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El nuevo Gobierno andaluz comienza indagando en el pasado socialista

El Ejecutivo acordó crear una Oficina contra el Fraude y la Corrupción e investigar una de las fundaciones más turbias que ha habido en la Junta, Faffe

El presidente Moreno (izquierda) y el vicepresidente Marín (derecha), este miércoles en el reunión del Consejo de Gobierno andaluz.
El presidente Moreno (izquierda) y el vicepresidente Marín (derecha), este miércoles en el reunión del Consejo de Gobierno andaluz. EFE

El Gobierno de derechas andaluz ha dado sus primeros pasos mirando al pasado. En la primera reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Sevilla, adoptó dos acuerdos para revisar la gestión del PSOE durante sus 36 años en el poder: la creación de una Oficina contra el Fraude y la Corrupción y solicitar que el Parlamento investigue una de las fundaciones más turbias que ha habido en la Junta (Faffe), cuyos directivos usaron tarjetas de crédito institucionales en prostíbulos.

El llamado Gobierno del cambio va a hurgar en el pasado de la gestión socialista, para intentar marcar un antes y después en la Junta, y de paso intentar neutralizar la oposición del PSOE en el Parlamento. La apelación a la “herencia envenenada” será, además, una de las constantes del nuevo Ejecutivo de coalición entre PP y Ciudadanos “Está todo condicionado, limitado y sin capacidad de libre disposición”, afirmó este miércoles el presidente, Juan Manuel Moreno, en una entrevista en la cadena Cope. Moreno se refirió a que tendrá que gobernar con los presupuestos prorrogados del anterior gabinete socialista, una situación “muy frustrante” que, entre otras cosas, le obligará a aplicar de forma paulatina las prometidas reducciones de impuestos.

En su primera reunión en Antequera, el pasado 26 de enero, el Ejecutivo puso en marcha una auditoría de una docena de empresas públicas para evaluar su eficiencia. En 45 días, el Gobierno autónomo espera que la Intervención General de la Junta tenga datos de estas catas contables. Este miércoles abundó en otras dos cuestiones ligadas a lo que denomina “regeneración democrática”. La creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción figura en los acuerdos de PP y Ciudadanos y es una propuesta que arrastra de la anterior legislatura, cuando gobernaba el PSOE con apoyo externo del partido de Albert Rivera.

Anunciado en 2014, el entonces Gobierno socialista llegó a presentar un decreto, criticado por el Consejo Consultivo, el órgano de asesoramiento legal de la comunidad, que le instó a elaborar un proyecto de ley. El trabajo hecho servirá de base, pero la entrada en funcionamiento de esta oficina tardará, toda vez que la tramitación de un proyecto de ley consume, si no hay imprevistos, al menos seis meses.

La misión de esta oficina, que dirigirán funcionarios, es la de “prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas, abusos de poder, casos de fraude y corrupción”, aseguró el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, de Ciudadanos. Marín destacó que las partidas de dinero público investigadas en distintas causas judiciales asciende a 5.000 millones de euros y las personas implicadas alcanzan el medio millar.

Marín también alertó días atrás de la “roncha” que, según él, han dejado de herencia los socialistas. El vicepresidente aseguró que hay sentencias firmes en contra de la Junta que van a suponer el pago de entre 700 y 800 millones de euros. “No nos lo habían dicho”, sostuvo. Pero este miércoles, el número dos del Gobierno no supo precisar con exactitud de dónde ha sacado esa suma. Aseguró que se trata de cálculos “aproximativos” y confío en la auditoria que hay en marcha.

Los socialistas niegan esta cifra. Fuentes del anterior Gobierno admitieron que la cantidad para el pago de indemnizaciones por sentencias en el Presupuesto prorrogado es de 384 millones de euros. Algunas están ya pagadas y otras consignadas.

El nuevo Gobierno también acordó solicitar al Parlamento una comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), creada en 2003 y disuelta en 2011, cuando algunos altos cargos socialistas dieron la voz de alarma. La cúpula de la Junta ordenó entonces “fumigar” esta fundación, que acumula gastos por 55,6 millones de euros sin justificar, según un informe de la Cámara de Cuentas. Desde la Faffe también se usó una tarjeta de crédito oficial en consumos indeterminados en clubes de alterne por 31.969 euros. Esta comisión de investigación se creó, con el apoyo del PSOE, en la anterior legislatura, pero decayó al disolverse el Parlamento. Lo curioso es que es la primera vez desde el inicio de la autonomía que el Gobierno va a pedir al Parlamento una investigación, según fuentes parlamentarias, ya que esta iniciativa siempre había partido de los grupos de la oposición.

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