, se repiten los casos en los que, una vez dentro del sistema de protección, “las vulnerabilidades no son atendidas sino agudizadas”.

El documento concluye con la exigencia de un Plan Nacional, entre el Estado y las Comunidades autónomas, responsables directas de la tutela de los niños, que asegure coordinación entre autoridades con competencias en la materia, recursos estables y una política de protección homogénea en todo el país. “Una de las evidencias más importantes que emanan de la investigación está en la necesidad de una política integral y coordinada por todos los niveles de gobierno”, asegura Unicef. Esta es una de las cuestiones en las que se puso a trabajar el Ministerio de Sanidad este verano, ante el incremento de llegadas de menores, sin que hasta ahora se hayan hecho públicos sus avances.

Entre los problemas identificados por Unicef destacan la falta de mediadores que conozcan el idioma de los residentes en los centros, la ausencia de asistencia jurídica, casos de malos tratos, trabas para acceder a la educación o instituciones en las que apenas hay un psicólogo para más de 600 niños. “Desde la recepción en frontera en adelante, los niños y niñas prácticamente no cuentan con asistencia jurídica gratuita ni representación letrada en los procesos en los que sus derechos están en juego”. La investigación además comprueba “demoras injustificadas”, en ocasiones por la propia saturación del sistema, en los procedimientos de tutela y en la gestión de los permisos de residencia, trámites obligatorios para las Comunidades Autónomas. A 30 de septiembre, solo 395 solicitudes de autorización de residencia estaban siendo tramitadas por las comunidades, cuando estas ya habían asumido la acogida de unos 5.000 menores recién llegados.

Una de los problemas más acuciantes es la transición de esos niños a la mayoría de edad. Sara Collantes, la investigadora principal de este trabajo, recuerda que a la pregunta de qué ocurre el día que estos menores cumplen 18 años, un grupo de niñas residentes de un centro de protección le respondió: "Cantamos el cumpleaños feliz y se marchan”. La cantidad de niños y niñas que llegan a la mayoría de edad en algún programa de transición a la edad adulta es “ínfima”, abunda el informe. “Esta situación incide en el crecimiento de jóvenes adultos que terminan viviendo en situación de calle, en lugar de estar integrado a nivel social y laboral en un proceso de progresiva autonomía”.

La Fiscalía, responsable por decretar la edad de los menores cuando se solicita y el organismo que debe supervisar que se protegen los derechos de estos niños, también cuenta con un apartado en el informe. “Algunas secciones de menores de las Fiscalías presentan importantes limitaciones en su rol de supervisión del sistema de protección de la infancia, y en particular de las condiciones en los centros de acogida”, resume el texto. La organización también cuestiona que las pruebas de determinación de edad de los menores, imprecisas e invasivas, sean la única herramienta para determinar si un joven es niño o adulto.

El informe también apunta las deficiencias del registro de menores extranjeros no acompañados, "debido a que este sistema de registro tiene limitaciones para ofrecer datos exactos". Este instrumento es la única fuente oficial para conocer el número de niños tutelados en España, pero sus datos acaban siendo orientativos. Dependen de la mejorable comunicación entre la Policía Nacional, los cuerpos de seguridad autonómicos y los sistemas de protección que deben informar puntualmente de las altas y las bajas en los centros de cada región. Fue en función de los números de este registro que el Gobierno de Pedro Sánchez repartió un fondo de 40 millones para compensar a las comunidades autónomas que más niños acogieron el año pasado.

La estigmatización de los niños ha sido una de las cuestiones que más han preocupado a los investigadores. "En algunos contextos específicos, particularmente en Ceuta y Melilla —y más aún, en esta última— es posible evidenciar de múltiples formas una imagen negativa y estigmatizada de estos niños denominados genéricamente 'los MENA' (Menores Extranjeros No Acompañados), dirigida mayoritariamente a niños de origen magrebí”, describen. Collantes, que mantiene que la imagen negativa que se construye alrededor de los niños ofusca los casos de éxito, rememora que en uno de los 15 centros que visitó se pedía a los jóvenes que evitasen asomarse a las ventanas para no dar pie a las quejas de vecinos incomodados con su presencia. “Uno de los niños me preguntó si era verdad que en España no les querían como decían en la tele”, recuerda la investigadora. “Yo ya le había respondido muchísimas preguntas jurídicas, pero a esta no supe qué decirle”.