La precampaña se traslada a las Cortes con todos los grupos contra Sánchez
En las dos semanas que restan hasta su disolución, el Parlamento será escenario de una lucha sin cuartel en la que los partidos buscan marcar territorio ante la doble cita electoral
Ya no hay aliados. El PP y Ciudadanos, pero no solo ellos, recrudecerán su ofensiva contra el Gobierno en los próximos días. La campaña para las elecciones del 28 de abril ha comenzado en la calle, pero hasta que se disuelvan las Cortes, el 5 de marzo, se hará en el Parlamento. Y no habrá excepciones. Esta semana el PP, Ciudadanos, Unidos Podemos y ERC acusarán al Gobierno por lo que ha hecho, o le atribuyen, y por lo que ha dejado de hacer en Cataluña. Al tiempo, el Ejecutivo tiene que reavivar coyunturalmente sus alianzas para sacar adelante media docena de leyes y parar iniciativas como la de castigar con cárcel a quien convoque referendos.
Si Pedro Sánchez hubiera disuelto este lunes las Cortes para convocar elecciones el próximo 11 de abril se hubiera librado de los incómodos trances que va a tener que afrontar en los próximos 15 días; al menos dos plenos del Congreso y del Senado. No lo ha hecho porque necesita tener vivo el Parlamento para aprobar media docena de leyes que están a falta del último tramo, entre Congreso y Senado, y salir plasmadas en el Boletín Oficial del Estado.
Pero mantener activo el Parlamento supondrá que desde mañana martes el propio Pedro Sánchez, la vicepresidenta, Carmen Calvo, y sus ministros serán duramente interpelados por la oposición, fundamentalmente sobre su relación con el independentismo catalán.
No serán fáciles los próximos días. El momento más delicado se producirá este martes, cuando se someta a votación castigar con penas de cárcel, de tres a cinco años, al funcionario o autoridad que convoque referendos, como el que intentó hacer el Gobierno catalán el pasado 1 de octubre. El Grupo socialista aún no ha decidido el sentido de su voto en esta proposición de ley del PP, a la espera de tratarlo hoy con la Presidencia del Gobierno.
“Aún no hay una decisión tomada pero nuestro ordenamiento ya tiene herramientas para penalizar estos comportamientos. La prueba evidente es el juicio en el Supremo”, señalan fuentes de la dirección socialista. Estas fuentes consideran fuera de lugar una iniciativa “que parece presentada por el abogado de Oriol Junqueras: si hay que aprobar una ley para penalizar la convocatoria de referendos, se deduce que no existe delito y, por tanto, no hay razón para que sean condenados".
El objetivo del PP no es plantear un debate jurídico sino someter al PSOE a la tensión de votar sí o no a una propuesta que incide de lleno en el juicio de los responsables del procés que se sigue en el Supremo. Si, como es previsible, la propuesta se rechaza con los votos de los socialistas, independentistas catalanes, Unidos Podemos, Compromís y el PNV, el PP y Ciudadanos tendrán un asidero para asegurar que el PSOE pactará con ERC y el PDeCAT después de las próximas elecciones generales.
A esta iniciativa le seguirá otra con la misma música aunque letra diferente, que también requiere votación. Los populares ultiman el contenido de una moción para que el Gobierno se comprometa “defender la Constitución española y la convivencia en Cataluña”.
Siempre buscando acorralar al Gobierno por sus supuestas pretensiones de facilitar el camino hacia la autodeterminación de esa comunidad autónoma, la vicepresidenta del Gobierno tendrá que hacer frente a una interpelación sobre “sus negociaciones con el independentismo catalán” que firma el partido de Albert Rivera. Sin necesidad de ponerse de acuerdo, PP y Ciudadanos se disputan la presentación de iniciativas muy similares contra Sánchez.
Cara a cara se enfrentará el presidente del Gobierno con los líderes de cada grupo. Este miércoles, Pablo Casado, del PP, y el propio Rivera le pedirán cuentas por no haber convocado antes las elecciones, le acusarán de haber “humillado” a los españoles por sus “negociaciones” con los independentistas y proclamarán que, si tiene oportunidad tras el 28 de abril, porque los números salen, reincidirá para seguir en La Moncloa. Este es el hilo que utilizarán Casado y Rivera en su primera intervención frente a Sánchez tras la convocatoria electoral.
Sin aliados
Mientras de ese lado acusan a Sánchez de haber cedido ante el independentismo, el portavoz de ERC, Joan Tardà, reprochará al presidente que se haya acobardado ante “las derechas” y deje sin afrontar el problema de la Cataluña que quiere la independencia. No puede ni quiere el republicanismo catalán aflojar su presión contra Pedro Sánchez.
En pleno juicio por los episodios de otoño pasado, la posición de ERC y el PDeCAT va a ser de presión, cuando no de denuncia a la actuación del Gobierno central, por no ofrecer una “solución política al Gobierno de Cataluña”.
En otro registro, pero también de oposición, va a situarse la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero. En el intenso pleno de esta semana reprochará a Sánchez no haber ido más lejos en medidas económicas, sociales y de derechos; una timidez solo paliada, a su juicio, gracias a las exigencias de su propio grupo, como la subida del salario mínimo a 900 euros. Argumentos todos que anuncian el acoso político, por la derecha, por la izquierda, y por el independentismo que sufrirá el cabeza de cartel de los socialistas. Hasta el 28 de mayo no habrá aliados. Todos son adversarios.
Aprobar leyes a uña de caballo y últimos reproches
No todos los ministros tendrán igual suerte, ya que algunos dejarán en el cajón sus más trabajados proyectos. No hay tiempo. Pero algunas leyes están a punto de ser aprobadas si no fallan los grupos de la moción de censura. Cuatro iniciativas llegan enmendadas del Senado y tendrán que ser votadas para su aprobación definitiva este jueves. La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, el proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y la mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer son tres de ellas. No podrá cumplir la ministra de Educación, Isabel Celaá, su proyecto de cambiar la ley de educación por falta de tiempo, pero sí se votará el proyecto de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia en el ámbito de la educación no universitaria. Se trata de restituir algunas de las situaciones que mejoraban la docencia, como las sustituciones o el número de alumnos por clase. No debe haber problemas para convalidar un decreto de medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y convenios internacionales.
Más leyes, más iniciativas, debía de haber aprobado el Gobierno. Esto es lo que le reprochará Unidos Podemos, formación dispuesta a explicar al electorado de izquierda su utilidad y sus diferencias con el PSOE.
Por qué no ha abordado la derogación total de la reforma laboral es lo que preguntará a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, la diputada Yolanda Díaz de En Marea. El acuerdo no ha llegado antes de convocar elecciones como pretendía Valerio.
Y reproches en forma de interrogante de la diputada Noelia Vera de Unidos Podemos a la titular de Justicia, Dolores Delgado: “¿Qué ha hecho el Gobierno para aclarar la trama corrupta del BBVA y el comisario Villarejo?”
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