El decreto ley, arma del Gobierno frente al bloqueo de PP y Ciudadanos

El Gobierno ha aprobado 13 leyes y ha convalidado 25 decretos leyes, pese a la debilidad parlamentaria que le confiere contar solo con 84 diputados, en los ocho meses transcurridos desde la moción de censura contra Mariano Rajoy. La única derrota de una reforma aprobada con urgencia por el Consejo de Ministros se produjo a finales de enero, cuando el Congreso tumbó un decreto ley sobre alquileres. El voto en contra de Unidos Podemos, socio principal del Gobierno, que exigía que se pusiera límite al precio de los arrendamientos, fue fundamental para que el Ejecutivo perdiera la imbatibilidad en los decretos leyes presentados. 

Un decreto ley es una herramienta legislativa del Gobierno que, según indica el artículo 86 de la Constitución, se limita a casos de extraordinaria y urgente necesidad. Debe ser sometido a debate y votación del Congreso en un máximo de 30 días desde su entrada en vigor: si se rechaza, el decreto decae. 

Más información

'¿Cuándo deben celebrarse las elecciones?', por Lluís Orriols

Madrid descubre a la ministra Montero

La figura del decreto ley ha sido la fórmula preferida por el Gobierno para aprobar medidas con un marcado simbolismo, como la renovación del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE. Un proceso que no se ha culminado pero que si no se hubiera iniciado habría abocado al ente público a un vacío de poder. 

Con el decreto ley también se han aprobado medidas de impacto social como el acceso universal al Sistema Nacional de Salud para todas las personas residentes en España, desde el primer día, sin necesidad de padrón. De esta manera, se revirtió la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, también por decreto, que limitaba la atención a los inmigrantes irregulares. El desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la aprobación de la subida salarial a los funcionarios han sido resueltos de la misma forma.

Otros decretos han tenido un marcado contenido político. Entre todos destaca el utilizado para modificar la ley de memoria histórica para iniciar el proceso administrativo para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos.

Fuentes gubernamentales explican que ocho de los decretos aprobados se refieren a la incorporación de normas europeas. De no aplicarse, habrían supuesto importantes sanciones económicas. Las 33 directivas comunitarias que se han traspuesto durante la presidencia de Pedro Sánchez abarcan  marcas, transportes ferroviarios o prevención de blanqueo de capitales. Frente a las críticas del PP y Ciudadanos a lo que consideran un abuso por parte del Gobierno al emplear esta figura legislativa, en el Ejecutivo argumentan que el Tribunal Constitucional favorece su empleo porque permiten, con acción normativa rápida, evitar las sanciones pecuniarias comunitarias.

Donde el Gobierno ha tenido menos margen de maniobra ha sido en la aprobación de leyes. “Lo que se ha hecho es dinamizar las que estaban en el Congreso, se ha buscado darles rapidez”, explican en el Ejecutivo. Entre la docena de leyes aprobadas está la modificación del régimen electoral para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad y la modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario.

El Gobierno confía en sacar adelante otras seis leyes la semana que viene, lo que elevaría a 19 las normas con ese rango aprobadas. Cuatro se debatirán en el Parlamento. Abarcan temáticas sobre propiedad intelectual, contratos de crédito inmobiliario, la mejora de la pensión de orfandad de hijos de víctimas de violencia de género y la mejora de las condiciones para la docencia y la enseñanza en la educación no universitaria. Las dos leyes que se abordarán en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, llegan sin modificaciones, razón por la que el PSOE no espera sobresaltos. Una propone reforzar las sanciones en caso de imprudencia al volante y por el abandono del escenario de un accidente de tráfico. La otra, la modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, pendiente desde 2011.

Una de las razones que esgrimen en el seno del PSOE para el adelanto electoral es el bloqueo del PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso con la ampliación indefinida de los plazos de presentación de enmiendas de las iniciativas legislativas tomadas en consideración por el pleno o presentadas por el Gobierno. Como ejemplo, se cita la reducción de las penas para los piquetes de huelga: los partidos de la oposición han ampliado el plazo de enmiendas 59 veces. Ahora hay bloqueadas 45 iniciativas en el Parlamento.