El juez estudia si lleva a juicio el crimen de la viuda del expresidente de la CAM

En apenas tres días, Alicante sabrá si entra a formar parte del grupo de ciudades que guardan un famoso crimen sin resolver o si, por el contrario, se convertirá en el escenario de uno de esos juicios que captan la atención de toda la población. El juez José Luis de la Fuente ha citado este martes a las partes, defensa y acusaciones, del caso del crimen de María del Carmen Martínez, viuda del que fuera presidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, asesinada hace dos años, el 9 de diciembre de 2016, tras recibir dos tiros en la cabeza en un lavadero de su propiedad.

La citación no implicaba necesariamente el inicio del juicio. La fecha solo servía para que las partes informaran de sus peticiones en torno al único sospechoso, Miguel López, yerno de la víctima. Es el primer paso. El arranque de un proceso que puede durar dos o tres semanas, según aseguraron a Efe fuentes judiciales. O el final de una investigación que parece conducir al banquillo a López, a quien inicialmente se le imputa un supuesto delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas que podrían acarrearle 24 años de prisión, tal como piden el fiscal y la acusación particular. La vista se ha celebrado hoy, pero el juez tiene tres días, en principio, para adoptar una decisión.

Tras escuchar las peticiones, el juez De la Fuente determinará si continúa el procedimiento penal y eleva el caso a la Audiencia Provincial para un juicio por el procedimiento de jurado, como parece previsible y han solicitado tanto el fiscal como el abogado de la acusación particular, que representa al hijo de la fallecida, Vicente Jesús Sala. O, en caso contrario, si dicta el sobreseimiento, que es lo que ha pedido la defensa de López.

Todo gira en torno a la figura del único acusado y de la mayor o menor consistencia de las pruebas presentadas en su contra. López fue detenido dos meses después del asesinato y solo permaneció 39 días en prisión preventiva, tras pagar una fianza de 150.000 euros. Según el sumario, fue él quien mató a su suegra, de 72 años, en torno a las 19.00 en el interior del lavadero Novocar, al que la mujer había llevado su Porsche Cayenne. De dos tiros en la mejilla. De testigos, solo quedaron los casquillos disparados y el bolso de la mujer, que nadie se llevó y que permanecía a su lado, en el asiento del acompañante.

El posible móvil, una batalla abierta por el control de las empresas familiares, puestas en marcha por el marido de la fallecida, Vicente Sala, al mismo tiempo que gobernaba la CAM. Bajo su mando, los negocios nacían, crecían y daban frutos. Especialmente uno de ellos, Samar Internacional SL, una empresa del sector del plástico que la viuda entregó a su hijo, ante la oposición de las otras tres hijas del matrimonio, Mar, Eva y Antonia.

La acción de oro de esta empresa, que facturó 240 millones de euros en 2016, pudo ser el detonante del crimen, ya que confería un poder de decisión absoluto y había recaído en Vicente Jesús, a instancias de su madre. Desde la muerte del patriarca, ocurrida en 2011, la tensión en las juntas de accionistas del holding del clan aumentaba exponencialmente.

Sin embargo, en el sumario no constan pruebas concluyentes contra Miguel López, marido de una de las hijas de los Sala Martínez. La investigación aporta indicios incriminatorios. Pero no se encontraron rastros de ADN del único acusado en la escena del crimen, a pesar de que el lavadero lo administraba el investigado, ni ha aparecido el arma, al parecer una pistola antigua modificada para aceptar balas de mayor calibre. Y el panorama ya no variará, ya que el juez De la Fuente decretó el pasado octubre el fin de la instrucción.

La comparecencia de este martes dictaminará si López se enfrenta a juicio o no. El juez lo dictará a partir de los alegatos presentados, que no han variado durante la celebración de la vista. El abogado defensor, Javier Sánchez-Vera, ha vuelto a pedir el sobreseimiento de la causa para su cliente, que se encuentra en libertad bajo fianza, por falta de pruebas. Por su parte, tanto el fiscal, José Llor, como el abogado de la acusación particular, Francisco Ruiz Marco, han solicitado que el juicio siga adelante, según declararon ayer a la salida de los juzgados de Benalúa.