El supuesto kamikaze de la M-30 queda en libertad

Antonio B. M., el supuesto kamikaze de 52 años que recorrió 19 kilómetros en sentido contrario por la M-30 la noche del pasado 28 de agosto, ha quedado en libertad, tras permanecer en prisión provisional más de dos meses. La magistrada que conoce del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 24, Mercedes Pérez Barrios, entiende que el presunto conductor homicida puede ser considerado inimputable en un juicio, dado que sufre un trastorno bipolar con episodios psicóticos. También descarta que repita un hecho similar.

El supuesto kamikaze entró alrededor de las once de la noche en anillo exterior de la M-30, a la altura del kilómetro 2, en el puente de los Sagrados Corazones. Iba en sentido contrario a las agujas del reloj por los carriles que van hacia el norte de la ciudad. Un conductor alertó desde su teléfono móvil del recorrido ilegal que había emprendido. La primera cámara de tráfico lo captó en el kilómetro 8. El Audi A-4 negro descapotable de Antonio B. M. no paró hasta el kilómetro 21 de la M-30, detrás de la Facultad de Veterinaria y del palacio de la Moncloa. Allí chocó contra cuatro vehículos, un accidente en el que resultaron heridas ocho personas de carácter leve o menos grave, incluido el presunto conductor homicida.

El presunto kamikaze fue trasladado al hospital Clínico, en calidad de detenido. Allí sufrió un paro cardiaco del que fue recuperado por los facultativos. La juez ordenó su ingreso en prisión, acusado de un delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 382 del Código Penal. La condena en este caso puede llegar en este caso a penas de prisión de entre dos y cinco años, además de la inhabilitación para conducir vehículos entre seis y diez años. A todo ello se uniría la responsabilidad civil a los heridos en el accidente.

El abogado de Antonio B. M. recurrió la decisión judicial. Para ello aportó la historia clínica del investigado, en la que consta que su cliente está diagnosticado de trastorno bipolar con episodios psicóticos. También presentó un informe de la Clínica Médico Forense en el que se recoge que el paciente se encontraba “estable, lúcido y colaborador, con un discurso coherente fluido y bien estructurado, con capacidad ejecutiva no comprometida”. Así consta en el auto dictado por la juez Pérez Barrios al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El informe de la Clínica Médico Forense reconoce que el paciente puede sufrir episodios psicóticos con ideas delirantes y alteraciones de la percepción, a consecuencia de factores estresantes externos o por el abandono de la medicación. Eso es lo que debió de ocurrir en agosto, conjetura el escrito.

La juez acepta la puesta en libertad, a la que se opuso la fiscalía. La magistrada mantiene que el supuesto kamikaze “sería inimputable en el momento de los hechos” a consecuencia de su enfermedad mental, por lo que estaría exento de responsabilidad penal. También defiende que el riesgo de fuga es “mínimo, por no decir inexistente”. Eso sí, reconoce que comparte la preocupación con el ministerio público de que pueda repetir un hecho similar.

Una medida excepcional

“El investigado ha sufrido desde los 18 años tres episodios psiquiátricos en los que ingresó en La Paz, la clínica López Ibor y en el hospital Rodríguez Lafora, todos ellos relacionados con estrés o la disminución o abandono de la medicación y falta de control médico, sin que conste que cometiera ninguna infracción penal”, explica Pérez Barrios. “La prisión preventiva es una medida excepcional y su conducta es normal y ajustada a derecho”, añade la juez.

La magistrada impone a Antonio B. M. varias obligaciones, como la prohibición de conducir vehículos a motor y ciclomotores, comparecer ante el tribunal “cuantas veces fuere llamado” y el decomiso del Audi A-4 y de cualquier otro vehículo que esté a su nombre o al de su empresa. Eso sí, antes se le devolverán los objetos personales que estuvieran en el interior del vehículo. Además, tiene que pedir cita en el centro de salud mental de su domicilio en el mínimo tiempo posible. Si esta se demorara, tendría que acudir a la clínica López Ibor para su control. También ha sido decisivo el compromiso del hermano del investigado de vigilar que Antonio B. M. cumple con el tratamiento.

Fuentes de la familia de Antonio B. M. ven preocupación en esta puesta en libertad del investigado, ante el riesgo de que pueda volver a cometer algún hecho similar. “No es necesario que utilice un coche. Puede hacerlo de cualquier otra forma por muy controlado que esté”, señalaron estas fuentes.