El fiscal pide 24 años para el acusado de asesinar a la viuda del expresidente de la CAM

La Fiscalía solicita 24 años y 6 meses de prisión para Miguel López por la muerte a tiros de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del que fuera presidente de CAM Vicente Sala. El crimen, que sembró el desconcierto en la alta sociedad alicantina y acaparó cientos de titulares hace casi dos años, está un paso más cerca del juicio.

El escrito de conclusiones provisionales presentado este martes por el teniente fiscal José Llor, al que ha tenido acceso EL PAÍS, atribuye a López, casado con la hija menor del matrimonio Sala-Martínez, un delito de asesinato con la agravante de parentesco, por el que se reclama 23 años de cárcel, y otro de tenencia ilícita de armas, que conllevaría una segunda pena de 18 meses.

El fiscal asegura que Miguel López descerrajó dos disparos a la víctima, de 72 años de edad, sobre las 18,25 horas de la tarde del 9 de diciembre de 2016, en el lavadero del concesionario de coches de su familia, Novocar, que él mismo dirigía. Lo hizo “en ejecución de un plan previamente trazado”, aprovechando que la mujer iba a acudir esa tarde a recoger su coche tras una reparación.

Según el sumario, el presunto asesino pretendía evitar así que Martínez cediese al primogénito de la saga la llamada acción de oro de Samar Internacional SL, que le confería poder decisorio en esta firma, la auténtica joya de la corona del holding familiar, una multinacional del sector del plástico que facturó en 2016 240 millones de euros.

Aunque hace suya esa hipótesis, la acusación pública no refleja esa hipótesis en su informe, pues entiende que el móvil del crimen no afecta a las conclusiones jurídicas y será objeto de debate en el futuro juicio. López fue detenido el 8 de febrero del año siguiente, pero solo permaneció en prisión preventiva 39 días y quedó libre tras pagar una fianza de 150.000 euros. El juez instructor, José Luis de la Fuente, cerró hace unos días la investigación, que no ha logrado reunir pruebas concluyentes contra el acusado.

Tras recibir los informes de las dos acusaciones particulares y de la defensa, el magistrado celebrará una vistilla y decidirá si archiva el caso o lo remite a la Audiencia Provincial para que López sea juzgado ante un jurado popular. La investigación policial concluyó que una guerra fratricida por el control del emporio empresarial que levantó el difunto Vicente Sala desencadenó el crimen de la matriarca del clan. Su primogénito y único varón, Vicente Jesús Sala, y ella formaban un bloque homogéneo enemistado con el que integraban las otras tres hijas (Mar, Eva Fuensanta y Antonia) y sus respectivos maridos e hijos. La tensión familiar se disparó en los meses anteriores a la muerte de la matriarca, como quedó de manifiesto en dos juntas de accionistas celebradas ese verano.

De acuerdo con el relato del fiscal, López citó a su suegra el 9 de diciembre con la excusa de entregarle el coche que ella había dejado unos días antes en el concesionario para una revisión. La a acompañó al lavadero, donde él mismo había estacionado el vehículo “para facilitar su propósito”, y la tiroteó nada más sentarse en el asiento del conductor. El ataque, según la acusación pública, cogió a la víctima “totalmente desprevenida” y le imposibilitó cualquier reacción defensiva. Los dos disparos fueron efectuados a muy corta distancia, sobre el lado izquierdo de la cara de la mujer, con una pistola de principios de siglo XX que no ha sido encontrada, probablemente una Webley-Scott o una FN 1903, a la que se había incorporado un silenciador. María del Carmen Martínez falleció desangrada una media hora más tarde. El fiscal José Llor reclama ahora en su escrito de acusación que López indemnice con 35.000 euros a cada uno de los cuatro hijos (un hombre y tres mujeres) de la fallecida.

Además de proponer el interrogatorio de más de medio centenar de testigos, policías y peritos, la Fiscalía quiere que el jurado designado para enjuiciar el crimen visite la escena del crimen. Esa inspección ocular, inusual en esta fase procesal, tiene como finalidad que los once miembros del tribunal ciudadano (nueve titulares y dos suplentes) puedan “valorar con más precisión” el resto de pruebas. Aunque Novocar, Centro del Automóvil, ya ha desaparecido, una medida cautelar adoptada en su día por el juzgado impide que su antigua sede, situada en la avenida del Zodiaco, a las afueras de Alicante, sufra alteraciones sustanciales, han precisado fuentes del Ministerio Público.