Las opiniones y los hechos de Oriol Junqueras

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Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña procesado por rebelión, malversación y desobediencia, renunció a responder a las acusaciones por tratarse de un "juicio político". "Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos", argumentó.

El derecho del procesado a no contestar a las acusaciones está amparado por la ley. El silencio del acusado puede tener consecuencias a la hora de evaluar las pruebas en su contra durante el juicio. Pero si la acusación no aporta pruebas suficientemente consistentes como para exigir una respuesta, la ausencia de explicación no debe ser suficiente para concluir en una declaración de culpabilidad, según la jurisprudencia.

Junqueras contestó solo a las preguntas de su abogado y contó su versión de los hechos que se juzgan. Una versión muy distinta de la que mantienen las acusaciones.

“La movilización alrededor de la Consejería de Economía fue pacífica, repartieron claveles y cantaron un himno dedicado a la madre de Dios”

Junqueras aseguró que durante la mañana del 20 de septiembre de 2017 se acercó a la sede de la Consejería de Economía donde se estaba realizando un registro por orden judicial, saludó de manera educada a los guardias civiles que allí se encontraban y comprobó que los manifestantes que habían rodeado el inmueble estaban en una actitud "pacífica y respetuosa, regalando claves y cantando himnos dedicados a la madre de Dios". Y que para entrar y salir de aquel edificio "no había ningún problema".

En los escritos de la Fiscalía y de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo se hace un relato muy distinto de aquellos hechos: "Los manifestantes, alentados por Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, rodearon el edificio y sometieron a su fuerza a la comisión judicial. El asedio de los 60.000 manifestantes, que llegaron a empujar la puerta y casi la derriban, provocó que la comisión judicial estuviera privada de libertad de movimientos. Los vehículos policiales fueron devastados y destrozados. Tras 16 horas de asedio, a las 12 de la noche pudo prepararse una salida para la letrada infiltrándola entre los espectadores que abandonaban el teatro situado en un edificio colindante".

“No se dedicaron fondos públicos a la celebración del referéndum”

Junqueras rechazó que hubiera cometido malversación de fondos públicos en el referéndum del 1 de octubre: "En todo momento, nuestros recursos económicos estuvieron semanalmente controlados por el Ministerio de Hacienda. La ley de presupuestos preveía una partida para referendos, pero nunca se gastó. No se dedicaron fondos públicos al referéndum del 1 de octubre. Lo ha dicho todo el mundo, desde el interventor general, pasando por el ministro de Hacienda y hasta el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. A los contribuyentes no les costó nada el referéndum. Los locales públicos son inarrendables y, por tanto, es imposible calcular el lucro cesante".

La Abogacía del Estado mantiene lo contrario: "Los preparativos y los gastos del referéndum se hicieron burlando el control estatal de las cuentas de la Generalitat. Se gastaron 900.906 euros en el uso de 2.259 locales públicos habilitados como puntos de votación; se pagaron 110.263 euros en publicidad institucional; en la campaña de registros de residentes en el extranjero se emplearon 266.496 euros; en suministro de papeletas, censo electoral y citaciones se presupuestaron 979.661 euros, y en la cartelería del referéndum, 38.431 euros. En el pago de observadores internacionales se gastaron 271.925 euros".

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“Es un juicio político. Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos”

Junqueras explicó sus ideas políticas y sus actuaciones públicas: "No renuncio a mis convicciones democráticas. Pertenezco a un partido que lucha por las libertades individuales y colectivas y que defiende el principio democrático del derecho de autodeterminación. Somos independentistas porque somos demócratas, porque somos republicanos. Las acusaciones retuercen la argumentación. ¿Dónde está prohibido o dice que sea delito trabajar para la independencia de Cataluña? Nunca, nunca, nunca fomentamos enfrentamientos violentos. Nada de lo que hemos hecho es delito. Se me acusa por mis ideas, no por mis hechos".

El fiscal Javier Zaragoza sostuvo en el segundo día del juicio una tesis muy distinta: "Aquí no se enjuician las ideas del independentismo ni el proyecto soberanista, sino la reiterada desobediencia a la ley y la incitación a las movilizaciones para hacer claudicar al Estado. No se persigue una ideología, sino una forma de imponer a los demás un planteamiento político. Ha habido manifestaciones multitudinarias a favor de la independencia y no se ha perseguido ni detenido a nadie. Pero el ejercicio de la actividad política no da una patente de corso y está sometido al Código Penal. La actividad política no justifica desobedecer al Tribunal Constitucional, órgano clave del sistema democrático, ni secuestrar a una comisión judicial so pretexto de un ataque a Cataluña; ni convocar y celebrar un referéndum prohibido por ley".

“Votar no es delito, impedirlo por la fuerza sí lo es”

"Mantuvimos el referéndum", aclaró Junqueras, "pese a que estaba prohibido por la Constitución porque teníamos la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos de ir a votar. Como protegemos el derecho de huelga. Hacer un llamamiento para participar en el referéndum no es delito; votar no es delito; impedirlo por la fuerza sí es delito y no ha merecido reproche penal. El objetivo de aquella violencia policial era para generar un ambiente de crispación, al cual nadie respondió de manera violenta".

La Fiscalía y la sala de apelaciones del Tribunal Supremo explican esa jornada del 1 de octubre de una forma muy distinta: "Los procesados por el delito de rebelión incitaron a los partidarios del independentismo a ir a votar en un referéndum ilegal anulado por el Constitucional. Y lo hicieron sabiendo que el Estado haría lo posible por evitarlo garantizando la aplicación de la ley mediante la acción de los agentes de la autoridad. Si persistieron en su decisión a pesar de saber ya con anterioridad que se habían producido actos violentos, y habiendo sido advertidos por los propios responsables policiales de la Generalitat de la alta probabilidad de nuevos y graves enfrentamientos físicos, no puede concluirse que quienes causaron actos ilegítimos de violencia fueron precisamente quienes pretendían asegurar el cumplimiento del ordenamiento y no los que, siguiendo consignas de los procesados, se oponían físicamente a ellos intentado de esta forma imponer sus deseos sobre la ley y sobre el resto de la ciudadanía".

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