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El juez lleva al banquillo al único acusado por el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM

El magistrado destaca el “profundo conflicto económico” existente en la familia y las “lagunas y contradicciones” existentes en la declaración del yerno de la fallecida

Viuda de la CAM
La escena del crimen del asesinato de la viuda del expresidente de la CAM. EFE

El juez que instruye el caso del asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del que fuera presidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vicente Sala, ha ordenado la apertura del juicio oral, según confirmaron a EL PAÍS fuentes judiciales. El único acusado, Miguel López, el yerno de la víctima, deberá sentarse en el banquillo frente a un jurado, por un supuesto delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas.

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, “no procede decretar el sobreseimiento de las actuaciones al apreciar la subsistencia de elementos indiciarios suficientes en la instrucción contra el acusado para sostener las acusaciones formuladas”. El magistrado de la causa, José Luis de la Fuente, sostiene que los hechos relatados por el fiscal y la acusación particular “pueden ser efectivamente constitutivos de un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas”.

En el auto, De la Fuente divide en tres los argumentos de la acusación que le han llevado a la apertura del juicio. El primero, “la existencia de una situación de profundo conflicto económico, familiar y societario acerca del control del grupo de empresas familiar”. Los “derechos políticos privilegiados de las acciones” del hijo de la víctima, Vicente Jesús Sala, “llegaría a ser vista por el acusado como principal obstáculo que impedía que triunfaran sus posiciones”. Según la investigación, este podría ser el principal móvil del asesinato, la batalla por el control de las empresas de los Sala, tras la muerte del patriarca, Vicente Sala, en 2011. Al parecer, Martínez se había decantado por su único hijo, en detrimento de sus otras tres hijas, Mar, Eva y Antonia, y le había otorgado la acción de oro de una de las principales empresas del holding familiar, Samar Internacional SL, una firma del sector del plástico.

En segundo lugar, el juez menciona “la ejecución por el acusado del plan concebido para matarla cuando se encontrara en el lugar y tiempo elegido como más favorable a sus fines”. Para ello, prosigue el auto, López “habría dispuesto la entrega del vehículo” de la víctima con el fin de ser reparado, “en condiciones que le permitieran quedarse a solas con ella en un lugar apartado y poco iluminado, para, inmediatamente después de que subiera al vehículo y se encontrara desprevenida, dispararle dos tiros en la cabeza que le provocarían finalmente la muerte, pretendiendo hacer pasar lo ocurrido por un intento de robo”. A juicio del magistrado, “resulta en su conjunto difícil atribuir” estos hechos “a una mera coincidencia improbable”. También califica de “inaudito” la alegación de la defensa de que el crimen se produjo tras un “intento de robo” en el que “se dispararía sorpresivamente a la víctima y no se efectuaría apoderamiento del vehículo ni de ninguno de los efectos o dinero que portaba”.

Por último, el escrito del juez alude a la “adquisición en circunstancias que no constan y disposición de un arma (pistola semiautomática de cierta antigüedad con proyectiles modificados) para cuya tenencia no dispondría de licencia”. De la Fuente resalta “la experiencia en el manejo de armas de fuego” del único sospechoso y las “notorias lagunas e incongruencias apreciadas en las declaraciones del acusado respecto a sus movimientos posteriores a abandonar el lugar de los hechos tanto respecto a su inicial llegada a su domicilio”.

Los hechos sucedieron el 9 de diciembre de 2016. Martínez fue hallada muerta con dos tiros en la cabeza en un lavadero de coches de su propiedad. No hubo testigos. Junto al cadáver solo se encontraron dos casquillos y su bolso, que permanecía en el asiento del acompañante. La investigación solo condujo a un sospechoso, Miguel López, que se enfrenta a 24 años de cárcel, según piden tanto el fiscal como la acusación particular. Su abogado, en cambio, pedirá el sobreseimiento del caso.

El juez De la Fuente ha agotado así el plazo de tres días del que disponía para emitir una resolución, después de que el pasado martes se celebrara una vista previa. En ella, tanto la defensa como las acusaciones expusieron sus argumentos según el guion que ya había quedado previsto en sus declaraciones anteriores. El discurso no varió en lo más mínimo. La defensa de López adujo la falta de pruebas consistentes que inculparan a su defendido. Tanto el fiscal como la acusación particular, que representa al hijo de la fallecida, Vicente Jesús Sala, demandaron que el juicio siguiera adelante.

El juez ha agotado así el plazo de tres días de que disponía para emitir una resolución, después de que el pasado martes se celebrara una vista previa. En ella, tanto la defensa como las acusaciones expusieron sus argumentos según el guion que ya había quedado previsto en sus declaraciones anteriores. El discurso no varió en lo más mínimo. La defensa de López adujo la falta de pruebas consistentes que inculparan a su defendido. Tanto el fiscal como la acusación particular, que representa al hijo de la fallecida, Vicente Jesús Sala, demandaron que el juicio siguiera adelante.

A partir de ahora, según explicaron las mismas fuentes, habrá que encajar la disponibilidad de juzgado, acusaciones y defensa, para un juicio que se prevé largo y que podría llegar antes del verano.

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