El Senado endurece los castigos por delitos de tráfico

El pleno del Senado ha aprobado este miércoles la reforma del Código Penal que endurece las penas al cometer imprudencias al volante y crea un nuevo delito: el abandono del lugar del accidente. Hasta ahora existía el delito de omisión del deber de socorro, que se aplicaba solo a casos donde la víctima estuviera viva y no hubiera otra persona para ayudarla. La reforma se ha logrado gracias a una campaña impulsada por las víctimas de accidentes de tráfico en Change.org, que ha logrado 326.000 firmas y el apoyo de gran parte del mundo del ciclismo profesional.

La reforma ha sido aprobada con 222 votos a favor y 14 en contra, con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios menos Unidos Podemos. La principal figura legal que crea, el delito de abandono del lugar del accidente, castigará con entre dos y cuatro años de prisión al infractor si el accidente ha sido resultado de una imprudencia y con entre tres y seis meses si se debe a un percance fortuito. La reforma ha quedado aprobada de manera definitiva, ya que al no haberse admitido ninguna enmienda, no ha de regresar al Congreso. La modificación entrará en vigor en el momento en que se publique en el BOE.

La lucha para castigar a aquellos que abandonan el sitio del siniestro ha sido liderada por Anna González, que inició en 2016 una petición para que ninguna muerte quedase impune en carretera. González perdió a su marido, Óscar, en un accidente de tráfico, cuando fue atropellado por un camión cuando circulaba con su bicicleta por el arcén. El conductor no se detuvo, pero como la víctima ya había fallecido, solo se le pudo imputar un delito de homicidio por imprudencia. Además, como huyó del lugar de los hechos, no se le pudieron realizar las pruebas pertinentes de alcohol y drogas cuyo positivo podría haber agravado el homicidio. Según los abogados de Anna González, en 2018 se fugaron 1.028 conductores tras haber estado implicados en un accidente de tráfico.

El nuevo código penal de tráfico no solo crea esta nueva figura legal, sino que también endurece las existentes. A partir de ahora, cualquier delito contra la seguridad vial que cause muertos o heridos será automáticamente una imprudencia grave, con penas de uno a cuatro años si hay víctimas mortales y de un año como máximo si hay lesiones. Las imprudencias graves o delitos contra la seguridad vial son por ejemplo conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, conducir temerariamente o exceder bastante la velocidad máxima permitida (60 km/h en ciudad y 80 km/h en vías interurbanas).

También se aumentan las penas si se causa más de un muerto. Hasta el momento, la pena máxima por homicidio imprudente era de cuatro años. Ahora, la condena podrá aumentar a seis años si hay dos fallecidos y hasta nueve años si hay "muchas" víctimas, aunque deberá ser el juez el que decida a partir de qué número de fallecidos se impondrá la pena máxima.

Por último, las infracciones graves de tráfico (saltarse semáforos o señales de STOP, utilizar el móvil mientras se conduce o hacer un adelantamiento prohibido), consideradas hasta ahora como imprudencias menos graves, volverán a ser consideradas delito. Aunque la pena será reducida (entre tres y seis meses de multa), el otorgarles la categoría penal de delito protegerá más a las víctimas porque les permitirá el acceso al abogado de oficio y la actuación de la Fiscalía, algo que no pasaba hasta ahora al ser estos accidentes competencia de la legislación civil. La reforma ha sido celebrada por asociaciones de víctimas como DIA, que piden sin embargo no parar aquí y reformar también el baremo de indemnizaciones a afectados por accidentes de tráfico. Según la asociación, el actual baremo "recoge cantidades irrisorias que no contemplan la magnitud del problema".